¿Protección para los denunciantes de corrupción? Organizaciones piden avanzar en el proyecto de ley

El asesinato del abogado y veedor ciudadano Jaime Vásquez, el pasado 14 de abril, en Cúcuta, volvió a abrir la discusión sobre la necesidad de brindar protección adecuada a los denunciantes de actos de corrupción en el país.

Vásquez, quien recientemente hizo graves denuncias sobre el manejo de la salud en Norte de Santander, fue acribillado en el interior de una panadería por un sicario que lo persiguió por las calles del barrio La Riviera a bordo de una moto. El asesino le propinó tres disparos, y aunque el veedor alcanzó a ser trasladado con vida a una clínica, falleció momentos después.

Según se conoció, Vásquez, quien contaba con servicio de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2022, salió solo a la calle el día del crimen porque le había pedido a su escolta que se tomara el día de descanso. Esa situación, según señaló Yesid Barragán, director del sindicato de la UNP, en diálogo con El País, puede considerarse una falla porque no se designó un relevo para la escolta. 

¿Cómo proteger a los denunciantes? 

Para tratar que activistas como Vásquez puedan contar con apoyo y protección, el pasado 15 de marzo fue radicada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia del proyecto de ley con el que se busca proteger a los denunciantes de corrupción en Colombia. La intención principal de la iniciativa es salvaguardar la vida y los derechos fundamentales de quienes denuncian, así como crear condiciones adecuadas para la denuncia.

El proyecto de ley, identificado como el 291 de 2023, incorpora recomendaciones elaboradas por organizaciones sociales, así como estándares internacionales en la materia y el objetivo es poder incluir entre los beneficiados a una amplia diversidad de personas que denuncian, incluyendo a periodistas.

La ponencia, que tiene el respaldo de organizaciones civiles como Transparencia por Colombia y el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, entre otros, también ha sido apoyada por más de 8.500 firmas de respaldo ciudadano en la plataforma change.org.

El proyecto actual, presentado en el Congreso por el Gobierno Nacional y respaldado por una variedad de sectores políticos, es visto como una oportunidad crucial para avanzar hacia un marco legal específico que asegure una protección integral a los denunciantes.

La idea, sin embargo, no es nueva, pues desde hace más de 10 años diferentes propuestas de ese tipo han naufragado en el Congreso. Esta vez, sin embargo, según los impulsores, al ser respaldado por diferentes sectores políticos, podría por fin avanzar y recibir el apoyo necesario.

El proyecto tiene las firmas de del propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, y de los representantes María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), David Ricardo Racero (Pacto Histórico), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Andrés David Calle (Partido Liberal), Armando Zabaraín (Partido Conservador) y la senadora Gloria Flórez (Colombia Humana).

"La importancia de este respaldo radica en que quienes denuncian la corrupción en Colombia—servidores públicos, líderes sociales, periodistas, veedores ciudadanos, mujeres, entre otros— se exponen a riesgos psicológicos y económicos, acoso laboral, persecuciones legales e incluso ataques físicos que amenazan sus derechos fundamentales y los de sus seres queridos, así como los intereses de la comunidad en general", señaló la corporación Transparencia por Colombia, que, además, hizo una serie de recomendaciones para el primer debate de la iniciativa legislativa.

La protección integral a los denunciantes de corrupción que ha sido acogida en la ponencia que será discutida en los próximos días en la Cámara de Representantes implica, por un lado, un enfoque que reconoce de forma amplia y completa los riesgos que enfrentan las personas que denuncian o alertan sobre actos de corrupción y, por otro, el reconocimiento del valor de la información contenida en sus denuncias para proteger los intereses públicos.

Para los promotores, las denuncias hechas ante las autoridades, al igual que las alertas públicas, son fundamentales para identificar, investigar y, en última instancia, sancionar los actos de corrupción. Pero, en muchos casos, la falta de garantías de protección puede desincentivar la denuncia y hacer que más actos de corrupción queden impunes.

"Sin protección no hay condición para la denuncia"

Entre las recomendaciones hechas por Transparencia por Colombia están la inclusión de un concepto amplio de “denunciante” que permitiría extender la protección tanto a alertadores como denunciantes del sector público y privado. También la consideración de medidas integrales de protección que atiendan cada uno de los riesgos, el reconocimiento de la importancia de las denuncias anónimas y confidenciales, para garantizar la protección de la información personal de quien denuncia; y la importancia de implementar un enfoque diferencial que asegure un acceso equitativo a la protección, considerando las particularidades de cada caso y los riesgos específicos, por ejemplo, cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.

La organización también considera de vital importancia que los periodistas sean contemplados como sujetos de especial protección, debido a su papel esencial en la divulgación de información sobre actos de corrupción y los riesgos que esto conlleva.

Algunos temas relevantes tendrán que ser definidos en la discusión del proyecto, como los tiempos razonables para la provisión de protección, la financiación y establecimiento de un régimen sancionatorio más severo contra los actos de retaliación.

“Sin denuncia, no hay investigación de la corrupción, pero sin protección no hay condición para la denuncia. Nos encontramos en un momento crucial para avanzar en la creación de un marco normativo e institucional que proteja a los denunciantes. Instamos a nuestros líderes políticos y a las autoridades competentes a que avancen con determinación en la discusión y aprobación de esta ley”, afirmó Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad CiviI.

Por el crimen de Vásquez, las autoridades departamentales de Norte de Santander anunciaron  una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que sirva para la captura de los responsables de su muerte. Sin embargo, muchos temen que, como otros casos, este asesinato quede impune y sus denuncias en el aire.