Fraude a la vista
13 Febrero 2022

Camilo A. Enciso V.

Fraude a la vista

"La tapa. ¡La entidad encargada de realizar las elecciones y de asegurar la integridad del proceso electoral en manos de cuanto político corrupto hay en Colombia y del poder del dinero!".

La semana pasada, un funcionario incauto de la Registraduría dejó al descubierto que, bajo la administración de Alexander Vega, es un requisito sine qua non contar con la palanca y la plata de un político poderoso si se quiere preservar el puesto como supernumerario, una de las posiciones clave que apoyarán las funciones de la Registraduría en las próximas elecciones.

Esta es la historia: el pasado viernes 10 de febrero, el área de talento humano liderada por José Darío Castro Uribe, hombre de confianza de Vega, realizó una reunión con los delegados departamentales y registradores municipales, que buscaba ponerlos al tanto de varios asuntos propios del proceso electoral y explicarles aspectos relacionados con la vinculación de los supernumerarios.

Según la ley, las entidades pueden vincular “personal supernumerario” para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones. Pero también, como en este caso, para realizar actividades de apoyo durante el periodo electoral, cuando los funcionarios de planta de la Registraduría no son suficientes. 

Es tan importante el rol de los supernumerarios durante esta época que un conocedor del funcionamiento de la entidad me dijo que “sin ellos no se hacen elecciones”. Esta persona agregó que entre las funciones de los supernumerarios están las de apoyar y brindar orientación a los jurados de votación, respaldar la gestión de designación de testigos electorales y expedición de credenciales, y respaldar todo el trabajo administrativo que demanda la designación de jurados. 

Más relevante aún: algunos supernumerarios son elegidos como “delegados de puestos de votación, digitan y cargan la información en el software en la audiencia pública de escrutinios”; uno de los escenarios de mayor riesgo de fraude electoral. Así las cosas, es claro que la integridad de nuestra democracia requiere que las personas que cumplen esas funciones sean elegidas con un criterio de competencia, integridad e independencia. Por desgracia, las cosas ocurren de otro modo.

El viernes referido, un funcionario del equipo de Castro, John Jairo Hernández Arenas, hizo una presentación singular a los demás participantes de la sesión. Primero se ocupó de varios asuntos generales. Y después se encargó de describir las condiciones laborales de los supernumerarios. 

Con fines de claridad pedagógica, supongo yo, y hablando como si se estuviera dirigiendo a los supernumerarios, Hernández les dijo lo siguiente a todos los asistentes a la reunión, buscando que asimilaran lo que debían transmitirle desde sus respectivas posiciones a esas personas:  

“¿Qué quiere decir esto? Que (…) todos ustedes [es decir los supernumerarios] van hasta el 31 de marzo (…)”. 

Hasta ahí, nada escandaloso. Pero después, para estupor de los participantes, dijo: 

“Entonces sabemos que vamos hasta el 31 de marzo. Y que esto depende, puede haber una prórroga, dependiendo de tres factores: el primero, su desempeño laboral, ¿sí?; bueno, cuatro. El segundo, de cuánto lo necesite la entidad, ¿sí? El tercero, de su… su… amistad o su conexión política, su recomendación (…)”

Y remató resaltando la relevancia del último requisito: 

“(…) y el cuarto, y el más importante, el dinero… ¿sí? Porque puede ser muy bueno: “que me trajo el senador tal, mejor dicho…”. 

La tapa. ¡La entidad encargada de realizar las elecciones y de asegurar la integridad del proceso electoral en manos de cuanto político corrupto hay en Colombia y del poder del dinero! “El más importante, el dinero”. 

Para entender mejor el impacto de lo que acá se denuncia, es necesario tener presente que para estas elecciones la Registraduría requiere contratar 25.000 supernumerarios, tal como anunció en su página web, dándole un falso barniz de transparencia y meritocracia al proceso de selección. Ahora sabemos que uno de los criterios indispensables de selección –en la Registraduría de Vega– es ser un recomendado político. 
 

Registraduria
Así se promocionó en la página web de la Registraduría la convocatoria.

Gracias a esta movida, los políticos con influencia sobre la Registraduría podrán darle “empleo” a su gente durante los días de elecciones, manipular el proceso electoral y lograr que los supernumerarios, sus familias, amigos y demás clientelas, voten por ellos o por los candidatos de su predilección, bien sea en las listas de Congreso o en las consultas internas de los precandidatos presidenciales. 

Algo más queda claro con todo esto, acompañado de algunas preguntas que exigen respuesta. 

Primero, algunos congresistas están traficando influencias para lograr el nombramiento de sus recomendados. ¿Quiénes son esos padres y madres de la patria? Segundo, el registrador Vega convirtió a la Registraduría en un botín de empleos al alcance del mejor postor. ¿A cambio de qué? Y tercero, hoy, más que nunca en nuestra historia reciente, la integridad de nuestras elecciones está en manos de un grupo de politiqueros que logró hacerse a la joya de la corona del sistema electoral.

Quizás sea tiempo de recordar esa frase famosa del padre Camilo Torres Restrepo: “El que escruta, elige”. Y la ciudadanía, ahí, quieta en primera.

p.s. Le escribí al doctor José Darío Castro para preguntarle por su versión de estos hechos, pero no obtuve respuesta. 

p.s.2. Le pido a la Corte Suprema y al rapidísimo fiscal Barbosa darle a esta columna trato de noticia criminal e iniciar las investigaciones que en derecho corresponda.
 

 

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