Los mismos generales de la Policía que se encuentran implicados en la investigación por la multimillonaria compra de carros blindados, también están involucrados en otro escándalo conocido como el de las casas fiscales. Un desfalco que algunas autoridades han intentado enterrar pese a que, 11 años después, las viviendas siguen sin ser terminadas.
Vamos por partes.
En 2011 nació el proyecto de construir más de 100 casas fiscales con el objetivo de dotar a 290 uniformados e instructores que laboraban en las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones Policiales (Cenop), en el municipio de San Luis, Tolima. En esas instalaciones, los oficiales se preparan y planifican para operaciones de alto impacto con la mayor reserva y confidencialidad.
Por eso nació la necesidad de resguardar a los oficiales en casas fiscales cerca del sitio de entrenamiento. Pero de ahí en adelante, todo salió mal.
Uno de los contratistas de la obra era Julio Gómez, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá. Otros de los que figuraron fueron los Nule. Según varios cálculos, el proyecto tuvo un sobrecosto de varias decenas de miles de millones de pesos. Las 111 casas siguen en condiciones inhabitables y ahora son consideradas “elefantes blancos”.
El primero en alertar irregularidades en este tema fue un mayor de la Policía. No revelaremos su nombre por temas de seguridad. Este mayor pasó varios informes a sus superiores, durante 2013 y 2014, con los que mostró más de 220 anomalías que tenía el proyecto, evidenciando que en el interior de la Policía existía un presunto carrusel de contratación.
Dentro de sus denuncias estaban temas tan preocupantes como una contratación dirigida sin requisitos legales, obras por las cuales se cobraba el ciento por ciento por adelantado y no se entregaba nada de ejecución. También proveedores sin la experiencia para firmar, sobrecostos en materiales y construcciones de baja calidad.
El resultado de sus informes: lo sacaron volando de la Policía.
Uno de los temas que más llama la atención, es que al menos tres generales a quienes el mayor les rindió reportes alertando que las casas que se construían en el Tolima no cumplían los requisitos legales, hicieron parte de una llamada “junta” que recomendó que el mayor fuese llamado a calificar servicios.
¿Ustedes qué comen, que adivinan? Los señores generales que lo sacaron de la Policía fueron, nada más y nada menos, que Yesid Vásquez, quien fungió como inspector general, Gabriel Parada Díaz, antiguo director del Fondo Rotatorio de la Policía, y Saúl Torres Mojica, quien ocupó el mismo cargo. Estos, todos, son los mismos generales investigados por la Fiscalía en el tema de los carros blindados.
Bien lo entonó el maestro Escalona en la canción que inspira el título de esta columna al corear “el que no vuela no sube...”. Es decir, no bastan con los carros blindados, también deben ser voladores o bien aviones.
Se pone peor.
Varias entidades judiciales, como un juzgado administrativo en segunda instancia y el Consejo de Estado, reconocieron que el mayor de la Policía fue retirado irregularmente. Más grave aún, reconocieron que hubo desviación del poder de sus superiores, quienes lo sacaron tras sus denuncias de corrupción.
Una de las sentencias menciona que un juzgado le envió copias a la Procuraduría para que investigara las irregularidades en la construcción de esas 111 casas fiscales, en especial las que tenían que ver con el general en retiro Óscar Atehortúa Duque.
Sigamos con la historia. Y con la canción.
Atehortúa era director del Fondo Rotatorio de la Policía en 2015, justamente cuando el mayor fue retirado de la institución, porque se negó a la petición del entonces coronel Atehortúa, de ignorar las inconsistencias encontradas en el proyecto.
Según el expediente de la Procuraduría, que se abrió en 2017, Atehortúa recibió a satisfacción y les dio el visto bueno a esas obras, pese a que estaban a medio construir y no podían ser habitadas.
Posteriormente, en 2018, un acta demostraría que el general Atehortúa no se declaró impedido cuando era inspector de la institución, en el proceso en que su dependencia investigaba por irregularidades la contratación de las casas fiscales en el Tolima, para la época en que él era el director del Fondo Rotatorio de la Policía. ¡Qué maravilla!
