Aumentan las acciones de grupos ilegales en el país: ¿está fallando la inteligencia de la fuerza pública?

Durante las últimas tres semanas, Colombia fue testigo de un paro armado ordenado por integrantes del ELN, así como de varias tomas guerrilleras ejecutadas por disidencias de las Farc en regiones estratégicas. En estas acciones se activaron artefactos explosivos, se cerraron establecimientos comerciales y se bloquearon vías principales, con el objetivo de generar pánico entre la población civil.

Estas acciones responden a una estrategia deliberada de las estructuras ilegales para proyectar fortaleza y control territorial, incluso en zonas con amplia presencia de la fuerza pública. Además de sembrar zozobra, buscan encender las alarmas de cara al inicio de un año electoral.

Las cifras reflejan una situación crítica. En lo corrido de 2025, se registran más de 89 muertos y 481 heridos entre militares y policías, producto de combates, minas antipersona, francotiradores y emboscadas, aunque la mayoría de los ataques se ha realizado mediante el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos. Muchos de estos hechos comparten un elemento común: la ausencia de medidas de seguridad que, de haberse aplicado, habrían podido mitigar o evitar los ataques.