La energía en la costa está más ‘Caribe’ que nunca: la bomba social que no da espera

“No puedo tomarme un trago y esto para mí es una cruz, si todo lo que me gano es para pagar la luz”: el verso forma parte de la canción más reciente del artista vallenato Iván Villazón. Una catarsis tan útil como insuficiente para solucionar el problema de los altos costos de la electricidad en el Caribe, pues el recibo no se puede pagar con canciones. 

En Colombia el precio de la factura de la luz ha subido desde el año pasado, pero en las ciudades del Caribe la situación es la más crítica. Según datos del Dane a corte de 2023, en Santa Marta los precios de la energía subieron 35,38 por ciento; en Riohacha, 34,42 por ciento, y en Barranquilla, 33,04 por ciento. 

Además, el top 5 de las ciudades con la inflación más alta en Colombia el año pasado solo lo conforman capitales del Caribe: Valledupar (10,69 por ciento), Santa Marta (10,5 por ciento), Montería (10,48 por ciento), Barranquilla (10,35 por ciento) y Cartagena (9,91 por ciento).

Estas cifras se reflejan en ventiladores apagados, aún por encima de los 30 grados centígrados, en recibos que valen más que un arriendo y en viviendas sin luz. 

“Nos ha tocado comprar una neverita de Icopor. Son 4.000 pesos diarios de hielo para poder sostener lo poquito de fruta que tenemos y tener nuestra agüita helada”, dijo una habitante del barrio Montecristo de Barranquilla, mientras que otra adulta mayor del mismo sector comentó: “anoche me tuve que acostar hacia la puerta para que me entrara aire”, dijo una adulta mayor del mismo sector. 

Como estos, hay decenas de testimonios recogidos por el Comité Atlántico de Usuarios de Servicios Públicos, un ejercicio ciudadano sin ánimo de lucro que aboga por una solución a las asfixiantes tarifas de energía en Barranquilla y el Atlántico.

Karol Solís Menco, politóloga y docente universitaria, es una de las líderes del Comité. Para ella: “es una vida menos digna la que hoy se vive”.

El Comité Atlántico fue uno de los organizadores de las masivas marchas del pasado 11 de abril en Barranquilla en las que se exigieron medidas urgentes para contener la escalada de las facturas. Las movilizaciones también se extendieron a otras ciudades del Caribe como Cartagena, Maicao, Santa Marta y Riohacha. Un descontento social creciente que se puede volver incontenible. Solís lo resume de esta manera:

“Creo que la génesis de un estallido social y de un ejercicio de desobediencia civil para dejar de pagar las facturas está hoy en la inacción de todos los actores no solo en el Gobierno nacional, sino en todos los involucrados”.

Lo mismo opina Yamil Cárdenas Barreto, coordinador en Sucre de la Liga Nacional de Usuarios de la Región Caribe. “Estamos asfixiados. La situación es tan dramática que se dificulta el desarrollo económico y comercial en nuestro departamento, de tenderos pequeños y medianos”, aseguró Cárdenas.

El líder sucreño agregó que “es tan estresante la situación que decimos ‘comemos o pagamos la factura de energía’”. 

Según datos de Fundesarrollo de 2022, de los aproximadamente 30 mil hogares con pobreza monetaria por el costo de la energía eléctrica en el país, el 71 por ciento están en el Caribe.

Un problema estructural y sobrediagnosticado

Hace unos años, los problemas de la electricidad en el Caribe tenían nombre propio: Electricaribe. Esta empresa de servicios públicos se convirtió en parte de la cultura popular de la región, por ser la aparente responsable de la mayoría de los problemas de los hogares costeños.

Hoy Electricaribe no existe. Fue liquidada en 2020 después de una larga agonía financiera. Sin embargo, los problemas persisten y la cura fue peor que la enfermedad.

Para entender el origen de la problemática actual con el costo de las facturas, hay que remitirse a 2019. Ese año se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque en el Congreso. De los casi 350 artículos que se votaron positivamente, uno en particular influyó en el cambio de las tarifas de electricidad en el norte de Colombia. Es el 318, que estableció el “Régimen Transitorio Especial” para asegurar la “sostenibilidad” de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana.

El nuevo sistema de tarifas se acompañó con otras medidas que impulsó el Gobierno Duque en su PND para atraer las inversiones y evitar nuevas subastas fracasadas. Por ejemplo, subió en diez puntos el límite de participación en el mercado de comercialización de energía eléctrica. El Estado también asumió el pasivo pensional de Electricaribe (1,2 billones de pesos) y se dividió la región en dos zonas: Caribe Mar (Bolívar, Cesar, Sucre, y Córdoba) y Caribe Sol (La Guajira, Magdalena y Atlántico). 

Los arreglos dieron sus frutos y aparecieron los privados para comprar ambos mercados. Caribe Mar quedó en manos de Afinia, filial de EPM, y Caribe Sol de Air-e, respaldada por el fondo Latin American Capital y Enerpereira.

Después del entusiasmo inicial, el régimen transitorio especial empezó a pasarle factura a los costeños. Bajo la sombrilla del artículo 318 del PND, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una resolución que permitió cobrar a los usuarios las “pérdidas no técnicas” del sistema. En otras palabras, en la factura de la luz se cargan los costos por los robos de energía y las fallas de la deteriorada infraestructura del Caribe.

“Se debe modificar radicalmente el régimen especial tarifario”, dijo Norman Alarcón, coordinador nacional de la Liga de Usuarios del Caribe. Alarcón también señaló que las empresas no deben seguir cargando en la factura de los usuarios las futuras inversiones en infraestructura energética. 

Por su parte, Karol Solís dijo que, en el caso de Air-e, la empresa ha “estigmatizado” a los usuarios por las conexiones ilegales y el robo de energía. “La mayoría de usuarios en el Caribe pagamos. La empresa Air-e ha hecho una campaña sistemática que es profundamente dolorosa porque estigmatiza al usuario y al Caribe”, dijo Solís.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, le dijo a CAMBIO que la situación en la ciudad es crítica. "Le respondo en una sola palabra, la que nos queda a los gobernantes regionales por la excesiva centralización: Impotencia", dijo Turbay.

El mandatario local agregó que: "Nosotros padecemos los problemas, pero es desde Bogotá donde se toman las decisiones [...] A mí me corresponde presionar, mantener el tema en agenda, proponer soluciones, pero las decisiones están en manos de la Creg, del Ministerio de Minas y Energía, de las generadoras, transmisoras, comercializadoras, es por eso que uno de los puntos que proponemos apunta hacia la autonomía energética, para no depender de terceros que no resuelven".

Para entender el por qué de los altos costos de la energía en el Caribe lo invitamos a leer este artículo.

La factura política también está al alza

El Caribe colombiano siempre ha sido una plaza clave en la política electoral en elecciones territoriales, al Congreso y presidenciales.

Por ejemplo, ninguna otra región en el país tiene una representación tan numerosa en el Congreso. Hay 32 representantes y 29 senadores costeños. Ni siquiera Bogotá y Antioquia juntas igualan ese número. Además, el norte del país es hogar de varias casas políticas y clanes que cada 4 años se aferran a la posibilidad de mantener sus posiciones de poder.

Por ello, en una situación tan crítica, cada movimiento, pronunciamiento y decisión cuenta para los políticos pensando en sus electores. Nadie quiere ser recordado con rencor en una ola de calor sin abanico.

Los reclamos y críticas por lo hecho en los últimos años están a la orden del día. A varios congresistas costeños que apoyaron el PND de Duque les han sacado los trapitos al sol. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático desde 2018, explicó que cuando votaron el proyecto no estaba claro lo que vendría en la Creg.

“En ese momento se autorizó a crear un nuevo régimen tarifario, pero ese régimen lo terminó creando la Creg”, le dijo Meisel a CAMBIO.

El senador de la bancada costeña ha pedido revisar ese sistema para bajar las tarifas. “Soy el primero en reconocer que lo que se hizo en ese momento hoy requiere muchos ajustes”, afirmó el congresista barranquillero. Para Meisel: “es necesario convocar a todos los actores de la cadena y tomar acciones a corto plazo. El nombramiento de los comisionados de la Creg fue un buen primer paso”.

Por su parte, el representante liberal Dolcey Torres dijo que la situación de los altos costos de la energía ya se manifestó en las urnas en las elecciones de 2022, tanto al Congreso como a la Presidencia. “Esto ya tuvo repercusiones electorales porque los caribeños castigamos en las urnas a quienes ahondaron la crisis. Una de las razones que motivó el voto masivo por el presidente Petro en la región fue la expectativa de que en este Gobierno se pueda resolver de una vez por todas este problema”, dijo Torres.

El Caribe fue fundamental para el triunfo de Petro hace dos años. El hoy mandatario sacó más de dos millones de votos en los ocho departamentos del norte del país en la segunda vuelta, 700.000 más que en la primera. 

"Me preocupa de sobremanera que pueda haber un efecto negativo para el Gobierno del cambio en las elecciones de 2026 si no encontramos una solución inmediata", dijo el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf.

Petro primero intentó un pacto con la Creg y las empresas para bajar las tarifas. El acuerdo se materializó en septiembre de 2022, pero no dio los resultados esperados. Luego, en febrero de 2023, el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que Petro intentó intervenir directamente en las tarifas de la energía eléctrica asumiendo funciones de la Creg. 

Las movidas más recientes se han enfocado en nombrar a los comisionados en la Creg para que haya cuórum decisorio, una medida que pidieron diversos sectores durante el último año. Además, el presidente por fin se pronunció sobre el tema de manera explícita. Lo hizo el pasado 18 de abril en su cuenta de X. Allí, el mandatario anunció que la Creg estudia una resolución para reducir las tarifas en el Caribe.

“La Creg estudiará la resolución para reducir la tarifa del servicio de energía, incluye el gas, a los usuarios de la Costa Caribe”, escribió el presidente Petro.

La apuesta del Gobierno sigue siendo intervenir directamente en las tarifas. Así lo establece la reforma a los servicios públicos que se discutirá en la próxima legislatura. Mientras tanto, el poder Ejecutivo continúa impulsando la transición energética. Sin embargo, es una solución a largo plazo. 

“La gente se ha estado manifestando por la necesidad de una solución inmediata. Estamos en un plan de transición energética, pero eso no se logra de la noche a la mañana. –dijo el representante Agmeth Escaf–. Aquí necesitamos soluciones inmediatas”.