La doble cara del Clan de Golfo

El presidente Gustavo Petro, en la emisora de la Presidencia, mostró este lunes 13 de marzo su preocupación por las acciones violentas que ha realizado el Clan Golfo durante el paro minero que se lleva a cabo en el Bajo Cauca, que ya completa 12 días.

Para el jefe del Estado, la organización al margen de la ley ha violado el cese al fuego, al incentivar a jóvenes a atacar la fuerza pública y arremeter contra los establecimientos gubernamentales.

“Ahí esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente, y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal, y eso no es posible. Si se va hacía la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando riquezas para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz”, aseguró.

El presidente afirmó que la orden dada a la fuerza pública es no permitir que el Clan del Golfo siga dañando el medio ambiente y afectando la labor de miles de campesinos que trabajan legalmente. “Hay circunstancias que ameritan un examen, como lo que ocurre con el Clan del Golfo, que está detrás del paro minero en Antioquia y Córdoba que obedece a dos causas: por un lado, la criminalización de la minería artesanal y ancestral tras la expedición del Código Minero. Y por el otro, la destrucción por parte de la fuerza pública de las grandes dragas, de propiedad del Clan del Golfo, que depredan la naturaleza y contaminan ríos con mercurio”.

Detrás del Paro  

Los organismos de inteligencia informaron que detrás de las acciones armadas hay tres subestructuras del Clan del Golfo, comandadas por José Miguel Demoya, alias Chirimoya, José Ramón Zapata Pérez, alias Gabino, y otro cabecilla conocido con el alias de Darío.

Alias Chirimoya dirige la subestructura Uldar Cardona Rueda, que tiene injerencia en los municipios de Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, y controla también el sur de Córdoba y Sucre.

Las autoridades han detectado que bajo su mando están Fredy José Rivera Cochero, alias Roberto; Jadid Antonio Gray Severiche, alias el ciego, y los alias Piolín, Rey Callejas y Ormero.

Por su parte, alias Gabino lidera la subestructura Julio César Vargas Torres, que controla Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca, al igual que Campamento, Valdivia y Yarumal.

Sus hombres de confianza son Luis Daniel Terán, alias Chuzo; Óscar Gómez González, alias Tomás, y los alias Fredy, Santiago y Sebastián.

La subestructura Yeison Leudo Chaverrra es liderada por alias Darío y tiene injerencia en Tarazá, Caucasia y Cáceres, respaldado por los alias Piolín, Pinki, Samir, Venado, Chita y Villegas.

Todas estas estructuras estarían bajo el mando principal de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, desde hace dos semanas segundo al mando del Clan del Golfo, luego del asesinato de alias Siopas al parecer por un ajuste de cuentas.

Informes de inteligencia detectaron que el grupo ilegal les paga entre doscientos y quinientos mil pesos a grupos de jóvenes para que se enfrenten contra la fuerza pública, ataquen establecimientos públicos e impidan la apertura del comercio en varios municipios del Bajo Cauca.

Falta de compromiso

El Clan del Golfo había anunciado hace una semana que, luego de una reunión con los principales mandos, habían aceptado avanzar en la propuesta de la paz total.

Los cabecillas de la organización al margen de la ley informaron que habían contratado los servicios de abogados para realizar los acercamientos con delegados del Gobierno Nacional.

El grupo de abogados está encabezado por Ricardo Giraldo, quien en entrevista con El Tiempo aseguró que el articulado de la ley de sometimiento presentado por el Gobierno, “no refleja la realidad de las Autodefensas. Ese borrador, que no sabemos en qué va a terminar, no refleja las condiciones jurídicas en las que ellos estarían dispuestos a entrar en una negociación. Esa ley es una mala copia de la 1908 de 2018, que no sometió a ningún grupo”.

Según el jurista, lo que busca el Gobierno es meter en una misma bolsa a las AGC con bandas de barrio o de comunas. “Ellos son una estructura grande, con un ejército de 9.000 hombres”.

Giraldo dice que hasta ahora están comenzando los acercamientos con el Gobierno, mientras se tiene claro cómo se va a realizar el sometimiento a la justicia con lo que el Clan del Golfo quiere acercarse a la paz.

Pero la realidad puede ser otra. Para Andrés Saldarriaga, analista político, el Clan del Golfo tiene un sistema federativo en el que cada subestructura puede tomar sus propias decisiones. En el caso de lo que ocurre ahora en el Bajo Cauca, es la defensa de su principal negocio: la minería Ilegal.

“Desde la extradición de su máximo cabecilla, alias Otoniel, el Clan del Golfo está en una disputa interna por el mando de la organización. La muerte de alias Siopas hace parte de esas diferencias. Chiquito Malo y Gonzalito no quieren perder su poder dentro del grupo, como tampoco sus zonas de injerencia”, asegura. 

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está a la espera de una respuesta por parte de los integrantes del Clan del Golfo para definir si continúan los acercamientos o se ordena realizar operaciones ofensivas contra el grupo, que están detenidas desde el 1 de enero.