Las alertas del sector energético por la ineficacia del proyecto presentado por el Gobierno para reducir tarifas

Agremiaciones del sector energético colombiano enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a los secretarios de las comisiones quintas de la Cámara de Representantes y del Senado, en la que expresan su inconformidad frente a un proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir las tarifas de energía y democratizar el mercado energético. Se trata del Proyecto de Ley 432 de 2025, por medio del cual “se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”, el cual fue radicado recientemente por el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República.

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“Tras analizar el texto finalmente radicado, consideramos necesario advertir que varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas”, dice la misiva.

El proyecto de ley del Gobierno incluye propuestas como trasladar a los estratos altos (5 y 6), no regulados y no residenciales, la obligación de asumir parte de los saldos generados por la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. También busca impedir que en la factura de energía se incluyan tributos o contribuciones distintos al valor del servicio y ordenar al Ministerio de Minas y Energía definir instrumentos que reduzcan la exposición de los usuarios a la volatilidad de precios en bolsa.

Aunque desde mediados de junio el Gobierno comenzó a socializar el proyecto en diferentes espacios académicos y con diferentes entidades y asociaciones del sector, los firmantes de la carta afirman que la iniciativa radicada ante el Congreso no cumple con las expectativas. Incluso señalan que este texto, a diferencia de sus versiones anteriores, contiene artículos que “ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía”.

El reto más urgente que enfrenta el país y que no fue considerado en el proyecto de ley, según los gremios

En su carta, las agremiaciones explican que el principal desafío del país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, el cual actualmente está en riesgo por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional. “Los gremios venimos insistiendo en que, sin una expansión oportuna de la oferta, no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo”, apuntan. 

De hecho, las organizaciones indican que, según información oficial del operador del mercado de energía mayorista, en los últimos cinco años ha entrado en operación menos del 30 por ciento de la generación comprometida y más del 50 por ciento de los proyectos de transmisión presentan retrasos. A ello se suma la preocupante situación de los comercializadores de energía, quienes tienen, con corte a septiembre, saldos por recuperar cercanos a los seis billones de pesos, de los cuales alrededor del 68 por ciento son deudas públicas del orden nacional y territorial.

“El proyecto de ley no aborda estos problemas estructurales, ni incorpora instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento o incentiven la expansión de la infraestructura energética. De esta manera, no contribuye a un aumento efectivo de la capacidad instalada, lo que ampliará en el futuro la brecha entre la oferta y la demanda”, advierte la carta.

Las agremiaciones sostienen que, contrario a su propósito, el proyecto genera “incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas, en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para superar el riesgo de una posible falta de energía a futuro”.

Las propuestas de los gremios que podrían reemplazar el proyecto de ley

Ante el panorama actual del sector energético, las agremiaciones proponen al Ministerio de Minas y Energía focalizar los esfuerzos “en las verdaderas prioridades del sector energético nacional”. Según ellas, estas no requieren de un proyecto de ley, sino de “decisiones inmediatas y coordinadas”:

• “Garantizar los recursos para el pago de subsidios ya otorgados a los usuarios más vulnerables de energía y gas, deuda que supera los 2,8 billones de pesos a septiembre de 2025, lo que compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema”.
• “Honrar lo prometido por el presidente Petro en mayo de 2024 acerca de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria”.
• “Definir e implementar el esquema de prestación del servicio de Air-e en la región Caribe, incluyendo el pago de las deudas que Air-e tiene con otros agentes del mercado, para mitigar el riesgo sistémico que hoy afecta al sector eléctrico”.
• “Contratar conjuntamente con consultores independientes e idóneos estudios técnicos rigurosos que permitan evaluar las reformas propuestas con una base sólida de evidencia, dado que su complejidad requiere análisis superiores a los seis (6) meses contemplados por la ley, y adoptar las alternativas que se recomienden en dichos estudios”.
• “Adelantar las acciones para asegurar la ejecución de proyectos, especialmente en aspectos sociales y ambientales, y brindar la seguridad jurídica que se requiere para garantizar el abastecimiento energético del país”.

También recuerdan que ya habían presentado al Gobierno propuestas sobre temas como subsidios y saldos de la opción tarifaria, entre otros, que contribuyen con alternativas que permitirían al Gobierno cumplir las metas de solidaridad y redistribución de ingresos, además de garantizar un servicio público eficiente y de calidad. “Sugerimos que sean tenidas en cuenta en el marco del desarrollo normativo”, agregan.

Por ello, solicitan que los temas abordados en el proyecto de ley sean revisados, teniendo en cuenta la evidencia técnica, la participación informada y el diálogo institucional “de forma que se garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país”.

¿Quiénes firmaron la carta?

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco)
• Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen)
• Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg)
• Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis)
• Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)
• Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia)
• Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (Acp)
• Cámara Colombiana de la Energía Acce
• Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas)
• Asociación Colombiana del GLP (Gas Licuado de Petróleo), (Gasnova)
• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
• La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía)
• Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera)