¿Violación a la autonomía universitaria? Orden del Gobierno a Universidad Nacional de nombrar rector encargado agita la crisis

La crisis de la Universidad Nacional parece una vorágine de decisiones controversiales, incertidumbre y un pulso de poder en el máximo órgano de decisión de la universidad más grande del país. El proceso de designación de rector se convirtió en una disputa en la que el Gobierno nacional trató de mediar, pero con el paso de los días se convirtió en otro actor de la novela.

Los hechos más recientes en la crisis vinieron por decisiones del Ejecutivo. Primero, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se declaró impedida para ejercer vigilancia en el proceso de designación de rector, pues no puede ser vigilante y vigilada al mismo tiempo. Por ello, el presidente Petro expidió un decreto en el que nombró a Juan David Correa, ministro de las Culturas, como ministro ad hoc.

La primera decisión de Correa fue ordenar al Consejo Superior Universitario (CSU) sesionar de manera extraordinaria en un término no mayor a 24 horas, plazo que se cumple este 16 de mayo. El día coincide con la conmemoración de los hechos del 16 de mayo de 1984, cuando la fuerza pública ingresó al campus de Bogotá, reprimió una protesta estudiantil y asesinó a un número todavía indeterminado de estudiantes.

La designación de un rector encargado y no posesionar formalmente a Ismael Peña ya se veía venir en el Consejo Superior Universitario. En una sesión anterior, tres consejeros rompieron el quórum para evitar que esto sucediera. “Nos querían inducir a cometer un delito”, dijo Diego Torres, representante de los profesores ante el CSU.

Luego, se citaron tres sesiones más en las que no se pudo resolver el lío de la elección del rector, pues el Gobierno no quiere firmar el acta de posesión de Ismael Peña, quien de todas formas ya ejerce como rector, pues se posesionó en una notaría de Bogotá. “Era mi deber hacerlo”, le dijo Peña a CAMBIO, y agregó: “no es un deseo de aferrarme a un cargo, es un deseo de defender la autonomía universitaria”.

Justamente, la autonomía universitaria es el concepto que está hoy en disputa en la opinión pública sobre la crisis de la Universidad Nacional. La intervención directa del Gobierno dando una orden al CSU dividió las opiniones sobre hasta dónde puede llegar su autoridad y hasta dónde la autonomía de la Nacional.

El profesor y constitucionalista Rodrigo Uprimny explicó que "la autoposesión de Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy entonces rector en la Universidad Nacional. Por eso, el nombramiento de un rector encargado por el CSU es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía de la Nacional".

Para Estanislao Escalante, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, "la forma como está concebido el acto administrativo del ministerio no vulnera la autonomía universitaria, busca que el máximo órgano de gobierno de la Nacional resuelva un problema que es real y está afectando a toda una comunidad académica". 

Por su parte, David Sánchez, estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Nacional, opinó que: "la autonomía universitaria adquiere contenido y sentido, siempre que esté en la vía de proteger la esencia de la universidad pública; democrática y con sentido social".

El consejero del CSU, Diego Torres, dijo: “hoy comienza la toma de la Universidad Nacional y la muerte de la autonomía universitaria, todo por la ambigüedad de la ministra Aurora Vergara”. La posición de Torres representa la de una parte de los profesores de la Nacional. Algunos han dicho que si se nombra un rector encargado optarán por la desobediencia civil.

"Si hay intervención del gobierno para poner un rector y violar la autonomía universitaria, me declaro en desobediencia civil y no dicto clase", dijo el profesor Oscar Mesa.

Incluso, ya se radicó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la primera demanda en contra de la resolución para ordenar el nombramiento de un rector encargado. La acción fue interpuesta por el abogado y egresado de la Universidad Nacional, Germán Calderón España.

Según la Constitución, en su artículo 65, “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Este mandato de la carta política se desarrolla en la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio de educación superior en Colombia.

En la norma se especifica que las instituciones universitarias, públicas o privadas, pueden elegir sus propias autoridades académicas y administrativas según sus estatutos.

Así lo hizo el CSU el pasado 21 de marzo, cuando designó a Peña como rector atendiendo al reglamento que fija la normativa interna de la Universidad Nacional. Por lo menos, ese fue el concepto de la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, otros sectores argumentan que, según el Estatuto General de la Universidad Nacional, esta se rige por los principios constitucionales de participación y transparencia, por lo que el desconocimiento de la consulta y la votación secreta mediante la cual se designó a Peña habría violado la normativa interna de la Nacional.

Aquí parece ubicarse la postura del Gobierno nacional. En la resolución del ministro ad hoc, Juan David Correa, se afirma en primer lugar que “la autonomía universitaria no es una potestad absoluta y que tiene límites legítimos”. El argumento se soporta con jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El ministerio también dice que la designación de Peña tiene serios cuestionamientos jurídicos y por ello se ha visto afectada la prestación del servicio en la Universidad Nacional. Esto lo autorizaría a ejercer su función de inspección y vigilancia suprema contenida en la Ley 30 y la Ley 1740 de 2014.

“El Ministerio de Educación podrá verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos”, dice parte de la Ley 1740 de 2014.

Por ahora, no se sabe quién será el rector encargado por el CSU. El Gobierno tiene mayorías en ese órgano con cuatro votos de siete. Sin embargo, no hay nada definido en una crisis que está lejos de terminar.