Los bienes ocultos de la Gata

Enilce López Romero, más conocida como la Gata, es quizá una de las pocas personas en Colombia que, a pesar de tener en su contra toda suerte de pruebas que la involucran en diversos apartados del Código Penal, ha logrado burlar a la justicia una y otra vez.

La Gata ha sido investigada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, homicidios, paramilitarismo, concierto para delinquir y fraude procesal. Está condenada a 37 años de prisión y lleva 17 privada de la libertad entre su casa y diversas clínicas adaptadas e igualmente cómodas; pero pocas han sido sus noches en una celda.  

A su astucia para lograr condiciones favorables de reclusión ahora le suman la sospecha de que ha utilizado habilidosas técnicas para evitar que sus bienes sean extinguidos. La más reciente maniobra ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales.

La historia de los bienes perdidos de la Gata empieza en los primeros días de abril de este año, cuando los funcionarios de la nueva administración de la SAE empacaban todos los archivos y muebles de la entidad que debían trasladarse a unas nuevas oficinas. Fue así como un funcionario encontró en un mueble una caja con documentos. La abrió y halló piezas procesales con membrete de la Fiscalía. Al revisar, se dio cuenta de que allí había unas actas de secuestro, un documento en el que los fiscales consignan los procedimientos que le dan inicio a las diligencias de extinción de dominio de cualquier bien que se encuentre en problemas judiciales. 

Las actas de secuestro y otros documentos internos de la SAE daban cuenta del listado de bienes de la Gata en extinción de dominio. De inmediato, los funcionarios cruzaron los datos con el listado de bienes en manos de la SAE y encontraron que algunos de ellos se habían extraviado por el camino. En concreto, encontraron que los bienes incautados a la Gata no cuadraban con los registrados en el sistema. Al menos 15 bienes, entre propiedades, carros o empresas no estaban en control de las autoridades no figuraban. Alguien las ha mantenido ilegalmente.

Así pues, los investigadores se dieron cuenta de que entre los bienes ocultos se encontraban ocho apartamentos de un mismo edificio en Magangué, el municipio en el que Enilce López instauró un fortín económico y electoral. Allí fundó su negocio de apuestas que terminó convertido en el emporio del chance. También erigió una casa política que puso alcaldes, representantes a la Cámara y senadores, incluyendo a tres de sus hijos. Los apartamentos de los que da cuenta el documento que hoy están en revisión de la Fiscalía se encuentran a nombre del hermano de la Gata, Arquímedes Segundo García Romero, quien también ha sido procesado por la justicia por homicidio y concierto para delinquir.

Apartamentos en el triángulo de las Bermudas

Los apartamentos extraviados en gavetas y procedimientos eran una propiedad familiar de ocho hermanos de apellido Guerra Cortez, quienes en 2011 le vendieron al hermano de la Gata mediante una compraventa registrada en la notaría única de Magangué. El certificado de Libertad y Tradición da cuenta de una particularidad: pocas horas después de realizarse el negocio, la compraventa se retrotrae, pero la Fiscalía consideró que esto fue solo una maniobra para difuminar la propiedad y, el 27 de noviembre de 2014 se inició el secuestro de los apartamentos. 

Hasta ahí, nada nuevo en un proceso de persecución de bienes ilícitos. Sin embargo, desde ese día estos apartamentos entraron en el triángulo de las Bermudas. La Fiscal encargada de la diligencia no concretó  el secuestro con argumentos muy llamativos que consignó en la anotaciones de sus actas. Dijo, por ejemplo, que la dirección del inmueble no coincidía con la que se encontraba en la matrícula inmobiliaria; o que ese día no le había alcanzado el tiempo para terminar la diligencia del secuestro del bien; en otros, señaló que no pudo identificar plenamente la propiedad.

El asunto reviste gravedad a juicio de la SAE, porque es extraño que dejen a mitad de camino un proceso de extinción de dominio con esos argumentos. Con el agravante de que los documentos oficiales de la diligencia fueron entregados primero a la Dirección Nacional de Estupefacientes y luego a las pasadas administraciones de la  SAE, pero alguien allí los engavetó para que la entidad no los identificara ni los registrara en el inventario. 

Y de los carros, ¿qué?

De otro lado está el caso de los vehículos. La Gata tenía toda una flotilla de casi 100 carros, de los cuáles la SAE no tenía registro  de siete de esos vehículos, a los cuales tampoco se les aplicó la extinción de dominio debidamente, y hoy quién sabe dónde se encuentran. Uno de esos vehículos es un camión Chevrolet NPR Turbo, el cual tiene matrícula, SOAT, seguro y revisión tecnomecánica vigente, está registrado en Magangué y se encuentra a nombre de Stevenson Arturo Castilla Contreras. 

Finalmente está el caso de una sociedad que nunca pasó a manos de la SAE, pero que figura como activa en el Registro Único Empresarial. Con esta información, la SAE y la Fiscalía trabajan en una mesa técnica para determinar no solo en qué estado se encuentran los bienes, en manos de quién están; también, le siguen el rastro a los funcionarios judiciales y administrativos, tanto del ente de investigación como la entidad que administra los bienes incautados, que podrían tener alguna responsabilidad en el manejo que impidió su extinción de dominio.