El primer año del Gobierno Petro: entre las crisis y las controversias

Incorporar al Gobierno sectores que nunca habían estado en el poder, los “nadies” en la expresión de la vice, es una novedad. El país ya sabe que los de tenis, mochilas y camisetas pueden mandar. Negros, indígenas, oenegeros, activistas, comunistas y exguerrilleros aprenden a manejar los instrumentos del Estado. Como los adolescentes cuando les entregan por primera vez el timón de un vehículo. Dirigen entidades que pueden transformar o trastornar el futuro de millones de personas. Se enfrentan a instituciones diseñadas para técnicos. Deben pasar de las pancartas a los memos, de las marchas a las normas y de las normas a la gestión. Es un reto. Cambiar el país diseñado por los “dones” es difícil. Sin embargo, que hayan llegado al poder significa que se amplió la democracia, su rango de tolerancia, y que se debería facilitar el camino para reducir las desigualdades.

En el frente amplio de Petro también gobiernan los clientelistas de siempre. Huérfanos de los distintos partidos que solo tienen pasado y se reparten en más de 30 siglas que dicen lo mismo. Buscan su reencarnación con Petro y el presidente los necesita. Como se vio en el primer semestre, hicieron viable la reforma tributaria que estableció por primera vez cargas considerables a las grandes empresas y patrimonios, al sector financiero, y a los asalariados de altos ingresos. Es tal vez la reforma que más cargas ha establecido a los altos ingresos. La habilidad en el manejo del parlamento y en el debate con los sectores castigados facilitó una reforma que en otros tiempos hubiera puesto en riesgo la estabilidad de un Gobierno.

Unos creen que los mayores impuestos se aprobaron por el sentimiento de culpa de las élites, por no haber impulsado a tiempo las reformas. Pagan la culpa de haber construido el país más desigual de América Latina otorgando recursos al Gobierno para que haga las reformas que siempre negaron. Petro tendrá 20 billones de pesos anuales para gastar con libertad. Es una suma que ningún Gobierno había tenido. Si los administra bien (inclusive mal) construirá una base de apoyo para quedarse años ganando elecciones, como Perón, Maduro, Evo y casi como Rojas Pinilla. Es difícil sostener que no hay voluntad de cambio, cuando le aprobaron hasta la condena a muerte de la industria del carbón y del petróleo que representa el 20 por ciento de los ingresos del Estado y el 40 por ciento de las exportaciones del país, sin un plan para reemplazar estos recursos indispensables.

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Con los nuevos recursos de los ricos, Petro subsidiará a sectores y regiones donde el Pacto Histórico sacó una buena votación. Necesita construir un partido organizado, sólido, sostenible para que las reformas se proyecten más allá de un cuatrienio. Un Gobierno de cambio exige un partido gobernando el tiempo suficiente. Como el Pacto Histórico está conformado por más de 50 movimientos diversos y dispersos, la construcción de un movimiento para enfrentar a los clientelistas y a las élites es fundamental. Se le hizo tarde para las elecciones locales de octubre pero para las presidenciales de 2026 está a tiempo. Si logra agrandar los bolsillos de su electorado, el partido de Petro enfrentará a una derecha que poco tendrá que ofrecer y entonces sí la batalla por detener el cambio será al rojo vivo.

La inversión social también tiene riesgos que en el primer año apenas se alcanzan a vislumbrar. El no uso de los recursos a tiempo por desconocimiento de normas y procedimientos; la malversación de dineros por falta de experiencia y conocimientos para gestionar; los riesgos de corrupción en una sociedad con estándares morales bajos en la que robar al Estado no es robar. Petro podría mejorar la calidad de vida de millones de personas si organiza equipos capaces para hacer buenas gestiones y no para crear un nuevo clientelismo. Si acepta que la administración es un servicio que se contrata, que no es necesario ensayar o improvisar y que no va a repartir plata para quedarse en el poder, su movimiento puede lograr los cambios que el país demanda.

Sin embargo, en el primer año también es evidente que el Gobierno descuida al sector productivo y que discrimina entre amigos y enemigos. Les brindó el apoyo institucional a Gilinski y a los árabes para romper el GEA, un gran enemigo de Petro. Les abre las puertas a los grupos medianos de distintas regiones que lo apoyaron, para dirigir la contratación pública a estos amigos. Se esfuerza en crear una nueva clase empresarial que sea amiga de los cambios que él considera fundamentales.

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Al mismo tiempo, para Petro, los empresarios tradicionales, y en especial el sector financiero (salvo Gilinski), no son generadores de riqueza. Solo trabajan para su lucro. Su vocación no es el servicio. Está empeñado en sacarlos del sector público a donde el neoliberalismo lo puso a reinar. Ni la salud, ni los fondos de pensiones, ni los servicios públicos, ni la construcción de infraestructura, ni la vivienda de interés social deben estar en manos de empresas privadas. Él piensa que se lucran a costa de los subsidios y dineros públicos. Cree que el Estado lo puede hacer mejor, más barato, con corazón. Que las empresas paguen impuestos altos y se olviden de administrar recursos y tareas del Estado. Con esa idea el Gobierno ha paralizado sectores claves para mantener el empleo, la inversión, la economía (el PIB) creciendo. 

