El cerro La Mena y una sospechosa trituradora: la historia de una explotación minera ilegal en un condominio de Sucre
Imagen aérea de la cantera denunciada como ilegal por la comunidad de Toluviejo.
Crédito: Cortesía
Habitantes de Tolú Viejo denuncian que "un proyecto de venta de lotes se está usando como fachada para extraer materiales". El exalcalde de Sincelejo Jacobo Quessep, señalado de hacer parte del negocio, niega cualquier vínculo y dice que detrás de los señalamientos están los terratenientes mineros.
Por: Rainiero Patiño M.
La panorámica es de devastación. En la imagen tomada por el dron, el cerro es como un gran pastel al que un niño emocionado arrancó un tajo con un cuchillo. El hueco se ve color crema, entre arbustos de verde claro, típicos de esta zona de la sabana sucreña. Es la vista aérea de una explotación minera ilegal que está arrasando con un sector del cerro La Mena, en el margen izquierdo de la vía Sincelejo-Toluviejo, sin que las autoridades hagan nada.
El negocio ilegal, según las denuncias de los habitantes del sector, está relacionado con el exalcalde de Sincelejo Jacobo Quessep. El político, sin embargo, niega rotundamente cualquier vínculo.
Más arriba, en el cerro, un buldócer remueve la tierra y dos máquinas retroexcavadoras alzan su largo brazo para dejar caer el material sobre las volquetas que esperan ser cargadas. Algunas tienen hasta 20 toneladas de capacidad. Se usan para bajar las piedras que luego, ya procesadas, se llevan a un centro de acopio cercano, el cual, dicen los denunciantes, “queda dentro de otro condominio que se construye a cuatro kilómetros en el corregimiento El Floral, llamado Riviera La Esmeralda”. Este proyecto, señalan los denunciantes, “es propiedad del exalcalde Quessep”. Allí, indican, se usa el material para levantar la propia obra y se comercializa para negocios de los departamentos de Córdoba y Sucre.
La explotación minera funciona, explica la denuncia y corroboró CAMBIO, “desde hace cuatro años dentro del condominio, sin licencia ambiental de Carsucre y sin título minero de la Agencia Nacional Minera (ANM)”. Lo que es evidente es que decenas de volquetas salen cargadas con piedra caliza de distintos tamaños; y que ahí mismo existen varios puntos de extracción.
¿Qué dicen las autoridades?
Los pesados vehículos pasan todos los días frente a los uniformados de la Policía Nacional, que tienen su puesto de control en el peaje La Esperanza, a pocos metros de una vía artesanal alterna, construida para que los camiones evadan el cobro de la caseta de la autopista.
Todo sucede a solo nueve kilómetros de Sincelejo y a un lado de la carretera, que hace parte de la concesión de Autopistas de la Sabana, una importante vía que conecta a la capital de Sucre con las poblaciones de Palmira y Toluviejo. Es decir, a la vista de todos.
Desde hace meses, los líderes de la comunidad han denunciado la situación a las autoridades, como Carsucre, la Secretaría de Planeación de Toluviejo y a la Policía, que, dicen, no han prestado atención. Además, varios de los habitantes han sido amenazados por atreverse a denunciar.
Consultada por la salida y paso de camiones a un lado del peaje, Autopistas de la Sabana indicó que, “a la altura de la Estación La Esperanza, un predio privado está siendo utilizado para eludir el pago de la tarifa”, por lo que “adelantaron una serie de actuaciones judiciales y administrativas con el fin de evitar esta práctica, dentro de las cuales se encuentran: la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, así como la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio ante la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Minería. Pero, a la fecha, la concesión no ha recibido una respuesta formal por parte de las autoridades mencionadas”.
En otro de los videos, divulgado por la comunidad hace tres semanas, se ve a seis hombres que caminan delante y detrás de una máquina trituradora gigante, llevada a paso lento hacia el interior de otra cantera en el sector de la Oscurana, en el mismo municipio. Es una escena un poco irreal: imagine una figura tipo Transformers, arrastrándose por una vía destapada de un pequeño pueblito, en medio del polvo, mientras varias personas empujan hacia arriba los cables de energía para que la máquina no los tumbe.
“Las bestias que van a acabar con el cerro. Lo que no han hecho los toluviejanos en años, lo va a hacer esto”, dice la voz de una de las personas que graba. Detrás de la máquina va una camioneta negra marca Mitsubishi, que según la comunidad es pieza clave en las evidencias del caso.
Sobre la autopista está instalada una valla que promociona la venta de lotes del condominio. Un paisaje hermoso al pie de la carretera y con una buena oferta de amenities para los compradores. Pero, según las voces de la comunidad, el proyecto “es usado como fachada para tener la explotación minera”.
CAMBIO habló con Estefanía Correa Muñoz, quien en diálogo telefónico con este medio se identificó como representante del condominio, y negó cualquier vínculo con la explotación minera ilegal.
Según Correa, estas acusaciones “provienen de gente chismosa del pueblo que les quieren hacer daño” y que “además, ellos lo único que han hecho es dar oportunidades de trabajo y desarrollo a la gente del pueblo”. Sobre la señalada legalidad de la cantera, también insistió en que no tenía “nada que ver con eso”.
