Caso de la UNGRD: Fiscalía no ha podido acceder a toda la información de los contratos

Es inusual lo que está pasando en la investigación que lleva la Fiscalía por los actos de corrupción en los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque los investigadores han realizado inspecciones judiciales a la entidad para recolectar la información de todos los contratos investigados (el de los carrotanques, las ollas comunitarias y los jagüeyes en la Guajira) no han podido acceder a todos los soportes de cada uno de los contratos.

Esto, según las fuentes, se debe a que desde hace años, la entidad se pasaba la norma por la galleta y los funcionarios encargados no subían la información de la contratación al Secop, como lo exige la Ley 80 de 1993, que es la que regula la contratación pública. 

"El sistema de gestión documental de la entidad es pésimo y los funcionarios encargados no cumplían la norma, es decir, no publicaban nada en el Secop, que es lo que exige la ley para garantizar la transparencia en los procesos. Entonces, no se ha podido acceder a la totalidad de los documentos que componen un contrato, es decir, los anexos, los soporte, entre otros", dijeron las fuentes.

Y no es todo. Según fuentes de la entidad, además de no subir la documentación al Secop, tampoco tenían un archivo juicioso sobre los procesos de contratación. Por eso, los investigadores no han terminado de recaudar las pruebas necesarias para tomar decisiones en la pesquisa. Incluso, hay miles de cajas con documentación que se perdieron.

Las fuentes dijeron a CAMBIO que, por ahora, lo que tienen estimado es que solo en el contrato corrupto de los 40 carrotanques en La Guajira se habrían pagado 16.000 millones de pesos en sobornos. Todo ese dinero, al parecer, habría venido del contratista de los carrotanques, Luis Eduardo López Rosero, conocido como el pastuso. 

La indagación que lleva la Fiscalía es macro, es decir, se investigan varios contratos. Pero además, los fiscales tienen sospechas de que es un modus operandi que viene de años atrás y que el desorden, quizás a propósito, le podría haber ayudado a los funcionarios a robarse la plata de la contratación.

La Fiscalía ya escuchó en interrogatorio al contratista López Rosero que entregó pruebas sobre los sobornos e información sobre los funcionarios corruptos de la UNGRD. La próxima semana escucharán en interrogatorio al exdirector de la entidad, Olmedo López, y la siguiente, al  exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla.

Después de esas diligencias, la fiscal del caso decidirá qué procede. Explicaron las fuentes que si no entregan pruebas procedería una captura, pero que si las entregan y se ve que su colaboración es eficaz, les darían un principio de oportunidad con inmunidad parcial.

La inmunidad parcial significa que no gozarían de completa libertad, sino que podrían enfrentarse a una medida restrictiva de la libertad por algún tiempo, como no salir del país o presentarse constantemente a un despacho judicial. Esa decisión la tomarán después de sus diligencias judiciales.