Las enormes tierras ocupadas por agentes estatales que están registradas bajo propiedad de Luis Emilio Pérez Gutiérrez no solo tienen la desventura de haber pertenecido al exjefe paramilitar Vicente Castaño. No. Sus problemas incluyen otros detallitos adicionales.
Me explico.
La Fiscalía General de la Nación, acertadamente, determinó la semana pasada que cuatro mega lotes avaluados en 74.000 millones de pesos, en los que aparece como dueño la persona que ha sido alcalde de Medellín en 2001, gobernador de Antioquía en 2016 y recientemente candidato presidencial, tienen un origen ligado al paramilitarismo. Por ese hecho le impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
Los predios están ubicados entre El Retiro y Rionegro, en el Oriente antioqueño, y fueron englobados bajo el nombre de Torrealta. La Fiscalía les impuso una medida cautelar por estar directamente ligados con el extinto clan de Vicente Castaño y, de paso, los puso a disposición del Fondo de Reparación de Víctimas del conflicto armado.
Muy rápidamente, el exgobernador Luis Pérez aseguró que tiene suficientes elementos para demostrar que él y sus socios fueron compradores de buena fe. Y que, según un estudio de títulos realizado hace 17 años, dentro de los dueños de la gigantesca finca, no aparece nadie de la denominada Casa Castaño.
Ahora bien, basta recordar que, en septiembre de 2015, hace siete años, el periodista Daniel Coronell publicó una columna titulada “La torre embrujada” en la que cuenta la oscura historia atada al paramilitarismo de ese mega terreno del exgobernador Pérez Gutiérrez.
La propiedad, que también perteneció a varias personas vinculadas con el narcotráfico que murieron trágicamente, ha sido incluso relacionada con la magia negra, ya que cuando el Ejército realizó un allanamiento en 1988, encontró un templo vudú, restos de sacrificios humanos, de animales y cámaras de tortura.
Barajemos despacio y vamos a la historia de la tierrita.
El 21 de diciembre 2006, el señor Pérez Gutiérrez, junto a otros inversionistas, compró la primera parte de esta finca a la empresa Marroquín Rubiano Asociados Limitada por 496 millones de pesos. En los documentos oficiales se corrobora que las dueñas de esa compañía eran dos mujeres que viven en Estados Unidos. Pero en realidad, quien actuaba como el propietario real era el jefe paramilitar asesinado en 2004, Carlos Mario García, alias Doblecero.
Posteriormente, el 23 de febrero de 2007, Pérez Gutiérrez y sus inversionistas compraron una segunda área por 225 millones de pesos, y finalmente el 31 de julio de ese mismo año, sus hermanos Mario y Darío de Jesús Pérez Gutiérrez compran el 42 por ciento de otra propiedad con un área de 700.000 metros cuadrados, por un poco más de 200 millones de pesos.
Ahora el manojo de cartas se pone complicado. Aunque el exgobernador y sus hermanos son los mayores accionistas de todo el terreno, aparecen otros propietarios con porcentajes menores, llamados Ramón Gustavo Aristizábal, Carlos Eduardo Sanmartín y Jorge Luis Valencia, quienes han sido para unas cosas muy específicas las caras de la propiedad.
Como lo he denunciado anteriormente en esta columna, de acuerdo con un documento del 5 de marzo de 2015 de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare, esos propietarios menores de Torrealta, recibieron una multa ambiental por la tala de árboles en diez hectáreas de esa propiedad. Pero el señor Pérez Gutiérrez, quien era y es el mayoritario accionista, se salvó con el argumento de que él no estaba a cargo de la finca y tenía muchas otras ocupaciones en Medellín.
Vaya, vaya, vaya.
En conclusión, una compra que fue realizada en tres partes por el señor Pérez Gutiérrez y sus socios hace poco más de quince años por un total de 921 millones de pesos, está valorizada en la actualidad, según la Fiscalía, en 74.000 milloncitos. Pero ese cálculo está corto según especialistas en bienes raíces que establecen que la mega finca cuesta más de 120.000 millones de pesos por otros detalles.
Vamos allá.
El 30 de diciembre de 2015, un día antes de terminar su mandato, el entonces secretario de Planeación de Rionegro, Jorge Alberto Urrea Mejía, hizo una maratón de aprobaciones de licencias para construcción de viviendas en ese municipio.
