La Sierra Nevada de Santa Marta y el fallido cese de hostilidades

Por Rainiero Patiño M.

Milton Rocha estuvo el día muy activo, en unos recorridos por los municipios de Santa Ana y Mompós. Luego, en horas de la noche, participó en una reunión en casa de un amigo. A las ocho y media, se despidió después de comer algo. Quince minutos más tarde, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Recibió dos disparos que lo dejaron agonizante. Aunque la comunidad y los amigos alertaron a las autoridades policiales y de salud, nadie llegó a auxiliarlo al corregimiento de San Valentín, en el municipio de San Sebastián de Buenavista, en el sur del departamento del Magdalena.

El líder campesino y social fue asesinado el pasado 18 de febrero, luego de años de lucha por los derechos de más de 300 familias de su comunidad, como representante de la Asociación de Campesinos de San Sebastián, Cansebas. El crimen, según las primeras indagaciones y testimonios de amigos, puede ser responsabilidad de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y estaría relacionado con el proceso de reclamo de unas tierras de la hacienda Santa María, en el mismo corregimiento de San Valentín, la que por muchos años fue reconocida como un centro de operaciones del exjefe paramilitar Jorge 40.

El crimen de Rocha se suma a otros dos más de líderes sociales ocurridos en la zona en los últimos seis meses: Neiver Pertúz, en el municipio de Santa Rita; y Fray Torres, en el corregimiento de Palmor de la Sierra, en Ciénaga. Es una muestra de la difícil situación de orden público que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia, incluida Santa Marta, más allá de los anuncios y ofertas de cese de hostilidades hechos para esta zona del país por el Gobierno Nacional y las organizaciones criminales que allí operan, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

En el caso de Rocha, por ejemplo, la situación se agrava si se tiene en cuenta que desde hacía muchos meses el líder de San Sebastián venía denunciando ante las autoridades locales y nacionales las amenazas en su contra, y había hecho una solicitud de protección. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales, de la Sierra Nevada (Pdhal), señaló, en el momento del crimen, que en el 2021 Rocha había agresiones y un atentado en las afueras de su casa perpetrado por hombres desde una camioneta.

¿Qué pasa en la Sierra Nevada?

San Sebastián de Buenavista es un municipio de 421 kilómetros cuadrados que tiene unos 20.000 habitantes y está ubicado a 220 kilómetros de Santa Marta, en plena depresión monposina, a orillas de la ciénaga de Carrillo. Sin embargo, aunque está en la parte sur del departamento, según los investigadores del conflicto en la región estos hechos son una muestra de la magnitud de los enfrentamientos, amenazas y acciones violentas de las que son víctimas las comunidades en el Magdalena.

La grave situación en el departamento se debe principalmente a la disputa armada entre las AGC y las ACSN, dos organizaciones criminales que luchan por el control de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Troncal del Caribe, según explica el investigador Luis Trejos Rosero. En sus estudios, Trejos ha podido establecer que el territorio en disputa va desde el municipio de Ciénaga, pasa por el distrito de Santa Marta y llega hasta Dibuya, en La Guajira; y que la vertiente occidental y toda la zona plana y sur del Magdalena en este momento también es controlada por las AGC.

Para el profesor e investigador Lerber Dimas, hay una línea bien marcada, que es la parte alta de la Sierra, en donde las AGC y ACSN siguen en disputa. En la parte plana, aunque hay presencia de otros grupos, hay mayor concentración de las AGC, como la zona de la Troncal de Oriente –es decir, la Ruta del Sol–, entre la Ye de Ciénaga, Fundación, El Copey, pasando por la Zona Bananera. En Ciénaga y Santa Marta el enfrentamiento es fuerte. En la zona de Dibuya están más fuerte las ACSN.

Sobre el denominado “cese bilateral” o “cese de hostilidades” propuesto por el Gobierno Nacional, en el desarrollo de la denominada Paz Total, las tropas del Ejército Nacional abandonaron la zona el pasado 31 de diciembre. Ambos investigadores señalan que en la práctica el cese no ha existido porque los homicidios, el secuestro exprés, las masacres y las amenazas a líderes han continuado.

Trejos enfatiza en que ninguna de las organizaciones que se están enfrentando en la Sierra Nevada ha suscrito protocolos; tampoco existen mecanismos de verificación de cumplimiento del cese al fuego, ni ha habido un agrupamiento o delimitación territorial de las fuerzas enfrentadas. "Lo que hay en realidad –explica–, son unos decretos presidenciales y anuncios de algunas organizaciones de acogerse a esos ceses, pero en la práctica lo que hemos evidenciados es que dicho cese fuego es entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, pero se han mantenido las disputas entre los grupos armados y la presiones sobre las comunidades y la sociedad civil. Esto, resume, se ha traducido en aumento de la extorsión, el asesinato de líderes y procesos de expansión criminal, como lo que está pasando con las AGC en el Magdalena y en el Atlántico.

