La Consulta Popular Campesina busca llegar a las urnas: la apuesta por convertir la reforma agraria en una política de Estado
A través de esta iniciativa, el movimiento campesino colombiano busca consolidar los avances de la reforma agraria, convertirlos en una política de Estado permanente y evitar que, en el futuro, se impulse una contrarreforma.
Por: Valentina Giannini
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Este miércoles 12 de noviembre, más de 80 campesinos y campesinas presentaron en el Congreso de la República las cinco preguntas que harían parte de la Consulta Campesina, una iniciativa que busca el reconocimiento pleno de sus derechos como sujeto político, social y económico.
La propuesta es una respuesta a lo que consideran una falta de debate y acción en el Congreso frente a temas clave como la Jurisdicción Agraria, la financiación rural y la redistribución de tierras.
“Con esta consulta queremos que se vean reflejados nuestros derechos de una manera real, contundente y precisa. Que no haya más campesinos muertos por el derecho a la tierra. Sabemos que los campesinos somos los que sostenemos el país”, dijo Kathia Arias, lideresa del departamento del Atlántico.
Actualmente, el proyecto se acerca al millón de firmas y avanza en regiones como el sur de Bolívar, Cundinamarca, el Magdalena Medio, Huila, Caribe y Meta. A la jornada se sumaron congresistas, además de líderes rurales y representantes de organizaciones campesinas.
¿Qué es la Consulta Popular Campesina?
José William Orozco, líder de la Consulta Campesina en todo el país, explica que el objetivo principal de la iniciativa es “construir un mandato para lograr, por fin, la materialización de los derechos del campesinado”.
Respaldada por más de 1.200 campesinos y 800 organizaciones sociales de distintas regiones del país, nace desde las bases rurales y propone un camino democrático para que la ciudadanía decida sobre temas fundamentales, como el acceso a la tierra, la producción nacional y el reconocimiento del campesinado como actor clave en la construcción de paz y desarrollo.
El proyecto fue avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y se construyó colectivamente durante la Asamblea Popular Campesina, realizada en Bogotá entre el 30 y el 31 de agosto. En ese espacio confluyeron organizaciones campesinas, víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas y afrodescendientes, además de representantes del Gobierno nacional.
Los promotores de la consulta insisten en que la falta de acción institucional ha frenado los compromisos del Acuerdo de Paz relacionados con la reforma agraria. Manifiestan que esto ha impedido la adjudicación de baldíos, la formalización de títulos y la resolución de conflictos por límites y uso de la tierra, que siguen sin avances concretos.
Según Orozco, la consulta es una forma de mostrarle al país que los campesinos y las campesinas también pueden ser actores de cambio desde las urnas. “Queremos demostrar que nos podemos hacer entender dentro de estas iniciativas y empezar a quitar esos paradigmas que se generan, o que se han generado por muchos años, donde al campesino lo tildan como el más ignorante (…) Como campesinos también podemos leer, podemos estudiar, nos podemos asesorar y podemos sacar este tipo de iniciativas adelante”, dice.
“Los campesinos tomamos la iniciativa de salir y demostrarle a Colombia que sí podemos hacer una reforma agraria y una Consulta Popular Campesina. Hoy, ante los congresistas lo hicimos realidad, y estamos recolectando firmas para seguir siendo escuchados”, manifestó Luisa Fernanda Montaño, lideresa social del Magdalena Medio.
El apoyo de la Agencia Nacional de Tierras
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha acompañado la iniciativa desde su radicación. Su director, Felipe Harman, destacó que esta consulta “es una expresión legítima del campesinado para abrir un debate nacional sobre la propiedad, la restauración de tierras y la producción agraria”.
“La Consulta Campesina es un acto de resistencia, justicia y dignidad. Busca que la reforma agraria trascienda los gobiernos y continúe devolviéndole la vida al campo. Que la tierra esté en manos de quienes la trabajan, para producir alimentos, fortalecer la economía popular y garantizar el derecho a una vida digna”, afirmó Harman.
Según Orozco, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras han contribuido a la creación de “una mesa de diálogo”. “Nos han estado acompañando aquí en el proceso”, dijo.
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