Exclusivo: presunto detrimento fiscal de la UNGRD superaría los 250.000 millones de pesos

“La Unidad de Gestión de Riesgo es un desastre”. Así calificó el contralor general de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga, los hallazgos de ese organismo en la entidad que ha sido considerada como el eje de la corrupción en este y otros gobiernos y que hoy tiene en la mira a varios funcionarios, políticos y empresarios del país.
 
Zuluaga, en diálogo exclusivo con CAMBIO, fue enfático en advertir que la UNGRD es una oficina proclive a violar los principios y procedimientos de la contratación y que la situación es tan grave que se están estudiando procesos que han comprometido cerca de 5 billones de pesos en los últimos cuatro años en los que presuntamente se han presentado todo tipo de irregularidades. 

CAMBIO conoció el resultado de los primeros informes que el ente de control ha emitido en la investigación que se está adelantando contra la UNGRD y que muestran altísimos sobrecostos y concentración de los contratos. Uno de los temas que más preocupa es la compra o alquiler de carrotanques para suministrar agua en varias regiones del país, con la que se habrían desviado miles de millones de pesos. 

“Encontramos que en la unidad hay enquistado un esquema de contratación que favorece a terceros, a unos contratistas que no ejecutan adecuadamente y hay una modalidad de sobrecostos en casi todos los procesos. Por eso declaramos estos hechos de impacto nacional y hoy están todos siendo investigados por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría”, manifestó Zuluaga. 

Por supuesto, aclara el contralor en funciones, la situación se viene presentando desde hace varios años y los hechos actuales son reflejo de una conducta sistemática en la entidad. La Contraloría encontró que no solo los contratistas y la modalidad de contratación eran las mismas desde hace más de cuatro años, sino que hasta los tipos de giros y la forma en la que se legalizan anticipos y pagos eran iguales. Por eso se decidió echar para atrás y hacer una revisión completa.

“La concentración de contratación ha estado en las últimas cuatro vigencias en manos de tres grandes contratistas que se han quedado con gran parte de los recursos y que todavía siguen siendo ejecutores de proyectos siniestrados. Esas empresas, en su mayoría, están en cinco departamentos del país”, agregó Zuluaga. 

Encontrar todo lo que han hecho con la UNGRD y cómo la han desangrado no es fácil por la forma en la que se entregan los recursos, pero también por cómo han querido esconder todo. El contralor en funciones reveló que en febrero de este año se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se habían perdido 2.500 cajas de expedientes físicos que contenían información sobre la contratación en esa entidad. 

“Esto seguramente hace parte también de la forma en que han buscado hacer invisible los errores, la corrupción o las dificultades que han tenido para poder tener en orden los procesos en una entidad que desafortunadamente no ha podido esclarecer ni la forma en la que contrata ni ha evidenciado resultados concretos”, señaló.

El caso de los carrotanques 

Fue justamente por los problemas con los carrotanques que Colombia conoció lo que estaba pasando en el interior de la UNGRD. Tras las revelaciones de los medios de comunicación, la Contraloría les siguió el rastro a esos procesos y ya ha logrado detectar que el valor de la contratación para ese rubro, solo en un año, se incrementó en más de 700 por ciento ya que en los últimos cuatro años se pagaba en promedio entre 4.000 y 6.000 millones de pesos y la cifra este año subió a 37.600 millones de pesos. 

Aunque el primer caso que se conoció fue el del contrato de esos vehículos en La Guajira, la Contraloría ha encontrado que se han entregado procesos similares en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Boyacá, Sucre y Valle del Cauca, entre otros.  

Por ejemplo, de los 37.600 millones de pesos que se adjudicaron este año para llevar agua potable a las zonas que no cuentan con ese recurso, 22.000 millones de pesos se quedaron en la empresa Maquisabana Rentall SAS que ganó cuatro contratos: Uno en Córdoba por 6.500 millones de pesos, otro en Bolívar por 9.500 millones de pesos, en Sucre uno más por 5.296 millones de pesos y, finalmente, obtuvo el negocio en Valle de Cauca por el que le dieron 1.300 millones de pesos. 

El nombre de Maquisabana Rentall ya había aparecido en la prensa justamente por el contrato que se ganó en Córdoba. Allí, según el diario El Meridiano, la empresa alquiló los carrotanques por tres meses y cada uno tuvo un valor de 73 millones de pesos, aunque no estaban nuevos y, por el contrario, algunos tenían infracciones de tránsito que superaban los 13 millones de pesos. 

Los periodistas de Caracol Radio, Melquisedec Torres y Diana Saray, revelaron también que esa empresa fue creada en Sabana de Torres en Santander el 27 de abril de 2023 y fue matriculada un mes después con un capital de solo 5 millones de pesos. Además, la representante legal de la compañía es Marilyn Dajana Cadena, esposa de Fabián González, amigo personal del subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien justamente fue alcalde del municipio donde se creó Maquisabana. 

Según reportó El Meridiano, la empresa podría ser de papel, pues al revisar el domicilio registrado, encontraron que es una casa de familia.  

Pues bien, lo que ahora revela la Contraloría es que esa empresa, bendecida por Sneyder Pinilla, no solo se ganó un jugoso contrato en Córdoba sino en otros departamentos del país días después de que Pinilla llegara a la Unidad de Gestión de Riesgo. Esa compañía, para la Contraloría, sería la más beneficiada por el valor de los contratos de los carrotanques. 

En el año 2023 la situación no fue distinta. En esa vigencia se adjudicaron contratos para la adquisición de carrotanques a la Corporación Mixta Integral Yapurutu por 29.000 millones de pesos,  de los cuales ya se ha pagado el 87,5 por ciento y a Impoamericana Roger SAS por 46.000 millones de pesos ya pagados en su totalidad. Estos contratos están actualmente bajo revisión por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General.

En el caso de la Corporación Mixta Integral Yapurutu ya se ha dado a conocer que, aunque fue creada en 2019, solo hasta 2023 tuvo un contrato de ese tamaño y sus estados financieros crecieron exageradamente. 

Además, al revisar quiénes están detrás de esa corporación, se encontró el nombre de Édgar Echeverry Toro, un candidato del Partido Conservador en Vaupés. También aparecen como miembros de la junta directiva la Asociación de Capitanes Tradicionales Indígenas del Vaupés Alto Apaporis y Cristian Edgardo Echeverry Ebratt, también militante conservador.
 

Entre tanto, Impoamericana Roger SAS ya es una vieja conocida. Esa fue la empresa que ganó el contrato en La Guajira con el que la emisora W Radio destapó todo este entramado que cada día crece más. 

Otro contratista que la Contraloría tiene en la mira es Recadel SAS que, según la W Radio, es una empresa de Valledupar, dedicada principalmente al cultivo de arroz y a los transportes y cuyo representante legal es Reinaldo Carvajal, hijo del zar del transporte escolar en el mismo departamento. Esa firma fue la encargada de alquilar carrotanques de segunda mano en Boyacá y también habría tenido millonarios sobrecostos. 

El organismo de control logró evidenciar que Recadel se ha ganado en total 13 contratos de todo tipo y para todo el país desde el año 2021 que suman 15.131 millones de pesos, de los cuales ya se han pagado 6.419 millones de pesos. Entre estos procesos hay tres para el suministro de carrotanques que se adjudicaron en 2024 por 7.000 millones de pesos, cinco contratos de ayuda humanitaria entregados en 2021 por 767 millones de pesos, y los restantes vinculados a maquinaria amarilla entre 2021 y 2023 por 7.300 millones de pesos.

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga le dijo a CAMBIO que solo en la modalidad de carrotanques que se contrataron para todo el país y no solo para La Guajira, hay un presunto sobrecosto y, por ende, un detrimento patrimonial de 80.000 millones de pesos. 

“Es una cifra importantísima que puede significar que esa plata salió probablemente de las empresas ganadoras de los contratos hacía algún tercero.  Eso lo tiene que investigar la Fiscalía, pero ya nosotros estamos determinando que hay un sobrecosto gigante en la modalidad de contratación de carrotanques”.

Otras modalidades

En la Unidad de Gestión de Riesgo no solo se entregaron contratos con presuntas irregularidades para el suministro de agua a través de carrotanques. La Contraloría está investigando también aquellos procesos en los que se necesitó el servicio de maquinaria amarilla y las ollas comunitarias con las que también se habría generado la pérdida de recursos. 

La entidad de control está advirtiendo que 20 contratistas o empresas han manejado en los últimos cinco años la UNGRD en cinco departamentos donde ni siquiera se presentan emergencias como en algunas zonas del país en las que sí se ha necesitado la plata para atender a la población vulnerable, pero no ha llegado. 

Lo cierto es que el cálculo inicial de la Contraloría General de la República en materia de detrimento fiscal por la entrega de todos esos contratos con irregularidades y sobrecostos ya supera los 250.000 millones de pesos.

Aunque se están estudiando procesos que involucran recursos por cerca de 5 billones de pesos, no toda la plata se entregó ni el total de esos recursos puede considerarse como perdidos. 

Los llamados a responder fiscalmente 

Entre funcionarios, ordenadores del gasto, contratistas e interventores de los contratos en la Unidad de Gestión de Riesgo, suman 20 las personas que en los próximos días estarán desfilando por la Contraloría para entregar su versión sobre los hechos y las irregularidades detectadas. 

Algunos de los nombres que aparecen en la lista de la entidad de control son los de Olmedo López como exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, exsubdirector y también están otros dos exdirectores de esa entidad. CAMBIO pudo establecer que fueron llamados a responder Javier Pava, el primer director de la unidad en el Gobierno de Gustavo Petro y Eduardo José González, quien estuvo al frente de esa entidad en la administración de Iván Duque. 

Incluso también tendrían que declarar las personas de la Fiduprevisora que giraron los recursos. Esa entidad tiene unos requisitos mínimos establecidos para hacer los desembolsos a la UNGRD y lo que se quiere establecer es qué elementos tuvieron en cuenta los supervisores para entregar ese dinero, los informes de avance y otros elementos que se están incorporando al expediente.