Alexander Vega habría falsificado su experiencia laboral para llegar a la Registraduría
Crédito: Colprensa
La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que el registrador nacional utilizó supuestas empresas familiares fantasma para acreditar experiencia laboral y llegar a su cargo. Esta es la historia.
El trámite del nuevo Código Electoral le ha traído varios dolores de cabeza al Gobierno de Gustavo Petro que finalmente tuvo que retirar el mensaje de urgencia al proyecto por la presión de las bancadas en el Congreso.
Los reparos de los legisladores hacia la reforma de las reglas electorales no solo han estado dirigidos hacia su contenido y el poco tiempo que quería el Gobierno para su discusión, sino por la figura del registrador nacional, Alexander Vega, quien es uno de los autores del proyecto.
Para profundizar
La bancada de la Alianza Verde ha sido la más crítica con Vega por lo que impulsaron que no se discutiera el proyecto en la presente legislatura. Congresistas como Ariel Ávila y Catherine Juvinao han hecho duros señalamientos contra el registrador y este primero de diciembre, Juvinao reveló documentos que probarían que el registrador presentó experiencia laboral falsificada para llegar a su cargo.
Cambios sorpresivos en las reglas
En la intervención que hizo la representante Juvinao ante los medios de comunicación, dijo en primer lugar que Alexander Vega no podía ser nombrado por el Congreso como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una sanción que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación. Pero, 14 días antes, el Ministerio Público decidió levantarle la sanción a Vega, según la congresista, como un favor personal de Alejandro Ordóñez al hoy registrador.
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"En apenas tres semanas, el exprocurador Alejandro Ordóñez le revocó la sanción", dijo Catherine Juvinao.
Con su llegada al CNE, Vega habría iniciado su campaña para llegar a la dirección de la Registraduría y en esa entidad se decidió modificar varios requisitos para ser elegido registrador. Según dijo Juvinao, los puntajes y valoraciones de algunos aspectos se modificaron de la siguiente manera:
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"La experiencia, que antes valía 500 puntos, bajó a solo 90 puntos (…) los posgrados bajaron de 100 puntos a 90 y quitaron el puntaje a la docencia".
Además, según la congresista, sorpresivamente se eliminó el requisito que exigía que los diez candidatos cuyos perfiles se pondrían a consideración en el Congreso tuvieran acumulados mínimo 500 puntos, se eliminó, algo que le abrió la puerta a Vega, quien no tenía el puntaje suficiente.
La dudosa experiencia laboral del registrador
Sumado a las denuncias por los cambios en puntajes y filtros, Juvinao también reveló que Alexander Vega presentó dos certificados laborales para acreditar su experiencia profesional.
Estos certificados son de las empresas Vega e Hijos Ltda. y Martínez Vega y Asociados, en las que Vega aseguró que trabajó como asesor jurídico. Ambos certificados fueron firmados por el señor Campo Elías Vega Goyeneche, padre del registrador.
Vega Goyeneche fue condenado en 2015 por comprar votos a favor de Wilson Ladino Vigoya, quien aspiraba a la Gobernación del departamento de Vaupés en 2004.
La comercializadora Vega e Hijos Ltda. entre 1998 y 2008 solo tuvo activos por 500.000 pesos y ningún movimiento contable. Además, tampoco reportó un solo trabajador contratado. Esto, para Juvinao demuestra que es una “empresa fantasma”.
Así mismo, esta empresa después de 2015 pasó de tener activos por medio millón de pesos a un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos.
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“A partir de 2015, hay un salto en los activos de la empresa y en el patrimonio (...). Esto podría ser explicable solo si son una familia adinerada que tiene múltiples empresas. Ese no es el caso de la familia Vega Rocha", dijo Catherine Juvinao.
En el caso de Martínez Vega y Asociados, la congresista dijo que esta empresa no tuvo movimientos contables durante todos los años en los que Vega dijo haber trabajado allí.
Por ahora, el registrador no se ha pronunciado sobre las denuncias y sigue siendo uno de los funcionarios más cuestionados por parte de la mayoría de fuerzas políticas con representación en el Congreso.