En el esfuerzo de dividir y sacar al sector privado de las actividades públicas, Petro paralizó la construcción de vivienda de interés social. Paralizó el diseño para la construcción de las vías que necesita concluir el país para mejorar su competitividad; afectó la sostenibilidad de los concesionarios al congelar los peajes. Tiene en jaque a las empresas prestadoras de salud al retener el giro por los servicios prestados; está listo para dominar las comisiones reguladoras de las tarifas de servicios públicos, para congelarlas, bajarlas o subsidiarlas. En el balance del año, tantos golpes al sector privado solo generan desconfianza, incertidumbre y oposición. Los beneficios a los consentidos pueden no ser suficientes para contener la avalancha opositora que está provocando dentro del empresariado.

En un balance no se puede quedar por fuera la transformación de las Fuerzas Militares y de Policía, y de los servicios de inteligencia. Sacar a medio millar de oficiales en un año es un récord.  La silenciosa depuración de los involucrados en violaciones de derechos humanos y en casos de corrupción trae a una nueva generación de oficiales al mando. La nueva doctrina de seguridad que poco se ha discutido ya no consiste en proteger la infraestructura ni el sector privado, sino la vida de la gente, del pueblo. Sus derechos. El de protestar sin temor a ser asesinados. A los militares que conocen bien la pobreza, la desigualdad y las arbitrariedades económicas por su labor en las regiones, les queda fácil reformular su marco mental para el nuevo rol del ejército. Una reforma que era necesaria y que el proceso de paz con las Farc eludió, pero que, sin 15.000 insurgentes en armas, era inaplazable.

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La reforma del estamento militar incluye un vuelco en sus escuelas bajo la inspiración de doctrinas alternativas a la norteamericana. La amenaza comunista y el enemigo interno desparecieron de los manuales. Las guardias indígenas pueden detener a los uniformados, los bloqueos populares pueden interrumpir la circulación en cualquier vía, los paros y marchas no son motivo para una agresión de la fuerza pública: son problemas sociales. Igual ocurre con el tratamiento a las disidencias guerrilleras y las bandas criminales con las que Petro negocia la paz final. Estos son conflictos violentos que impiden mejorar la calidad de vida del pueblo y por eso deben resolverse. Así los disidentes y las bandas tomen ventajas temporales en sus territorios al limitar la acción de la fuerza pública. 

Es una apuesta arriesgada que tiene en pánico a la población de muchas regiones y a quienes contaban con las Fuerzas Militares para proteger sus intereses y patrimonios. Es una transformación que las armas del Estado se usen de otra manera, sin asesinar a civiles que protestan y sin disfrazar de guerrilleros a jóvenes para asesinarlos y cobrar recompensas. El antiguo orden público va a desaparecer y en el balance faltaría que el Gobierno rinda cuentas al parlamento sobre esta reforma para que las armas no queden a disposición de un gobierno sino del Estado. 

El balance de la seguridad en las regiones es agridulce. La expansión del control de los grupos armados en los territorios de minería de oro y de producción de coca y cocaína, consolida una situación difícil de desmontar. Mientras vender oro sea tan rentable al no pagar regalías ni impuestos ni salarios ni cumplir las normas ambientales, no hay quien lo abandone. O vendrán relevos. El Gobierno anunció una nueva política contra las drogas que está elaborando de manera participativa y bajo la indignación de la derecha norteamericana. Mientras el consumo de cocaína continúe creciendo los brokers mexicanos, norteamericanos o italianos seguirán comprando coca. Aunque los campesinos reciban parcelas que con velocidad distribuye la Agencia Nacional de Tierras, montar un cultivo productivo requiere créditos, asesoría, insumos, vías y mercadeo. Se necesita mucho más que títulos y ojalá los discursos de Petro sirvan mejor que los rezos de los brujos para detener los efectos del cambio climático que echa a perder cosechas entre sequías e inundaciones.

De otra parte, en su primer año, Petro ha logrado que el 60 por ciento de los colombianos estén desencariñados con su gobierno. Por supuesto la campaña de los medios de comunicación ayuda a este sentimiento negativo, a creer que las cosas van por mal camino. Pero en su primer año Petro se ha esforzado en cultivar malquereres. La presidencia es un símbolo, está en un pedestal, exige comportamientos, altura. Sus incumplimientos y cambios injustificados en la agenda; dejar esperando horas y horas a generales, magistrados, empresarios, copartidarios y a sus mismos funcionarios, irradia la imagen de un gobernante desordenado, improvisador, desconsiderado. La demora en nombrar y remplazar funcionarios, la forma de sacar a sus colaboradores como si se tratara de seres desechables y tratar de traidores a quienes plantean debates dentro del Gobierno, es deprimente. Un gobernante tiene que cuidar y consentir a su ciudadanía, no debe maltratarla, debe cumplir y mostrar que los representa bien.