Crédito: Presidencia de la República
Presidencia abrió investigación interna por acusaciones de interceptaciones telefónicas a magistrados
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El Dapre anunció que inició una investigación interna para determinar quiénes fueron los responsables de las supuestas interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores, de las cuales se acusa al Gobierno.
Por: Carolina Calero
En medio de las acusaciones por supuestas interceptaciones a magistrados, opositores y periodistas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dirigido por Laura Sarabia, anunció a través de un comunicado que se inició una investigación interna en las oficinas de la Casa de Nariño.
“Desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de secretaría para las comunicaciones y prensa, y la dirección de tecnología de la Presidencia de la República”, señala el documento.
La Presidencia reiteró que prácticas como perfilamiento, seguimiento e interceptación no forman parte de las actividades de la dirección de tecnología y la secretaría de comunicaciones y prensa. Además, enfatizó que, al ser ellos mismos víctimas de estas prácticas, la persona responsable deberá responder ante las autoridades.
"El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos", menciona el comunicado.
¿Qué dice el presidente Gustavo Petro?
A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos y aseguró que, desde su primer día en la Casa de Nariño, la inteligencia estatal se utilizaría para combatir a los criminales y no para perseguir a líderes de la oposición, periodistas o magistrados de las altas cortes.
