El tal golpe blando no existe: Gustavo Petro está lejos de perder el poder pese a posible investigación del CNE

“Ha comenzado el golpe blando…Estamos ante una arbitrariedad, una instancia administrativa formula cargos al presidente de la república, eso es una abierta ruptura constitucional que se responde con la fuerza del pueblo”. Con esas palabras, escritas en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la noticia según la cual al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó la ponencia que pretende abrir investigación y formular pliego de cargos a la campaña del mandatario por, presuntamente,  violar los topes de financiación y por el ingreso de recursos provenientes de fuentes prohibidas en las elecciones presidenciales de 2022. 

El proyecto de resolución, que se ha compartido a los medios de comunicación, muestra que, de abrirse la investigación, esta involucraría al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato; al gerente de la campaña del mandatario Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol; a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, y a los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. 

La solicitud de investigación fue radicada por los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal. Ellos pusieron a consideración de la sala plena de ese organismo, conformada por nueve miembros, el documento de más de 300 páginas que relaciona los supuestos indicios de las irregularidades cometidas en el proceso para que Petro llegara a la Casa de Nariño. 

Este es el primer paso de un procedimiento establecido en la ley, que no es nuevo y al que le falta mucho camino por recorrer, incluyendo la aprobación de la ponencia, que debe ser respaldada por al menos seis de los nueve magistrados del CNE para que siga adelante. Sin embargo, con premura, el presidente Petro ya convocó a sus bases e hizo un nuevo llamado a las calles buscando “defender la democracia” ante un posible derrocamiento. 

El escenario, por supuesto, genera mucha preocupación, ya que puede enfrentar de nuevo al Gobierno, las instituciones y los órganos de control, que para unos hacen su trabajo y cumplen con cuanto les corresponde por competencia, y para otros están politizados y buscan que el mandatario no pueda gobernar en lo que le resta de presidencia. 

El alcance de la solicitud de investigación 

Pese a que la noticia de una eventual investigación al presidente Petro en el CNE generó un revuelo político, por ahora el caso es solo un proceso administrativo para adelantar una auditoría profunda sobre la financiación de la campaña Petro Presidente 2022-2026. 

En diálogo con CAMBIO, el abogado experto en derecho constitucional Juan Manuel Charry explicó que aún no se ha decretado si existió o no la violación a los topes electorales. Para saberlo, se hará una investigación que arrancaría una vez los magistrados de ese tribunal decidan si votan a favor la ponencia de Prada y Ortiz. 

Según el jurista, con esa solicitud de investigación se busca avanzar en el trámite ante el CNE y se pedirán las explicaciones correspondientes de las eventuales irregularidades: “En ese marco se deben oír, en ejercicio del derecho de la defensa, al gerente de la campaña, y seguramente también al presidente Petro para determinar si se cometieron fallas”. 

Charry aclaró que, si las explicaciones no satisfacen a la autoridad electoral, podrán imponerse sanciones, como multas pecuniarias. También puede ordenarse al gerente de la campaña reembolsar los recursos entregados a manera de reposición. Para el caso del presidente Petro, deberá compulsarse copias de ese expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: la única que puede investigar al mandatario. 

Charry dijo que hay tres responsabilidades diferentes: la primera es justamente la administrativa en la autoridad electoral, que es el CNE, y que puede terminar con las sanciones ya mencionadas; la segunda es un efecto constitucional por saltarse una regla de juego en los procesos electorales para que todos compitan en iguales condiciones. 

En ese caso, los candidatos, según cada elección, deben tener unos topes de financiación para recibir la misma cantidad de recursos y no tener ventajas sobre sus contendores. Si alguno de los aspirantes sobrepasa esos límites, se considera una violación a la regla y una conducta indebida cuya consecuencia es la pérdida del cargo de la persona que ganó. 

“No es una regla automática y su rompimiento tiene que ser valorado en el Congreso –dice Charry–. Además, dicha violación de los topes debe ser desproporcionada o exagerada y también se tiene que demostrar que hubo la intención de contar con más recursos para sacar ventaja. Es ahí cuando aplicaría la pérdida de investidura, en el caso de los legisladores, o la salida del cargo, en el caso del presidente de la república”.

En tercera responsabilidad, señaló Charry, puede haber también un proceso penal, que en esos casos se adelanta para verificar si hubo financiación ilícita; es decir, la entrada de dineros a la campaña provenientes de grupos ilegales, o si hay gastos que no se reportan. Finalmente, por sobrepasarse los límites de financiación, también se haría un traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación, que debe investigar al gerente. 

