Muchas personas me han preguntado la razón por la cual el expresidente Álvaro Uribe de pronto, como de la nada, empezó hace dos días a trinar nuevamente las mismas infamias que durante 22 años ha esparcido contra mí. Así sucede, de tiempo en tiempo, sin importar que jamás haya podido sustanciarlas, pero creo que esta vez tiene una razón fuerte. Durante más de dos décadas ha tratado, sin éxito, de criminalizarme. Él sabe perfectamente que está mintiendo. Por ocho años usó la inteligencia del Estado para seguirme ilegalmente, tratando de identificar mis fuentes de información o de encontrar algo que yo hubiera hecho mal en la vida para judicializarme.
Mi familia y yo fuimos implacablemente seguidos, coincidiendo con intensos períodos de amenazas. Agentes del DAS, usando fondos reservados, se disfrazaron de vendedores de flores para vigilar la entrada al barrio donde vivíamos. La camioneta de una aparente lavandería estuvo durante semanas estacionada frente al edificio en el que estaba nuestro apartamento. Un grupo de detectives rondaba la sede de Noticias Uno, el noticiero que dirigía, para tratar de establecer con quién hablaba o si hacía algo indebido.
Dos altos directivos del DAS confesaron los seguimientos ilegales. Martha Leal, la directora de operaciones de inteligencia, declaró “En relación con Daniel Coronell, Andrés Peñate manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la república si el periodista se encontraba en el país y en lo posible tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información”. 
El capitán Fernando Tabares, director de inteligencia, reveló una reunión en la que el secretario general de la Presidencia instruyó sobre cuáles eran los principales blancos del DAS durante el gobierno Uribe: “El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del presidente de la república era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. 
También metieron el número de mi celular en la lista de teléfonos de un procurador investigado para chuzarme amparados en una orden judicial que nada tenía que ver conmigo.
Por estos delitos fueron condenados los altos directivos del DAS, incluyendo a su directora María del Pilar Hurtado. También recibió sentencia condenatoria, Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia. A Álvaro Uribe nada le pasó.
La impunidad de la que ha gozado el expresidente lo ha llevado a seguir repitiendo sus infamias. Sin importar que un juez de tutela le haya ordenado rectificar. Lo hace de mala fe, fingiendo que cumple la orden judicial, haciéndolo a medias para volver al ataque.
Todo en retaliación por las investigaciones periodísticas que he hecho. Algunas de ellas son: la yidispolítica, que llevó a la cárcel a dos de sus ministros y a tres congresistas; el enriquecimiento de sus hijos con decisiones tomadas por subalternos de su gobierno; buena parte de Agro Ingreso Seguro, que produjo la condena de Andrés Felipe Arias; y los testimonios sobre el grupo paramilitar “Los doce apóstoles”, que tienen a su hermano Santiago al borde de una condena que duerme en un juzgado de Medellín hace más de dos años.
También, quizás ustedes lo recuerden, he publicado las pruebas que hoy tienen imputado al expresidente por soborno de testigos y fraude procesal.
Un buen día, furioso por una columna en la que hablé de las persistentes dudas sobre las circunstancias en las que murió Pedro Juan Moreno, decidió sindicarme por Twitter de ser narcotraficante. 
Como para esa época Uribe era senador, presenté una querella contra él en la Corte Suprema de Justicia. Pasaron cuatro años antes de que me llamaran a una diligencia de conciliación. El magistrado Eyder Patiño decidió ese día dejarnos solos con nuestros abogados para que buscáramos una fórmula de entendimiento.
Recuerdo a un Uribe disminuido, diciendo que lo único que tenía de mafioso es que le gustaban los caballos y reconociendo que lo que había dicho sobre mí era mentira pero que estaba muy herido por mis publicaciones. La reunión terminó con su sugerencia de que su abogado y mi abogada se reunieran para acordar los términos de su retractación.
La audiencia ocurrió justo cuando yo empezaba a publicar las pruebas de las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve. Tres semanas después de la diligencia, el apoderado de Uribe mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que desistían de conciliar, es decir de retractarse, porque “no habían transcurrido 24 horas y mi poderdante ya había sido objeto de una nueva afrenta calumniosa e injuriosa por parte del periodista, acusando a mi representado, de hechos no ciertos, sobre una inexistente manipulación de un testigo llamado Monsalve”. 
Es decir, Uribe pretendía que para que él no siguiera diciendo mentiras contra mí, yo tenía que dejar de decir verdades sobre él.
Como sea, la llamada “inexistente manipulación” llevó a que Uribe fuera imputado por ese delito y a que renunciara al Senado para huir de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa.
Su renuncia causó también que mi querella en su contra pasara de la Corte a la Fiscalía. Allí han hecho todo lo posible por demorar el trámite. Por ejemplo, el expresidente nunca ha negado ser el autor del trino. Sin embargo, la acuciosa Fiscalía decidió preguntarle oficialmente a Twitter, escribiéndole a su sede mundial en California, si realmente ese mensaje había salido de la cuenta de Uribe.
El año pasado me llamaron a una audiencia para ver si quería ratificarme en la denuncia. Me ratifiqué con todas las letras frente al fiscal delegado ante la Corte, Leonardo Cabana, y su fiscal de apoyo Jaime Zetien. Respetuosamente les dije que ellos tenían dos opciones: o demostrar que yo soy un narcotraficante o imputar al poderoso expresidente Uribe por los delitos de injuria y calumnia.
Un mes después supe que el fiscal Zetien tenía lista la imputación. El documento jamás fue presentado. En cambio, el fiscal fue trasladado al Catatumbo.
En enero, en los primeros días del año después de la vacancia judicial, recibí una citación del fiscal Javier Cárdenas, el mismo que aboga con pies y manos por el archivo del caso contra Uribe por soborno de testigos y fraude. El risible fiscal citaba a una nueva audiencia de conciliación, pasando por alto que esa sesión ya había sucedido y que el apoderado del expresidente renunció por escrito a la posibilidad de conciliar. 
En mi opinión, con esa diligencia añadida, buscan dilatar el proceso para que prescriba la acción penal y el caso muera por vencimiento de términos.
En eso había quedado hasta el jueves de esta semana cuando supe que es vox populi en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema que no tienen remedio, ni camino distinto al de imputar a Uribe por mi denuncia.
Me enteré de eso pasadas las cuatro de la tarde, hora de Colombia, a las 5:12 empezaron los trinos de Álvaro Uribe.
