Sneyder Pinilla pagaría cinco años de prisión: detalles de acuerdo con la Fiscalía 

Las fiscales que investigan los hechos de corrupción en la UNGRD ya le advirtieron al exsubdirector de la unidad Sneyder Pinilla que no le darán inmunidad total y que deberá pagar cárcel por los delitos que cometió por hacer parte de la estructura corrupta de la entidad que entregaba contratos a cambio de coimas.

A cambio de su información sobre el escándalo y de que sirva como testigo contra los altos funcionarios que se lleven ante un juez por los hechos, el beneficio que le darán es un principio de oportunidad con inmunidad parcial.

¿De qué se trata el acuerdo y cuáles son los requisitos?

CAMBIO confirmó en primicia que la propuesta de la Fiscalía es que Pinilla acepte su responsabilidad en los actos corruptos, pida perdón en una audiencia pública, devuelva el dinero que le dieron como coimas para los contratos que suscribió la entidad durante su gestión, entregue las pruebas de su testimonio, y que sirva como testigo de cargo contra los altos funcionarios que mencione en su matriz de colaboración. A cambio, la Fiscalía le fijaría una pena de 60 meses de prisión, es decir, cinco años. Las fuentes aseguran que la pena deberá pagarla en la cárcel por el calibre de los delitos. 

Las pruebas que entregue Pinilla en la antesala de la presentación oficial del principio de oportunidad ante un juez son definitivas para sellar el acuerdo de colaboración. Además, son de la mayor relevancia si se tiene en cuenta la dificultad que han tenido investigadores de la Fiscalía para recaudarla en la UNGRD, por el desorden administrativo. 

Sin embargo, según la ley, cualquier preso puede pedir libertad condicional cuando cumpla las tres quintas partes de la condena. Así las cosas, Pinilla podría gozar de libertad cuando cumpla tres años en prisión. 

Sneyder Pinilla ha dicho que él fue el puente para entregar las coimas y que se habrían distribuido así: 1.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y 3.000 millones de pesos para el presidente del Congreso, Iván Name.

Calle y Name han negado su participación en el esquema. 

Dentro de la matriz de colaboración de Pinilla aparecen además el ministro Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial Sandra Ortiz; el exdirector de la UNGRD Olmedo López; el exsubdirector general de la entidad Víctor Andrés Meza; el subdirector de conocimiento del riesgo Luis Carlos Barreto Gantiva, y otros contratistas de la entidad. 

Según la información que ha trascendido en medios, el contratista de los carrotanques, Luis Eduardo Rosero, conocido como el pastuso y propietario de Luket S.A.S., aparecía como representante legal de Impoamericana Roger S.A.S., el conglomerado empresarial que, al parecer, se ganó el contrato para el suministro de agua en el departamento a cambio de una coima de 7.000 millones de pesos, según reveló W Radio.

Recientemente, sobre el escándalo, el exdirector de la UNGRD Olmedo López aseguró que él cumplía órdenes, que hubo un determinador que sería del más alto nivel del Gobierno (no ha dicho quién) y que el escándalo de corrupción en la UNGRD superaría el caso de los carrotanques y llegaría a los 380.000 millones de pesos.

Fuentes del proceso le dijeron a CAMBIO que la información que quieren entregar tiene que ver con la manera como se relaciona ese contrato y como se movió el tema de la reforma a la salud en el Congreso que, aunque en el Senado se hundió, fue aprobada en la Cámara de Representantes, en diciembre de 2023, con 87 votos por el sí y 37 por el no, durante la presidencia de Andrés David Calle.

Otros nombres de supuestos involucrados que han trascendido en los medios son los del director de inteligencia, Carlos Ramón González y el del funcionario de la UNGRD Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien, supuestamente, era cuota en la entidad del exgobernador de Nariño y actual embajador en Argentina, Camilo Romero, y quien, además, habría llevado al contratista Rosero al negocio de los carrotanques.