
El estudio fiscal reveló que la política de gratuidad ha afectado las finanzas de las universidades.
Crédito: Colprensa
Contraloría alerta sobre riesgo fiscal en universidades públicas por falta de recursos
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El máximo órgano de control fiscal advirtió que las principales instituciones públicas de educación superior en el país enfrentarían graves riesgos si no se adoptan medidas urgentes para garantizar su financiación.

La Contraloría General de la Nación presentó un informe en el que alertó por los graves problemas de sostenibilidad que podrían enfrentar las universidades públicas con más estudiantes en el país debido a la falta de recursos. Las demoras en los desembolsos de recursos, las deudas acumuladas y el rezago en la construcción de nueva infraestructura son algunos de los problemas identificados.
En su estudio de la situación fiscal, presupuestal y pensional de las instituciones públicas de educación superior, la Contraloría encontró que se deben adoptar medidas urgentes para evitar problemas en el acceso y permanencia de estudiantes en la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander.
De acuerdo con el informe, la Universidad Nacional enfrenta la situación financiera más compleja entre las instituciones analizadas, puesto que su pasivo pensional asciende a los 4,5 billones de pesos. Además, la Contraloría advirtió que la situación sería aún más problemática debido a que algunos cálculos para determinar el monto real de la deuda están desactualizados.

“Es un llamado de atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior”, indicó el organismo en su informe.
Por otra parte, la Contraloría reiteró que la mayoría de universidades públicas del país registran ingresos propios insuficientes que no alcanzan para cubrir sus obligaciones. En ese sentido, el organismo le pidió al Gobierno nacional transferir de manera oportuna a cada una de las universidades los recursos necesarios para atender sus necesidades estructurales y de funcionamiento.
La política de gratuidad en las matrículas ha afectado las finanzas de las universidades públicas: Contraloría
En su estudio de la situación fiscal de las instituciones educativas públicas, la Contraloría también identificó que la política de gratuidad en la educación superior ha afectado a las principales universidades públicas del país. Pese a que el Gobierno nacional asume el pago de la matrícula ordinaria, la demora en el desembolso de los recursos retrasaría el cumplimiento de compromisos financieros y operativos.

El organismo reveló que las universidades públicas de educación superior solo reciben los ingresos correspondientes a las matrículas de sus estudiantes tras el inicio de cada semestre académico. Además, advirtió que en algunos ciclos se han presentado problemas particulares que generan mayores retrasos en los giros requeridos por las instituciones.
“El primer giro del 80 por ciento suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico, cuando lo ideal sería contar con los recursos antes del comienzo del período. En 2024, el desembolso de estos recursos estuvo condicionado por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda, así como por los trámites administrativos del Ministerio de Educación”, explicó la Contraloría.

El organismo también destacó que una de las situaciones de riesgo identificadas en su informe corresponde a la falta de inversión en la adecuación y construcción de nueva infraestructura. Según el estudio realizado, los problemas de financiación han dificultado el avance de obras fundamentales para que las universidades públicas garanticen el acceso a servicios educativos de calidad.
Finalmente, la Contraloría reiteró que resulta clave la aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley 30, con la que se busca modificar la financiación de las instituciones de educación superior públicas del país. Según el máximo órgano de control fiscal, la implementación de la iniciativa permitiría que el Gobierno nacional incremente sus aportes para las universidades para atender la problemática estructural de su financiación.