Se trata de la cereza en el ponqué, de lo que normalmente se conoce como el “vuelteo de tierras”, que es la forma sistemática como los políticos se apropian del mayor valor de la tierra por el cambio de su uso y los trámites que lo posibilitan, y que ellos mismos, o sus allegados, controlan. Para no hablar de la provisión de infraestructura, que también valoriza la tierra.
Pues bien, una de esas licencias aprobadas ese 30 de diciembre a altas horas de la noche y minutos antes de que el señor Urrea Mejía dejara su oficina, fue en favor de, nada más y nada menos, el entonces gobernador electo de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez.
Por estos hechos no asombra que en la Personería de Rionegro se hicieran más de 40 quejas contra el señor Urrea Mejía por su trabajo como secretario de Planeación, y por presuntas conductas relacionadas con el incumplimiento de los deberes, la extralimitación de funciones y el abuso de poder.
Pero no nos desviemos. La resolución número 1270 de la Alcaldía de Rionegro le otorgó al señor Juan Esteban Valencia Piedrahita, propietario y apoderado de los señores Luis Emilio Pérez Gutiérrez, sus hermanos, Alberto de Jesús, Darío de Jesús y Mario de Jesús Pérez Gutiérrez, y sus socios, el permiso para parcelar los predios con matrículas inmobiliarias 020-017051, 020-015782, 020-023911 y 020-014968, que corresponden a una parte de la famosa hacienda Torrealta.
Por medio de esa resolución se le entregó al señor Pérez Gutiérrez, y a los otros propietarios de Torrealta, la potestad de sacar 120 lotes, con áreas desde 3.000 metros cuadrados en un sector que no estaba comprendido dentro de los polígonos de parcelación por el POT de ese momento.
Tan suertudo el señor Pérez Gutiérrez.
Pero su estrella no para ahí. El 23 de noviembre de 2016, el ya posesionado gobernador Luis Pérez anunció la construcción de una doble calzada de 13,3 kilómetros que conectaría los sectores de Las Palmas y El Tablazo.
El proyecto, que era una Asociación Público Privada (APP) entre el sector privado y los municipios por donde pasa la carretera son Envigado, El Retiro y Rionegro, fue presentado como “una solución a la movilidad de Oriente que está colapsando”. Y lo fue.
Pero también generó otra cosita. Algunas propiedades de El Tablazo, cuya densidad de costosas fincas de recreo es altísima, se vieron beneficiadas de acuerdo a su cercanía con la nueva carretera. Una maravilla.
Pérez Gutiérrez, quien anunció orgullosamente el proyecto como una oportunidad de desarrollo y generación de empleo en la región, fue uno de los felices propietarios de las propiedades que se vieron beneficiadas.
Este curtido político, que nunca se ha caracterizado por ser ingenuo, nunca, ni cuando compró la tierra que venía de manos de paramilitares, y menos cuando consiguió el permiso a último minuto para poder sacar parcelas, tampoco fue torpe en este momento.
El entonces gobernador, después de mostrar el primer trazado de la obra entre Las Palmas y El Tablazo, presentó un impedimento personal sobre la APP, manifestando que habría familiares suyos con tierras en la zona. Familiares, óigase bien.
Vaya sutileza e intencional falta de claridad la del exgobernador, puesto que es probado que Pérez Gutiérrez era y es el mayor accionista y propietario de Torrealta.
Todo esto deja evidenciado que el problema de esa tierra no solo es la tradición del inmueble, que presuntamente está atado a una historia narcoparamilitar de Antioquia, sino también la forma en la que Luis Pérez, por medio de controladas jugadas de naipes, ayudó a transformar esa inversión de bienes raíces de 921 millones de pesos, a una calculada en 120.000 millones de pesos.
Para los aficionados a tratar de anticiparse a su suerte en los naipes, la carta que representa el arcano mayor número 16 es La Torre, que se asocia con el mito bíblico de la Torre de Babel, es decir el caos, la catástrofe y la ruina, por cuenta de cimientos débiles producto de la arrogancia, que es castigada sacando al sujeto de su torre de marfil para obligarlo a enfrentar la justicia, en el suelo. Quizás Torrealta sea la metáfora perfecta para esta historia, y también para rebarajar la historia colombiana de las últimas décadas.
Pero lo que es claro es que, en el mundo de los negocios, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez ha corrido con demasiada suerte. Tanta que uno no entiende por qué se ha dedicado al sector público. Quizás porque el sector público es, en realidad, el sector privado de los políticos. Pero me atrevo a adivinar que esa torre de naipes se empezó a derrumbar.
