La abogada colombiana que desafió al Ministerio de Igualdad de España y abrió las puertas a investigadoras extranjeras en ese país

Una abogada colombiana fue clave para un cambio en el reglamento de una de las convocatorias que realiza el Ministerio de Igualdad de España. Se trata de un concurso de tesis doctorales sobre violencia de género que incluía un requisito de participación contradictorio con los principios del propio ministerio: solo podían postularse personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea. 

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Dayana Méndez Aristizábal, quien obtuvo el título de Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en el Instituto Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III, de Madrid, en 2023, hizo una tesis sobre violencia obstétrica que obtuvo la máxima calificación: sobresaliente cum laude. Orgullosa por el trabajo que había hecho, quiso concursar en una convocatoria promovida por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad, dirigida a tesis que se hubieran defendido en el último año.

El propósito de la convocatoria era “reconocer y recompensar a las personas autoras de aquellas tesis doctorales que, como consecuencia de su investigación, hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la mujer, así como los medios para evitarla”.

Dayana cumplía con todos los requisitos para aplicar a la convocatoria, salvo uno: no tenía nacionalidad española ni de ningún Estado miembro de la Unión Europea. Para ella fue un balde de agua fría. Llevaba varios años viviendo en España, cursó sus estudios de maestría y doctorado en una institución del país, e incluso votó en las elecciones municipales de 2023. Por eso, consideraba evidente que había contribuido a ese país como cualquier otro ciudadano español.

“Esta convocatoria llevaba activa al menos 10 años y a nadie se le había ocurrido que esto era arbitrario, discriminatorio e injusto”, dijo la abogada a CAMBIO. 

“Iba a tener que dar esta pelea absolutamente sola”

Lo primero que pensó Dayana fue acudir al director de la Escuela de Doctorado de la universidad en busca de apoyo, tanto para ella como para las investigadoras de la institución que, por su nacionalidad, tampoco habían podido acceder a este tipo de convocatorias. Sin embargo, el funcionario le respondió que no estaba en capacidad de hacer algo al respecto.

“Lamentablemente, no conozco la razón por la que se limita a los ciudadanos de la Unión Europea. Sobre todo, no tengo ninguna capacidad de actuación sobre las decisiones tomadas por el Gobierno de España. Entiendo que, al tocarte personalmente, se te haya ocurrido ponerlo en evidencia, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos otros entornos en los que la discriminación es mucho más evidente y mucho más dañina”, se lee en un correo electrónico. 

El 21 de julio tomó cartas en el asunto y envió una queja a la Oficina del Ministerio de Igualdad y a la oficina del Defensor del Pueblo. Ese día también envió un reclamo al Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial, un servicio de asistencia del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Étnica o Racial (CEDRE), adscrito al Ministerio de Igualdad, que en los días siguientes le propuso interponer un recurso de reposición contra la convocatoria y la ayudó a elaborarlo.

“No solo es desconsiderado que no se tengan en cuenta estas cuestiones, sino, además, el hecho de sostener una postura como esta es reafirmar esa idea absolutamente obsoleta y colonialista, según la cual el único conocimiento válido es el conocimiento que se produce desde Europa por las personas blancas y europeas. Como si el conocimiento que construimos las personas que venimos del sur global no contara”, apuntó Dayana.

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De hecho, un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España da cuenta de que solo la población latinoamericana representa más del 51 por ciento de la población extranjera en los estudios doctorales en el país. Una cifra que, según señala la abogada, demuestra las contribuciones que han hecho los latinoamericanos a las universidades españolas.

“Es evidente que hay una contribución a la construcción del conocimiento científico, al trabajo académico, al crecimiento de las universidades, pero además también al crecimiento económico, porque desde luego venir a hacer un máster o un doctorado implica una inversión económica. No reconocerlo es desconsiderado”, dijo.

Días después de realizar los trámites, el 9 de agosto, recibió una respuesta del Ministerio de Igualdad que la dejó decepcionada. En una carta, el ministerio explicó que los premios se convocan conforme a la Ley General de Subvenciones (2003), a su reglamento por decreto (2006) y a una orden (2017) que establece sus bases reguladoras, entre ellas los requisitos para participar en la convocatoria. Por tanto, según dicha entidad, no había nada que hacer, pues las convocatorias de subvenciones deben cumplir con las normativas vigentes.

De todas formas, le comunicó que su equipo analizarían la posibilidad de aprobar una nueva orden de bases reguladoras que reemplazara la emitida en 2017 y que estudiarían las posibilidades técnicas para introducir mejoras y buscar soluciones.

Aunque le quedaban esperanzas con el recurso de reposición, también fue en vano. Con una resolución fechada el 2 de octubre de 2023, se desestimó el recurso bajo el argumento, entre otros, de que “la convocatoria no afecta, siquiera tangencialmente, al derecho a la educación del que gozan los extranjeros en España, siendo únicamente un reconocimiento discrecional que realiza la Administración Pública una vez finalizados los mencionados estudios”.

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Además, señala que “la convocatoria de un premio a tesis doctorales se enmarca tras la finalización de las enseñanzas oficiales de doctorado, por lo que tampoco se restringe ni se limita el acceso, ejercicio y consecución de la titulación correspondiente a dichas enseñanzas oficiales”.

Días después, en un último intento por buscar apoyo de su universidad, Dayana decidió escribirles a otras autoridades de la institución, como el defensor institucional, quien le respondió que la universidad debía actuar de acuerdo con la norma y que no hallaba una vulneración de sus derechos. También la vicerrectora adjunta de Igualdad le dijo que valorarían enviar una comunicación para solicitar a la organización que lanzó la convocatoria que se replantearan los criterios de selección. Sin embargo, según Dayana, nunca enviaron nada. “Iba a tener que dar esta pelea absolutamente sola”, manifestó.

“Esta es una cuestión mínima de justicia y de igualdad”

Le faltaba una última carta: el defensor del Pueblo. Solo hasta el 9 de diciembre de 2024, dicha entidad le notificó a Dayana que había recibido la respuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en la que se comunicaba la aprobación de una nueva orden. A diferencia de lo establecido en la anterior orden, la nueva extiende la convocatoria a “las personas físicas de nacionalidad española o extranjera que hayan defendido su tesis doctoral sobre violencias contra las mujeres en cualquier universidad española”.

“Esta es una cuestión mínima de justicia y de igualdad. Esta convocatoria, además, no venía de cualquier otro ministerio o de una entidad privada, sino que, primero, venía de una institución pública y, luego, de la institución pública que tiene la tarea por excelencia de preservar la igualdad. Entonces, no tiene ningún sentido”, comentó la abogada.

Este año volvió a salir la convocatoria sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad, esta vez invitando a los extranjeros a participar en ella. Dayana aplicó como un último paso de la lucha que había emprendido por cerca de año y medio. Hace pocos días se publicó la resolución con las ganadoras, pero su nombre no estaba entre ellas. Aun así, Dayana considera que el verdadero premio fue abrir el camino para que más investigadoras latinoamericanas y extranjeras puedan participar en este tipo de convocatorias.

“Nunca fue para mí un plan, ni siquiera el poder presentarme, sino que siempre fue poder cambiar esa norma para que las que vienen tengan esa puerta abierta. Y para mí ese ha sido el premio más grande”, dijo.