Según el certificado de Cámara de Comercio actualizado y obtenido por CAMBIO, desde 2021 Correa aparece como representante legal de la empresa Agreconst Inversiones S.A.S, una compañía dedicada a actividades inmobiliarias y cuyo sitio de operación concuerda con la ubicación del condominio y está justo pegado a la cantera.
A pesar de la negación de Correa, los líderes de la comunidad insistieron “en que el proyecto no tiene licencia urbanística de la Alcaldía, ni de la Secretaría de Planeación de Toluviejo; y que "dentro del condominio se ha expandido la minería hacia el cerro”. La situación se agrava porque el cerro La Mena es una zona de protección ambiental y de importancia ecológica, hábitat de flora y fauna especial.
“Todo esto funciona con la complicidad de la comandancia de la Policía Vial y de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar) y de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), que es la autoridad ambiental. Es decir, tienen cuota diaria de pago por la explotación minera, que mueve ventas por más de 50 millones diarios”, señalaron los líderes.
La denuncia dice que hasta hace poco Quessep tenía "maquinaria con la que explotaba un área de la cantera y ahí mismo le procesaban su material”. Pero, “con la nueva trituradora que compró, ahora mudó su operación al sector de la Oscurana”.
El exalcalde negó cualquier vínculo con la extracción ilegal y le dijo a CAMBIO que nunca ha participado en ningún tipo de comercio de material minero. “Seguramente, se trata de un ataque político en su contra”, afirmó.
Pero, como prueba de su relación con la cantera, los habitantes de Tolú Viejo tienen un video y fotografías que muestran que la placa de la camioneta negra marca Mitsubishi que escoltaba a la trituradora es la misma en la que se moviliza a diario el exalcalde y que, habitualmente, está parqueada en la puerta de su lujosa casa en el barrio Venecia, en Sincelejo. En otra de las fotos se ve el vehículo muy sucio, cubierto de arena amarilla. “Viene casi que a diario a la cantera en la misma camioneta”, señalan los denunciantes.
"Quieren silenciar a los artesanos mineros"
El exalcalde Quessep le dijo a CAMBIO que los señalamientos en su contra buscan “silenciar la lucha de los artesanos mineros de Toluviejo”, y la intención de estos de legalizar su trabajo e impedir que accedan a zonas especiales de exploración.
Quessep añadió que estas acusaciones en su contra son “denuncias infundadas, desinformación y persecución”, porque en Toluviejo “un reducido grupo de personas concentra los títulos de explotación minera, lo que afecta la calidad de vida de aproximadamente 3.000 ciudadanos o 500 familias que han dependido históricamente de la minería artesanal”.
“No es justo que diez familias millonarias tengan más derechos que 500 familias pobres. Se debe iniciar una lucha para que se les permita organizarse, legalizarse y trabajar en paz, dentro del marco de la ley”, agregó el líder político.
Quessep, además, pidió destinar espacios dentro de los títulos legalizados para que esas familias puedan ejercer su labor de manera legal o se les otorgue un título especial para su derecho al trabajo. El exalcalde también dijo que celebra la visita de la Comisión Quinta del Senado, que discutirá en los primeros días de marzo. “Ojalá tome decisiones a su favor”, afirmó.
Al ser consultada, la dirección de Carsucre le confirmó a CAMBIO que sobre el proyecto fue abierto, en 2019, un proceso sancionatorio, no solo por la trituración ilegal y la explotación minera, sino porque también se encontró una tala ilegal de árboles, cometida en una zona que tiene restricciones ambientales. Debido a esto, se llevó a cabo un procedimiento de notificación e infracción, junto a la Policía Nacional.
La autoridad ambiental, además, estableció que el proyecto no contaba con permiso para desarrollo de expansión urbana familiar, porque no se podía construir allí, al ser una área protegida.
En resumen, tal como lo denuncia la comunidad, la autoridad ambiental halló que el proyecto no tenía título de explotación minera, ni licencia ambiental y que no tenía permiso para la urbanización. Todo quedó consignado en el expediente número 623 de Carsucre y la medida de cese de actividades fue decretada en 2023.
Y lo más grave, según lo dicho por Carsucre, es que la sanción fue notificada ante la alcaldía del municipio y la Policía Nacional, que son las autoridades competentes para hacer efectivas las medidas. Sin embargo, parece que ninguno de los dos se dieron por enterados.
El cráter sobre el cerro crece. Ya es tan grande que cualquier persona que transite por la vía hacia el mar del Golfo de Morrosquillo, saliendo desde Sincelejo, puede ver la devastación, mientras tres buldóceres y cuatro retroexcavadoras siguen cavando. Unas fotos tomadas con un dron muestran que esta maquinaria sería la misma que trabaja en la ampliación de los lotes.
A pocos metros de los buldóceres, dos megatrituradoras de rocas sacan piedras de distintos tamaños. Esta operación, “según cuentas no oficiales, estaría generando millonarios ingresos diarios; además, como ilegales, no pagan ninguna clase de impuestos ni cumplen con ningún requerimiento ambiental o minero”, añaden los denunciantes.
Mientras las máquinas trabajan sin control, los denunciantes esperan que sus reclamos sean escuchados y que el cerro La Mena no siga siendo destruido ante la mirada “ciega de todos”.
