¿Qué riesgos genera la cédula digital?
Crédito: Fotoilustración de Yamith Mariño
La cédula digital, que ya usan más de un millón de colombianos y que en los próximos años será obligatoria, es uno de los proyectos insignia de la Registraduría. Aunque se han resaltado sus ventajas, muy poco se ha hablado de los riesgos que representa en materia de datos personales y de la violación a los derechos humanos.
Desde el año pasado la Registraduría viene promoviendo la cédula digital como reemplazo de la cédula física tradicional. Sin embargo, aún hay desconfianza entre quienes piensan que el nuevo documento acarrea ciertos riesgos para la privacidad y el tratamiento de datos personales.
Según datos oficiales, a corte de diciembre de 2022, más de un millón de colombianos habían tramitado la cédula digital y se espera duplicar esa cifra en 2023. Por ello, la Registraduría tiene en marcha una robusta campaña de comunicaciones promoviendo la masificación del nuevo documento.
La cédula digital, básicamente, evita la suplantación de identidad y los intentos de fraude y, además, elimina la necesidad de las fotocopias ampliadas y aceleran los trámites. No obstante, no ha estado exenta de críticas, principalmente por el costo (55.000 pesos, aunque cuando sea obligatoria, será gratuita), y por la baja aceptación de este documento tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Las denuncias en redes sociales se resumen en que la mayoría de las empresas de telefonía celular o entidades bancarias, por ejemplo, todavía no aceptan la cédula digital como un documento válido de identificación.
Más allá de la aceptación, hay una preocupación que tiene que ver con la protección de los datos personales y de la identidad digital de los ciudadanos.
Cédula digital: ¿qué problemas tiene la identificación biométrica?
Para activar la cédula digital, el ciudadano debe descargar la aplicación móvil oficial en su celular o tableta y su rostro tendrá que ser reconocido por la cámara del dispositivo para validar su identidad; es decir, funciona con identificación biométrica.
Este mecanismo de reconocimiento facial convierte los rasgos de la cara de una persona en una especie de huella dactilar. Los datos de identificación facial de cada colombiano serán recolectados por la Registraduría.
Si bien lo anterior garantiza mayor seguridad sobre el documento, organizaciones como la Fundación Karisma han alertado sobre los riesgos de un inadecuado manejo de la imagen de una persona, pues la cara también hace parte de sus datos personales sensibles.
Según esta organización civil, dedicada a la protección de los derechos humanos en el mundo digital, a través de la nueva cédula la Registraduría consolidará una base de datos con la huella facial de cada persona, lo que servirá, entre otras cosas, para poder comparar lo recolectado con imágenes que se capten a través de una cámara y así identificar a cualquier individuo.
Esta situación es particularmente problemática en escenarios como los de una protesta social, durante los cuales la Policía o cualquier otro organismo de seguridad del Estado podrá hacer perfilamientos con mayor nivel de sofisticación.
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“A pesar de que el reconocimiento facial se ha promocionado como la solución para la identificación digital, agilización de trámites y reducción del fraude, estos sistemas han sido ampliamente criticados por las afectaciones que pueden tener sobre derechos humanos como el derecho a la privacidad, a la libertad de movilidad y reunión y a una vida libre de discriminaciones”, se lee en uno de los informes elaborados por la Fundación Karisma sobre el tema.
Precisamente, una de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después del paro nacional en 2021 fue la de avanzar en la garantía del derecho a la libre expresión y la protesta y evitar la detención arbitraria y el perfilamiento de manifestantes.
La alerta también se fundamenta en experiencias de otros países. Por ejemplo, en abril de 2021 Amnistía Internacional denunció que la policía de Rusia había capturado a varias personas que participaron pacíficamente en las protestas de apoyo al opositor Aleksei Navalny utilizando el reconocimiento facial. Incluso, tres periodistas que cubrían el evento también fueron retenidos porque sus rostros fueron identificados entre la multitud.
Algo similar ocurrió en 2015 durante las protestas contra la violencia racial en Baltimore, Estados Unidos, donde la policía estatal utilizó el reconocimiento facial para comparar fotos de redes sociales con las recolectadas en las manifestaciones e identificar a varias personas que participaron.
Un estudio realizado en 2016 por el Centro de Privacidad y Tecnología de la escuela de Derecho de Georgetown encontró que 26 estados utilizan software de reconocimiento facial y echan mano de las fotos de las licencias de conducir para identificar ciudadanos. Y eso que en Estados Unidos no existe algo parecido a la cédula digital. El reporte concluyó que más de 150 millones de ciudadanos norteamericanos pueden ser identificados por una cámara de seguridad.
Dos años después se desató otra polémica cuando se conoció que las agencias federales tenían planes de usar un programa de reconocimiento facial de Amazon para identificar migrantes indocumentados en lugares públicos usando cámaras de seguridad. El hecho desató una ola de críticas por parte de activistas defensores de los derechos civiles.
La ciberseguridad: otra preocupación sobre la cédula digital
Además de las amenazas a la privacidad y las libertades, otra de las preocupaciones sobre la cédula digital es la seguridad de los datos que custodiará la Registraduría. En los últimos dos años se han demostrado las profundas fallas en materia de ciberseguridad que tienen las entidades públicas y privadas en Colombia.
Casos de alto impacto nacional como el ataque cibernético a Sanitas o el robo de cinco terabytes de información a la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que Colombia es uno de los nuevos blancos predilectos de piratas informáticos por los bajos estándares de seguridad.
El pasado 27 de enero, el senador David Luna realizó una audiencia pública a la cual se citó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a representantes de la Policía Nacional para discutir la situación de ciberseguridad del país. En el encuentro, se reconoció la necesidad de mayor fuerza laboral, capacitación y recursos para fortalecer la defensa ante los ataques de hackers nacionales e internacionales. Además, se planteó la posibilidad de crear una agencia nacional de ciberseguridad que coordine y articule los esfuerzos para reaccionar y prevenir ataques informáticos.
Según datos de la empresa de ciberseguridad Fortinet, en el primer semestre de 2022 hubo más de 6.000 millones de intentos de intrusión en el país, un 70 por ciento más que en el mismo periodo de 2021. De esta manera, Colombia está en el top 4 de países más atacados en América Latina junto con México, Brasil y Perú.
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De llegarse a vulnerar la información de la cédula digital, las implicaciones serían de extrema gravedad, pues en cuestión de horas serían puestos en venta en mercados de la web profunda datos sensibles como la imagen de una persona. Por ello, las garantías de cibeseguridad de la Regustraduría deben ser las más altas posibles, para evitar filtraciones como las sufridas por el Ejército Nacional y el Invima.