En resumen, en la región ha habido un aumento sostenido tanto de acciones armadas como de presiones en contra de las comunidades. En los Montes de María se ha consolidado, por ejemplo, una gobernanza de las AGC; en el sur de Bolívar se han mantenido acciones armadas ofensivas entre las AGC y en contra de una alianza que hay del ELN y la Segunda Marquetalia; y en la Sierra Nevada se mantienen las tensiones armadas entre las AGC y las ACSN, lo que se ha traducido en asesinatos de líderes y de civiles.

Para Lerber Dimas, el planteamiento del cese de hostilidades tendría que ser con cero acciones violentas contra la población civil, pero lo que se ha visto es un incremento en homicidios en Santa Marta, por lo que parece que solo hubo un cese entre el 24 de diciembre y el 24 de enero. El investigador también dice que no hay mecanismos de seguimiento o monitoreo establecidos, ni comunicación directa del gobierno con las comunidades. En definitiva, cree que la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo igual, aunque se puede decir que hay reducción de algunos delitos, pero nada impactante.

El llamado es que el gobierno local y nacional tome cartas en el asunto y se activen los mecanismos de protección para los líderes y la comunidad en general. Este año se han registrado dos masacres en el Magdalena, dos más en el Atlántico, una en La Guajira y una en el Cesar. Y los hechos parecen indicar que las AGC están aprovechando el supuesto cese de hostilidades para posicionarse con comandantes, estructuras y ventaja militar sobre las ACSN, lo que podría generar una reacción y el aumento delitos en algunos territorios, sobre todo en centros urbanos.

Para Dimas, el homicidio de Rocha y de los otros líderes, que calificó de infame, deja varias reflexiones importantes. La primera es que a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha alertado, en los últimos tres años, con la publicación de tres alertas tempranas (045-18, 044-19 y 012-21), no se han visto acciones, seguimiento, ni medidas de parte de las instituciones correspondientes.

Lo que sí está claro es que hasta ahora, a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría, la institucionalidad ha guardado un silencio colectivo frente al asesinato de líderes, sobre el incremento de la presencia de las AGC en la zona y sobre las masacres. Las alertas parecen no importarle a nadie. Según Dimas, la Procuraduría no ha hecho seguimiento, las alcaldías locales no han hecho nada, por lo que deberían responder. Por ejemplo, en el caso reciente de Milton Rocha, ya había dos denuncias por amenazas y nadie activó la ruta institucional correspondiente en estos casos, que incluye a la Fiscalía, la UNP y la Policía. La región acumula 15 líderes asesinados en los últimos años.

En segundo término, el investigador señala que estas muertes muestran la fragilidad y la falta de garantías en el territorio, si se tiene en cuenta que Rocha había solicitado hace más de seis meses protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no obtuvo respuesta.

“Tres militantes del Pacto Histórico –Francisco Giacometto, Rodolfo Llinás y Milton Rocha– han sido asesinados. ¿Dónde están las garantías y las medidas dentro de un Estado de izquierda y dentro de uno gobierno local con gobernación de izquierda? Los violentos siguen mandando un mensaje de supremacía por encima del Estado. Y, además, aquí operan las AGC y también de alguna forma el ELN. ¿Quién mató a Rocha? y cuándo tendremos un mensaje por parte del Comisionado de Paz o por parte del presidente Petro?”.

El pasado 3 de febrero fueron hallados sobre unas hamacas, atados y con signos de tortura, los cuerpos de cuatro hombres en la vereda El Trébol, en jurisdicción del municipio de Ciénaga, en límites con Zona Bananera. Las primeras investigaciones de las autoridades señalaron que las víctimas eran trabajadores de una mina. Sus muertes estarían relacionadas con un enfrentamiento debido a un robo. Esta nueva masacre, más los llamados de la comunidad, hicieron que el Ejército regresara a patrullar la zona.

Después de la muerte de Rocha, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, lamento el crimen, realizó un consejo de seguridad y ofreció una recompensa. Los anuncios recibieron críticas de algunos líderes sociales locales, quienes las calificaron de protocolarias e improductivas.

Según Lerber Dimas, las comunidades temen que, ante las fallas en el denominado cese al fuego, la intención de reacomodarse de los grupos armados incremente en un corto plazo las acciones violentas en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia.