¿Por qué se aplazó la nueva imputación de cargos en contra de Nicolás Petro?

El juzgado 6 de garantías de Bogotá accedió a la solicitud del abogado Pedro Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, y aplazó la diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento que estaba prevista para este miércoles primero de octubre. Hace unas semanas el abogado Carranza había solicitado al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla la reprogramación de la diligencia con el argumento de que esta debía realizarse después del 8 de noviembre de 2025, con el fin de garantizar el derecho a la defensa efectiva y evitar lo que calificó como un escenario de “indefensión material”.

En el escrito, Carranza argumenta que desde el pasado 8 de septiembre había advertido que su agenda estaba copada y que, por tanto, solicitaba a la Fiscalía que cualquier diligencia fuera fijada después del 8 de noviembre. Sin embargo, el 12 de septiembre fue notificado de la programación de la audiencia para el 1 de octubre, “desatendiendo la advertencia de agenda realizada con antelación a la fijación de la fecha y con la radicación del poder, lo que compromete la posibilidad real de contradicción”.

El abogado anexó varios compromisos que coinciden con la fecha de la audiencia: la presentación de alegatos de conclusión en un proceso en el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá, en el que representa a la víctima presidente Gustavo Petro; citas médicas con especialistas; y comparecencias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “Estas diligencias programadas con antelación impiden la asistencia efectiva como defensor […] y crean un riesgo real de indefensión”, sostuvo Carranza.

La defensa recordó que la Constitución y la Ley 906 de 2004 permiten aplazar audiencias cuando hay causas justificadas que afectan el derecho de defensa. Además, citó jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sustentar que las garantías procesales deben ser reales y no meramente formales. En consecuencia, pidió que la audiencia sea reprogramada para la semana del 10 al 14 de noviembre o la del 18 al 21 de noviembre de este año.

Pero un punto clave. El abogado de Petro asegura que es necesario que esa nueva audiencia se haga después del 9 de noviembre porque es en esa fecha que se sabrá si se declara ilegal el celular de Day Vásquez como prueba de la Fiscalía, luego de que este lo solicitara. 

Además, asegura Carranza, es exagerado que ese proceso se solicite con medida de aseguramiento y es una prueba, a su juicio, de que está siendo manejado políticamente.

“Nicolás Petro permanece en libertad y no hay información de que haya tratado de fugarse o tenga antecedentes de querer hacerlo. Ha ido a todas las audiencias, no hay riesgo de fuga. No ha salido hablando de los testigos de la Fiscalía, así que no hay riesgo para la comunidad. No ha escondido evidencia, tampoco hay obstrucción a la justicia. Entonces, no hay por qué pedir una medida de aseguramiento. Lo que esperamos es que la Fiscalía esté avanzando en igual sentido en las investigaciones, pero contra los verdaderos responsables de ese proceso de contratación del Atlántico como lo son la mamá de Daysuris del Carmen, que era la encargada de la contratación de esa fundación, y la gobernadora Elsa Noguera, como responsable del gasto”, dijo.

Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, ya enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a raíz de los millonarios ingresos que, según la Fiscalía, no pudo justificar en 2022. Ahora, se enfrenta a uno nuevo, que no se ha podido materializar en los juzgados, por supuesta corrupción en ese departamento.