Nadie SAE dónde están los bienes de la mafia

“El Estado pasó a ser el nuevo mayordomo de los bienes de la mafia”. Este es el diagnóstico inicial que tiene el gobierno de Gustavo Petro sobre el inventario de bienes y los sistemas de información de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que custodia y administra los activos decomisados a narcotraficantes. La situación encontrada muestra que la entidad funcionaba caóticamente, quizás de manera deliberada, y que mafias combinadas de políticos, funcionarios y empresarios terminaron ocupando el lugar de las mafias del narcotráfico.

En ese primer diagnóstico se ha identificado que la opacidad en el manejo de esos bienes es producto de la existencia de varios listados, no concordantes entre sí e incompletos; que la vulnerabilidad de los sistemas de la SAE ha permitido la manipulación de información de alta sensibilidad; y que a la entidad encargada de administrar los bienes de la mafia no han llegado todos los bienes incautados. Muchos no fueron trasladados de la Dirección Nacional de Estupefacientes una vez se decidió su liquidación; y otros se extraviaron en el dispendioso camino que hay entre la incautación de un bien por parte de la Fiscalía y el proceso de extinción de dominio tras el cual deben ser allegados a la entidad.

La falta total de transparencia en los inventarios ha permitido que muchos de esos bienes permanezcan en manos de grupos criminales a través de testaferros.  Las formas de ejercer el testaferrato son múltiples pero quizás la más popular es la del arriendo por sumas irrisorias y plazos de 10, 20 y hasta 30 años de propiedades incautadas o en litigio por extinción de dominio. Otra forma de corrupción se ha presentado en ventas por valores inferiores al comercial, negocio en el que intervienen políticos y empresarios.  El control del Estado es puramente simbólico porque muchos depositarios tienen cientos de propiedades que la SAE.

CAMBIO identificó a los diez mayores adjudicatarios de estos bienes, siete de ellos han incumplido las condiciones del contrato. En la lista hay muchos nombres que no dicen nada y otros tan significativos como el de Jesús Antonio Martínez Goyeneche, hermano de quien fuera el comandante del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Diego José Martínez Goyeneche. Jesús es el representante de la empresa Legal y Tierras Consultores SAS, que administra 367 propiedades incautadas. Esa empresa es apenas la sexta en el ranking de los mayores depositarios. La primera se llama Consultores Santo Domingo SAS, una empresa inmobiliaria que recibió 638 bienes de la mafia y de la que solo se sabe que tiene un exiguo capital de apenas 120 millones de pesos y que su representante legal es Julio César Picón Arias. El régimen de sociedades por acciones simplificadas (SAS) permite mantener en reserva el nombre de los accionistas, ya que no están obligados a tener registro público mercantil.

Los megadepositarios son estos:  

Sobre el papel las adjudicaciones a los depositarios deben ser entregadas al azar, a través de la aplicación de un algoritmo. Sin embargo, un depositario consultado por CAMBIO aseguró que le cobraron para ser elegible en una codiciada propiedad. Según el empresario, que pidió la protección de la fuente, tuvo que girarle 32 millones de pesos a una empresa de la que son socios ocultos varios funcionarios que estuvieron en sus puestos hasta agosto y uno que continúa.

También sobre el papel, la SAE administra un millón de hectáreas incautadas o en proceso de extinción de dominio. Por eso durante la campaña, el hoy presidente Gustavo Petro expuso un plan para que esos bienes fueran la cuota inicial de una gran reforma agraria.  Las expectativas pronto se fueron en picada. Inicialmente se creyó que serían apenas 500.000; y tras ponerle la lupa a los listados advirtieron que con suerte llegarían a ser 120.000. Ahora, el presidente de la SAE, Daniel Rojas, advierte que haciendo un esfuerzo enorme podrá aportar 69.000 hectáreas en la primera semana de noviembre. Una cifra minúscula frente al plan de reforma rural del gobierno, escasamente el 2,3 por ciento de lo que el gobierno acordó con Fedegán.  

Entonces, ¿qué pasó para que esas expectativas se desinflaran de esa manera? Que la actual presidencia de la SAE encontró que los inventarios no corresponden a la realidad. Además, hay dificultades para remover funcionarios que podrían estar inmersos en actos de corrupción; y un sistema de administración, con escaso control sobre los depositarios de los bienes, que algunas veces son agentes de los mismos narcos que, a su vez,  instalaron una telaraña de arriendos irrisorios de las propiedades para que continúen siendo explotadas por políticos y empresarios inescrupulosos o por terceros al servicio de los mismos delincuentes a quienes les fueron extinguidos.

Amos y señores

La SAE funciona con cuatro regionales, las cuales han sido controladas por la clase política a partir de representantes de los partidos. Es el caso de la regional suroccidente, una de las más importantes porque administra numerosos bienes. Allí el gerente es Juan Carlos Suárez Soto, exconcejal de Palmira por el Partido de la U, quien perdió su investidura por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Suárez Soto, cercano a la exgobernadora Dilian Francisca Toro, también fue vinculado por la Fiscalía en el caso de la irregular elección del contralor de Palmira Efraín Rojas Docel. Desde el 18 de marzo de 2021, Suárez ejerce como gerente y esta es la hora en que no se ha podido sacar de la entidad por una leguleyada: el actual gerente presentó el 4 de octubre una excusa médica por una “lesión ligamentaria en la muñeca derecha” que impide que sea desvinculado. 

Otro rastro de la politización de la entidad quedó en la gerencia de la regional occidental, que maneja los departamentos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó. Allí el gerente era Alejandro Henao Barrera, sobrino político del senador John Jairo Roldán, heredero del clan de los Suárez Mira y que ha extendido a Envigado el fortín político que los Suárez Mira tenían en Bello. Aunque Roldán es liberal, sus patrocinadores son conservadores y en los negocios no hay color político. Por eso tiene grandes entendimientos con el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, cuyo nombre es insistentemente mencionado en relación con los negocios de la SAE. Su hermano David Orlando fue gerente regional de la Central de Inversiones (CISA) —casa matriz de la SAE— y alcanzó a ser su vicepresidente. 

La familia Gómez Jiménez tiene una larga historia de cuestionamientos por negocios de tierra. Hay varios procesos vigentes y Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del exsenador y del exvicepresidente de Cisa, conocido con el alias de la Ballena fue condenado y murió cumpliendo una sentencia por fraude procesal y falso testimonio por apropiarse de un costoso lote en Bello.  Actualmente el exsenador Gómez tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia que nació de una reunión con su hermano David Orlando, vicepresidente de Cisa y Andrés Ávila que fue hasta hace unos días presidente de la SAE del gobierno anterior. 

En Bello, Antioquia, también hay problemas con un lote de 114.000 metros cuadrados ubicado en un exclusivo sector del municipio. El lote fue entregado en mandato sin representación con opción de arrendamiento a Calotrans SA, cuyo representante legal es el señor Germán Alexander Calle Henao. El contrato se firmó el 11 de julio de 2022,  cuando al gobierno Duque le quedaban apenas tres semanas. El arriendo se pactó por un plazo inicial de diez años prorrogables y un monto de 90 millones al mes, según una fuente consultada por CAMBIO, el depositario recibe 330 millones de pesos por subarrendamientos.

Arriendos insignificantes 

Otro de los desafíos que ha encontrado el gobierno tiene que ver con el manejo de los depositarios, pues al parecer existe un cartel de funcionarios y particulares que manipulaban los procesos para que los bienes les fueran entregados a una persona específica a pesar de que la norma establece que sea al azar. Este sistema incluía facultades para que el depositario arrendara los inmuebles por el valor que determinara y a quien quisiera, previa autorización formal de la entidad. En este mecanismo de administración delegada la SAE terminaba perdiendo el control de los bienes. Un caso que muestra este manejo perverso es el de una mina de piedra caliza, ubicada en el municipio de Maceo, Antioquia. El yacimiento, que es el más grande de Latinoamérica, tiene título minero otorgado por la gobernación de Antioquia desde 2008. Su propietario fue José Aldemar Moncada, más conocido como el Chatarrero, y quien fue condenado por el desfalco millonario a la Dian a través del recobro del IVA.

