"El uso de armas letales por parte de la Policía hizo más probable la pérdida de vidas": HRW sobre protestas en Perú

Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que documenta las violaciones de derechos humanos ocurridas en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 mientras se llevaban a cabo las manifestaciones por cuenta de la salida de Pedro Castillo del gobierno central. Según relata el documento, 49 personas fallecieron, incluyendo ocho menores de edad, después de resultar heridos a causa de la violenta represión de las fuerzas militares. El deceso de la mayoría ocurrió por armas de fuego, como fusiles de asalto y pistolas, que están estrictamente prohibidas por las normas internas de las fuerzas institucionales en medio de unas protestas.

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“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional”, asegura el informe.

Pese a que HRW es clara al señalar que las ejecuciones extrajudiciales y demás violencias recayeron en agentes del Estado, también expone en su informe que estos episodios surgieron por una crisis política que inició tras el anuncio de disolución del Legislativo hecho por el entonces presidente Castillo el pasado 7 de diciembre. Su posterior destitución, encarcelación y reemplazo por Diana Boluarte, quien actualmente ejerce el poder en el país vecino, fue la gota que rebasó la copa y desató el descontento de un sector de la población. Una amplia porción, cercana al 81 por ciento, tal y como revelaron sondeos de la época, deseaba que se celebraran elecciones anticipadas y Boluarte se negó rotundamente.

Los uniformados también protagonizaron otro tipo de abusos. HRW identificó que muchas detenciones se materializaron con groseras violaciones del debido proceso y sin pruebas, con alto rigor discrecional, desconociendo así derechos básicos de los ciudadanos. De igual forma, una vez privados de su libertad, a estas personas no se les brindó ningún tipo de asistencia ni saneamiento.

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“La policía no proporciona alimentos, productos para la menstruación ni medicinas a las personas que detiene en las comisarías, a pesar de que la ley le permite retener a los sospechosos hasta por 48 horas antes de que un fiscal decida si la persona debe ser puesta en libertad o llevada ante un juez”; advierte el documento.

Por lo tanto, luego de varios meses de trabajo, la organización optó por sugerir al gobierno peruano adelantar “una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes” y planteó la creación un grupo independiente de expertos que tenga acceso a información gubernamental y expedientes para elaborar otro informe que complemente las investigación penales existentes.

“La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad”, se agrega.

Para la redacción del documento se llevaron a cabo entrevistas con 140 personas, desde manifestantes hasta funcionarios del Estado, y se verificaron 27 horas de video y 663 fotografías. Asimismo, fueron objeto de revisión autopsias, registros médicos e informes balísticos.