
"Estamos cerca de un 'apagón financiero', que podría derivar a un apagón energético": Asocodis
El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, le explicó a CAMBIO la compleja situación financiera que enfrentan los operadores, a quienes se les deben más de 7 billones de pesos. Según Manzur, las empresas llegaron a un punto en el que deben decidir entre seguir financiando los subsidios a los usuarios o comprar energía.

Desde hace meses, los comercializadores de energía enfrentan una situación complicada . El Gobierno tiene una deuda billonaria que no ha saldado con ellos por las transferencias para los subsidios en las facturas de los usuarios, y los saldos acumulados de la opción tarifaria, un mecanismo que se utilizó en la pandemia para diferir en el tiempo los incrementos que se dieron en las tarifas de energía por la coyuntura, tampoco han podido pagarse.
Por esa situación, en la que las deudas superan los 7 billones de pesos, esta semana la Contraloría General de la República publicó una comunicación en la que pidió adoptar medidas urgentes para evitar un racionamiento de energía.
El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, conversó con CAMBIO sobre la disyuntiva que enfrentan los operadores: seguir pagando los subsidios a los usuarios y pagar a los generadores por la energía que necesita el sistema. Según Manzur, el sector está cerca de un apagón financiero, que podría derivar en un apagón físico del sistema.
CAMBIO: ¿A cuánto asciende hoy esa deuda que están asumiendo los comercializadores de energía?
José Camilo Manzur: Asocodis es el gremio de las comercializadoras de energía, es decir, las empresas que atienden a los usuarios, que es la última milla en la cadena de energía. Agrupamos a cerca de 17 millones de usuarios, el 99 por ciento de los que hay en el país. Nuestra situación financiera es crítica. Al 31 de diciembre de 2024, estas empresas tenían saldos por recuperar o cobrar de 7,4 billones de pesos.
De ese total, 2,7 billones son subsidios; 3,3 billones, por la opción tarifaria; 1 billón por deuda oficial, que son usuarios como alcaldías, municipios o instituciones educativas, a quienes no podemos suspender el servicio; y 400.000 millones es un valor de los precios de bolsa que compramos pero que no pueden trasladarse de manera inmediata a los usuarios.
CAMBIO: ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Por qué es tan alta esa deuda?
J.C.M.: En Colombia, los usuarios en estratos 1,2 y 3 reciben subsidios. Son cerca de 13,2 millones de usuarios o 40 millones de colombianos. El estrato 1 recibe hasta 60 por ciento del consumo, el estrato 2 el 50 por ciento y el estrato 3 el 15 por ciento. Nosotros financiamos al Estado, le damos el subsidio a los usuarios y luego el Gobierno nos paga. Solo somos un vehículo. Históricamente, nosotros hemos financiado los subsidios, pero ante una situación de deuda de 7,4 billones queda muy difícil seguir haciéndolo.
Los subsidios en Colombia se financian en parte con la contribución que pagan los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y el déficit que queda se cubre a través del presupuesto general de la nación. Nosotros financiamos ese déficit, cerca de 300.000 millones de pesos mensuales. Esos 2,7 billones representan cerca de nueve meses de subsidio o dos años de ingreso bruto de los comercializadores.
Ahora nos preocupa que el presupuesto de 2025 tiene apropiada una suma de 2,7 billones, pero el ministro de Hacienda nos dijo hace unos días que la plata del presupuesto de 2025 es para pagar la deuda de 2024. Esto quiere decir que este año estamos desfinanciados.