El llamado a investigación al presidente Petro por su campaña en 2022 no es nuevo. Aunque es la primera vez que se abriría pliego de cargos a un mandatario en funciones, en el pasado ya se han adelantado procesos por las mismas inconsistencias; por ejemplo, a los expresidentes Juan Manuel Santos o a Iván Duque, quienes tuvieron que demostrar que sus respectivas campañas se ciñeron a las reglas.

Por eso, para Juan Manuel Charry hablar de "golpe blando" es un error y una salida política a un procedimiento que es solo jurídico. “Hasta ahora estamos en el inicio del trámite, falta que las explicaciones sean recibidas y que el CNE las evalúe. Incluso aún estamos muy lejos de llegar, por ese proceso, a la Comisión de Acusaciones del Congreso”, dijo el jurista. 

Alfonso Portela, abogado, exregistrador y consultor electoral coincide en que el proceso está apenas en una etapa de indagación preliminar. Incluso, dice, puede tardar muchos meses en tener resultados. Sin embargo, advirtió que la investigación contra el presidente Gustavo Petro solo debe adelantarse por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la única instancia a la que le corresponde determinar el tipo de responsabilidad del mandatario, que tiene fuero constitucional.

Para Portela hay dos escenarios vigentes en este caso: el primero está en la Ley 996 de 2005, la cual establece que es dentro de los 30 días posteriores a la declaratoria de la elección cuando se debe investigar si hubo o no violación de topes de financiación. Si en ese término la investigación no se ha adelantado, entonces el proceso termina. 

Lo segundo tiene que ver con otros elementos que, al parecer, también piden investigar en la ponencia que se radicó ante el CNE. Dichos elementos se relacionan con la financiación de fuentes prohibidas y la presunta omisión de los aportes. En ambos casos, la investigación sí se puede adelantar en cualquier momento y puede terminar con una sanción a los no aforados.

“Lo que se está haciendo es agotar un procedimiento establecido en la ley. Esto no es nuevo, y de aquí a que se llegue a una sanción de esas características, falta mucho camino por recorrer. Creo que el presidente Petro está exagerando al hablar de golpe de estado, porque las responsabilidades hay que establecerlas de acuerdo con el comportamiento de cada una de las personas que participaron en la campaña. Incluso puede haber elementos que ni siquiera tocan al candidato”, indicó Portela. 

Las posibles irregularidades

Lo que por ahora se sabe sobre la solicitud de una investigación formal contra la campaña del presidente Petro es que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz encontraron serios indicios y pruebas contundentes que demostrarían que se omitieron algunos aportes y se excedieron los topes de recursos que podían ingresar a las cuentas del proceso para ganar las elecciones. 

Esos recursos adicionales que no se reportaron habrían llegado en la primera vuelta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el Partido Polo Democrático, que presuntamente entregaron sin reportar 500 millones de pesos cada uno. Además, aparecen el Pacto Histórico, con un aporte de 202 millones de pesos que se habría omitido, y la Unión Sindical Obrera (USO) con 121 millones de pesos. 

Otro elemento que incluyó la ponencia para ser tenido en cuenta dentro de la posible investigación a Petro es el pago a los testigos electorales. Según la ponencia de los magistrados, en la primera vuelta se usaron 931 millones de pesos para este propósito. Dineros que no se presentaron como gastos de campaña.   

Sobre esto el presidente Petro también se pronunció en su cuenta de X: “Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana.  La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.

No obstante, para el exregistrador Alfonso Portela el pago a testigos electorales sí son gastos de campaña porque toda la tarea previa o posterior se realiza para ese mismo proceso. “Una cosa es que se haya diferido el pago, pero no por pagarlos después se pueden considerar como si no fueran gastos de la campaña”, indicó. 

En total, según la ponencia que deberá estudiar el Consejo Nacional Electoral, la campaña del presidente Gustavo Petro habría sobrepasado los topes de gastos en más de 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta electoral. La autoridad definirá si hubo una violación desproporcionada, teniendo en cuenta que para la primera ronda el límite de ingresos y gastos permitidos era de 28.536 millones, y en la segunda, el monto máximo era de 13.347 millones de pesos.

Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que se trata de una ruptura al mandato popular. En la tarde de este miércoles, volvió a invitar a los colombianos a salir a las calles para rodear pacíficamente los centros de poder, hasta que se restablezca el orden constitucional de este país. “Yo seguiré hasta donde el pueblo diga: si el pueblo dice más adelante, más adelante iré", dijo el presidente. 

Para otro experto consultado por CAMBIO, la ponencia no es una decisión, y según las cuentas, los magistrados que la presentaron no contarían con los votos para lograr su aval: “Ellos lo saben, pero le dieron papaya a Petro y cayó, al presidente le tendieron una trampa. Y aunque la utilizó para victimizarse, ese tal golpe blando, por ahora, no existe".