En 2019, ya como director de la institución, el general Atehortúa no hizo nada frente a este tema, pese a que la Contraloría le notificó que encontró un preocupante detrimento del erario que se generó en esa construcción, específicamente porque en el contrato “no hubo una adecuada planeación y ejecución”. Planeación y ejecución debida que debió hacer él.
En esa parte se escucha en el fondo la melodía de Escalona decir, “Como esa casa no tiene cimientos, en el sistema que he inventado yo, me la sostiene en el firmamento los angelitos que le pido a Dios…”.
La única medida que terminó tomando el general Atehortúa fue una poco legítima. Según el expediente de la Procuraduría, el oficial se dedicó a interferir y a desviar la investigación interna liderada por el general William René Salamanca, quien se desempeñaba en ese entonces como inspector de la Policía. Tan así fue la cosa que, en diciembre de 2019, el general Atehortúa decidió unilateralmente enviar de vacaciones al general Salamanca por los 405 días que llevaba acumulados, dado lo avanzada que iba su investigación. Lo mandó de vacaciones un año y medio.
Tan solo tres días después, la Procuraduría realizó una visita sorpresiva a las oficinas de la Inspección General y recogió todos los expedientes que investigaba Salamanca. Entre ellos, el de las 111 casas fiscales en el Cenop que involucraban al general Atehortúa.
El tema de las vacaciones de Salamanca fue tan escandaloso que el ministro de Defensa del momento, Carlos Holmes Trujillo, ordenó su reincorporación inmediata para que continuara investigando los diferentes temas.
Ahí se puso peor la cosa.
Según el expediente de la Procuraduría, uno de los investigadores principales que tenía el general Salamanca, el capitán Antonio José Ortiz, recibió una llamada con una amenaza de muerte en la que le decían: “Está muy sapo, hoy se va a morir”. Lo mismo le pasó a Salamanca, por lo cual sacó a su familia del país y reubicó a su propia madre, una señora de 83 años, que fue visitada en su casa de Boyacá por personajes extraños y amenazantes.
Dentro del expediente también existen pruebas de conversaciones que demuestran que Atehortúa tenía un infiltrado dentro de la investigación en la Inspección General. El infiltrado estaba informándole de todos los pasos y obstruyendo el curso de la investigación. El tema es tan descarado, que ese infiltrado era otro de los que había firmado el acta de recibo de las casas fiscales junto al general Atehortúa en 2015.
Pues bien, el 10 de marzo de 2020 la entidad citó a audiencia de juzgamiento al general. Lo que en su momento dijo el Ministerio Público es que, además de que las obras quedaron inconclusas, el general Atehortúa también se habría extralimitado en sus funciones debido a que, a través de un presunto tráfico de influencias mientras fungió como director de la institución, trató de desviar la investigación en su contra.
“Porque si no vuela no llega allá…”
Pero antes de llegar allá hay que rematar el tema con números. ¡Qué números! Cuando Atehortúa recibió las obras, en 2015, la inversión ascendía a 16.000 millones de pesos. En 2019, ya como director de la Policía, la Contraloría le notificó que encontró un detrimento superior a los 5.364 millones de pesos. Frente a eso, el general destinó otros 1.000 millones de pesos para intentar corregir las irregularidades.
Atehortúa fue relevado de la dirección de la Policía en diciembre de 2020, no sin antes garantizar recursos por otros 11.900 millones de pesos para el mismo proyecto que, oh sorpresa, sigue sin ser terminado. Seis meses después de su retiro, Atehortúa fue premiado por el expresidente Iván Duque con la embajada en Australia. Los otros tres generales, ahora conocemos que también están involucrados en la investigación de la Fiscalía por el millonario fraude con los carros blindados. Una tripleta completa.
Mientras tanto, 11 años después, los oficiales del Centro Nacional de Operaciones Policiales siguen sin tener las instalaciones necesarias para vivir, entrenarse y capacitarse. Lo único que quedó de toda esta historia y todos esos miles de millones de pesos embolatados, fueron unas casas que parecen en el aire ya que no se pueden habitar.
Parafraseando al maestro Escalona: “El que no vuela no sube, a ver a Atehortúa en las nubes. Porque si no vuela no llega allá. A ver a Atehortúa en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no me moleste nadie”. Y efectivamente nadie lo ha molestado.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