CAMBIO: ¿Qué manejo financiero le están dando a esta situación?
J.C.M.: Estamos ante una disyuntiva porque no disponemos de todos los recursos para mantener la operación: o financiamos subsidios o pagamos la generación. Algunas empresas, sobre todo las más pequeñas y que no tienen un gran músculo financiero, están llegando casi al límite. Dicen que no van a poder seguir asumiendo los compromisos con los subsidios.
Si yo no pago la energía y sigo financiando los subsidios, puede que se ocasione un apagón financiero que puede generar un efecto dominó en el sector y terminar en un apagón físico, como pasó a principios de enero en Puerto Carreño. Pero si no pago los subsidios, pueden ocurrir incrementos monstruosos en las facturas de los usuarios.
Es un contrasentido que el ‘gobierno del cambio’, que supuestamente va con la gente, no está asumiendo ni cumpliendo sus compromisos para evitar el impacto a las personas más vulnerables.
CAMBIO: ¿Las empresas pueden dejar de otorgar esos subsidios?
J.C.M.: Legalmente es posible dejar de financiar subsidios en las condiciones económicas en las que estamos. Pero más que decir ‘no voy a entregar más subsidios’, lo que pueden generar es un racionamiento. Estamos al borde de eso. Los subsidios son una responsabilidad del Estado, no de las empresas de energía.
CAMBIO: ¿Cómo llegaron los distribuidores a cargar una deuda tan grande?
J.C.M.: Son varias situaciones. En pandemia no podríamos cobrar más. La Creg regula las tarifas, tenemos un marco en el que nos movemos y así hubiéramos querido cobrar más, no se podía. La opción tarifaria, por ejemplo, viene de la pandemia. Cuando se acabó el gobierno del presidente Duque, esa deuda estaba en 3,5 billones de pesos, y a diciembre de 2023 subió a 5 billones. Empezamos a recuperarla y vamos en 3,3 billones.
Y en los subsidios, el Gobierno no ha pagado desde hace meses. Nosotros hemos hecho un esfuerzo monumental para financiarlos, pero muchas empresas están al límite. Por eso, la Contraloría ha estado emitiendo alertas. El tema es crítico, prioritario y no tiene nada que ver con la ley de financiamiento que se cayó en el Congreso.
CAMBIO: ¿Todas las empresas están en la misma situación?
J.C.M.: En Asocodis somos 21 empresas, entre públicas, privadas y mixtas. Con otros distribuidores llegamos a cerca de 30. Las que están con el agua más al cuello son las más pequeñas. No quiero decir con ello que las grandes no tengas más dificultades, y el caso de Afinia es el más crítico. Las deudas de Afinia superan tres años de sus ingresos brutos. Es muy difícil que una empresa sea viable así. No es un asunto de mercado, como nos han querido hacer creer.
CAMBIO: En la costa Caribe hay una realidad de recibos de energía a precios excesivamente altos, que en algunos casos superan los ingresos de las familias. ¿Qué responsabilidad tienen ahí las empresas?
J.C.M.: El caso de la región Caribe es particular. Es como un deja vu. Llevamos 30 años con dificultades en la región y no en vano han pasado múltiples operadores. No es un asunto, como se ha tratado de difundir, de que las empresas están tratando de hacer riqueza absoluta allá.
Hace más o menos cuatro años se dio una transformación en la que se trató de recuperar ese rezago tan grande en la región, que recibía la peor calidad del servicio en el país, con más de 100 interrupciones en el servicio al año. Eso, por el rezago en inversión de muchos años. Con la reestructuración, hace cuatro años, se han dado mejoras en calidad del servicio por las grandes inversiones que se han hecho, pero mejorar la calidad y disminuir las pérdidas tiene un impacto tarifario coyuntural. Lamentablemente, todo gasto tiene un costo, y va a la tarifa. Se necesita apoyo del Estado.

CAMBIO: El Gobierno está tomando medidas que intervienen el precio de la energía en bolsa para tratar de mitigar los altos precios que pagan los usuarios. ¿Qué opina de eso?
J.C.M.: No puede pretenderse que los problemas en las regiones, por sus condiciones socioeconómicas, se corrijan con cambios en las tarifas de energía. No podemos distorsionar las tarifas de energía pretendiendo de una manera inadecuada solucionar problemas históricos en las regiones. En muchas de ellas es bien grande la pobreza energética, que es la parte del ingreso que deben destinar los usuarios para satisfacer las condiciones mínimas de energía, y en la región Caribe son muy altas. Sin duda hay espacios de mejora en las tarifas, pero no podemos achacarles todos los problemas de las condiciones de ingresos, pobreza y desempleo.
CAMBIO: ¿Qué respuesta les ha dado el Gobierno por las demoras en los giros?
J. C. M.: Estas demoras también afectan las tarifas porque tienen un costo financiero. El Gobierno nos ha manifestado que ha tenido problemas de recaudo y que sobreestimó el presupuesto general de la nación y pensó que el incremento que hubo en el PIB, en 2022, se iba a mantener en el tiempo, y se dió cuenta que no era así. De 2022 hacia atrás siempre se cumplía con los compromisos de subsidios.
El presidente Petro también se comprometió, en mayo del año pasado, a asumir la deuda de la opción tarifaria, y eso no se ha dado a pesar de que se les planteó a las empresas que no la cobraran.
CAMBIO: Hoy el Gobierno tiene problemas de caja y eso está frenando los pagos en varios sectores, ¿Qué alternativas tienen las empresas?
J.C.M.: Lo primero sería pagar la deuda que hay y apropiar la totalidad de recursos necesarios para 2025. Pero también se podrían titularizar las deudas, para que las empresas puedan salir al sector financiero a tener liquidez o emitir certificados que se puedan negociar en el sector financiero mientras el Gobierno logra mayores recaudos de recursos. También hemos propuesto que se permita el pago de impuestos de las empresas haciendo un cruce con los subsidios, y de mucho tiempo atrás hemos planteado una solución a largo plazo de corregir la manera en que se asignan los subsidios.
Hoy hay colombianos recibiendo subsidios sin estar en condiciones de vulnerabilidad, porque la estratificación no es la mejor manera de asignar los subsidios. Se debería considerar el nivel de ingresos e incluso otros criterios, como el nivel de consumo.
CAMBIO: ¿Qué tan cerca estamos de ese apagón financiero del que usted habla?
J.C.M.: Hay empresas que no aguantan más. El paso a seguir de ellas es no pagarle al mercado mayorista de energía, que puede conducir a un efecto dominó en el sistema, e incluso podría llevar a una intervención del Estado. A veces uno se pregunta: ¿es eso lo que queremos? Pero si pagamos al mercado no hay como seguir asumiendo los subsidios. El Gobierno debe decidir y ser sincero en esto: si no está en capacidad de otorgarlos, que lo exprese, pero no que sigamos al gota a gota con los giros. No pagar apaga. Puede apagar al sector o poner a pagar a los usuarios facturas mucho más altas.