En 2012 Moncada vendió a la poderosa cementera Cemex el título minero y los predios donde se explotaba la piedra caliza, así como el depósito de materiales, que a la vez corresponde a una zona franca. Sin embargo, las autoridades descubrieron que el predio se encontraba en extinción de dominio y que para materializar la venta habían recurrido a una tecnificada operación de corrupción que involucró a directivos de la cementera, a una modelo mexicana, funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, antecesora de la SAE, y Eugenio Correa Díaz. Entre las maniobras que se hicieron hubo sesiones de derechos que fueron “saneados” ante la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y hubo pagos de coimas por más de 40.000 millones de pesos. 

Ante el escándalo la SAE tomó el control de la mina y lo entregó a Yesid Ramírez Ramírez como depositario, quien a su vez la arrendó, avaluada en 22 millones de dólares, por un millón de pesos mensuales. El beneficiario de la ganga resultó ser Cemex, la misma empresa favorecida en la operación anterior. En 2016 Moncada, el Chatarrero, fue asesinado. Hoy la mina continúa arrendada a Cemex por poco más de 4 millones de pesos mensuales y se firmó un compromiso de venta. El asunto se encuentra sin solución definitiva y se proyecta como uno de los grandes problemas que tendrá que resolver el gobierno Petro.

Otro de los líos que encontró la actual administración de la SAE tiene que ver con la finca Támesis, ubicada a las afueras de Montería. Tiene 416 hectáreas y fue extinguida al paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche. La hacienda, compuesta por tres predios, está avaluada en más de 6.000 millones de pesos, y la recibió como depositario la sociedad Castañeda y Suárez, quien a su vez la dio en arriendo al señor José Félix Mesa Baena para que criara búfalos. Sin embargo, en la casona del exparamilitar opera un centro de eventos con alojamiento exclusivo.

El canon de arriendo no llega a 9 millones de pesos que, con un descuento que se le ofreció al arrendatario quedó en 5.317.000 pesos. Valor que tasa únicamente la explotación ganadera. Con el agravante de que el pasado 18 de agosto la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín ordenó que uno de los predios que conforman la finca fuera entregado para reparar a las víctimas y conminó a la SAE a sanear los impuestos que se adeudan, los cuales ascienden a más de 365 millones de pesos. Monto muy superior a lo que el arrendatario ha pagado en estos años de aprovechamiento.

De otro lado, el actual presidente de la SAE recibió un listado de bienes con notables inconsistencias. Según reveló el fiscal Barbosa este jueves, el ente investigador tiene un inventario con 19.587 bienes, por un valor aproximado de 25,7 billones de pesos. En el listado, según la SAE, hay registrados bienes que no están bajo el control de la entidad. Es el caso de los predios Eucaliptos, en Soacha, que tienen un área de 115 hectáreas urbanas y están siendo ofertados a Aguas de Bogotá para la creación de un parque Tecno Ambiental. El problema está en que el bien actualmente tiene inconsistencias en los títulos y el catastro y está siendo explotado irregularmente por un tercero que, según informaciones preliminares que posee la entidad, tiene vínculos con la persona a la que se le extinguió el dominio.

El presidente Gustavo Petro encargó a la Dirección Nacional de Inteligencia cuatro investigaciones básicas sobre grandes procesos de corrupción. Una de ellas es sobre la SAE y los bienes incautados. La Fiscalía General de la Nación hará parte de una mesa técnica que tiene la meta de rastrear los bienes extraviados cuyo valor sobrepasa los 25 billones de pesos, exactamente la cifra que plantea recaudar el gobierno a través de la reforma tributaria.