Agremiaciones de veteranos de las Fuerzas Militares presentaron derecho de petición ante la JEP por preocupaciones sobre garantías judiciales

Las principales asociaciones representativas de la reserva y de los veteranos de la Fuerza Pública de Colombia expresaron a través de un comunicado, su preocupación por las garantías constitucionales y legales de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El pronunciamiento fue dirigido a la opinión pública nacional e internacional, la academia, las instituciones jurídicas, las víctimas del conflicto armado y los distintos sectores comprometidos con la construcción de paz en el país.

“Esta preocupación no constituye una oposición al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de Paz, con los derechos de las víctimas, con la verdad plena, la reparación integral y las garantías de no repetición”, señala el comunicado.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro (CGA), el Consejo de Generales en Retiro, la Confederación de Generales de la Reserva Activa (CGREN) y la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares (ACOSIPAR) aseguraron que su propósito no es promover la impunidad.

“Nuestro propósito es defender una justicia legítima, equilibrada y jurídicamente sólida, capaz de garantizar simultáneamente los derechos de las víctimas, el debido proceso, la presunción de inocencia, la responsabilidad penal individual en el marco transicional y la seguridad jurídica de todos los comparecientes”, indicaron.

Para los representantes de los uniformados retirados, una paz sostenible exige verdad, pero también legitimidad judicial. En ese sentido, insistieron en que las víctimas deben seguir siendo el centro del sistema.

“Reconocemos plenamente el dolor de miles de víctimas del conflicto armado colombiano. Ninguna sociedad puede avanzar hacia la reconciliación desconociendo ese sufrimiento”, agregaron.

Las asociaciones consideran que las decisiones de la JEP deben sustentarse en pruebas individualizadas, motivaciones claras y estándares jurídicos rigurosos, pues solo así las víctimas podrán recibir una verdad creíble, estable y legítima ante la sociedad y la comunidad internacional.

“La legitimidad de la justicia transicional exige que las decisiones judiciales se fundamenten en estándares claros de responsabilidad individual, prueba concreta y debido proceso. Dicha legitimidad puede verse comprometida cuando los patrones generales desplazan la acreditación específica de conductas y aportes personales, cuando se debilitan los mecanismos efectivos de control judicial o cuando aspectos esenciales del procedimiento terminan siendo definidos principalmente por desarrollos interpretativos y no por el legislador", aseguran las asociaciones de militares en retiro.

Una paz estable y duradera requiere verdad y reparación para las víctimas, pero también seguridad jurídica y garantías judiciales efectivas para todos los comparecientes”, señalaron.

Principales preocupaciones jurídicas y procesales

Las cinco asociaciones de militares en retiro dijeron que las observaciones presentadas formalmente ante la JEP identifican inquietudes que, a su juicio, merecen un debate técnico, serio y transparente por parte de la sociedad colombiana.

Entre las principales preocupaciones destacan:

Riesgo de responsabilidad basada en la jerarquía y no en pruebas individuales

Las asociaciones recordaron que el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció expresamente que la responsabilidad de mando no puede fundamentarse únicamente en el rango o la jerarquía.

“Sin embargo, diversas actuaciones y decisiones generan preocupación sobre posibles inferencias construidas principalmente a partir de la posición estructural del comandante y no de pruebas relacionadas con el control efectivo, el conocimiento real, la capacidad material de prevención y la participación individual. Esto tensiona principios fundamentales del derecho penal moderno y del Derecho Internacional Humanitario”, señalaron.

Uso de patrones generales como sustituto de prueba concreta

Las organizaciones reconocieron que la identificación de patrones de macrocriminalidad constituye una herramienta investigativa legítima. No obstante, manifestaron preocupación por la ausencia de parámetros suficientemente claros sobre la forma en que debe realizarse, documentarse y motivarse la contrastación probatoria que permita pasar de la identificación general de un patrón macrocriminal a la atribución individual de responsabilidad de un compareciente determinado.

Las asociaciones afirmaron que en múltiples casos perciben una valoración insuficiente del Derecho Operacional, las reglas de enfrentamiento, la incertidumbre táctica y las decisiones adoptadas bajo condiciones reales de combate.

Según indicaron, las actuaciones militares desarrolladas en escenarios de conflicto armado no pueden ser evaluadas exclusivamente desde reconstrucciones retrospectivas o análisis teóricos alejados de las condiciones operacionales existentes al momento de los hechos.

Los veteranos expresaron preocupación por la aplicación extensiva de conceptos como los aparatos organizados de poder, la autoría mediata y las estructuras criminales estatales a instituciones militares regulares del Estado colombiano.

Riesgos para la imparcialidad y la confianza institucional

También manifestaron inquietudes relacionadas con posibles vacíos en el régimen de impedimentos, la movilidad funcional entre investigadores y juzgadores, la falta de especialización técnica en Derecho Operacional y Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como una creciente discrecionalidad jurisprudencial.

“Estas situaciones deben ser discutidas institucionalmente para fortalecer la confianza en el sistema”, afirmaron.

Para las asociaciones, fortalecer las garantías y los estándares de actuación de la JEP contribuye a proteger la paz y a garantizar una justicia verdaderamente legítima y equilibrada.
 

En ese sentido, sostienen que advertir estas preocupaciones no debilita la justicia transicional, sino que la fortalece. A su juicio, un sistema transicional legítimo debe ser capaz de escuchar críticas técnicas, corregir desequilibrios, revisar estándares y garantizar igualdad procesal y seguridad jurídica.

Asimismo, advirtieron que ignorar estas tensiones podría afectar la legitimidad nacional de la JEP, la confianza de las víctimas, la seguridad jurídica del sistema y la credibilidad internacional del modelo colombiano de justicia transicional.

“La estabilidad institucional de Colombia exige una justicia técnicamente sólida, constitucionalmente equilibrada y moralmente legítima”, enfatizaron.

Un llamado nacional

Las cinco asociaciones reiteraron que Colombia necesita un debate sereno, técnico y responsable sobre el futuro de la justicia transicional.

“Convocamos a las instituciones del Estado, a las altas cortes, al Congreso, a la academia, a los organismos internacionales, a las organizaciones de víctimas y a la sociedad en general a promover espacios de reflexión orientados a fortalecer la legitimidad de la JEP y garantizar que sus decisiones respeten plenamente el debido proceso, el principio de responsabilidad penal individual, el Derecho Internacional Humanitario y los estándares internacionales de justicia.

La reconciliación nacional requiere verdad, pero también equilibrio, garantías y justicia imparcial. Solo así la paz podrá consolidarse como un verdadero proyecto nacional de legitimidad democrática y seguridad jurídica”, puntualizaron.