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En 2023 Compensar y Sura advirtieron a MinSalud sobre su compleja situación financiera
Dos de las tres EPS, hoy en proceso de intervención, le enviaron un mensaje al ministro de Salud pidiendo ayuda por su “angustiosa” situación financiera, ya para entonces insostenible. Las entidades reconocieron que la situación venía de años atrás y que el colapso era inminente. ¿Qué tan críticas eran las cifras?
Por: Andrés Muñoz
En menos de tres días, el sistema de salud en Colombia entró en un remezón. La Superintendencia de Salud decidió intervenir Nueva EPS y Sanitas, las dos EPS más grandes del país. Juntas suman poco más de 16 millones de pacientes. Además, Compensar, con otros 2,7 millones de usuarios, pidió voluntariamente su intervención y liquidación por su “compleja” situación financiera.
En resumen, tanto la Superintendencia como Compensar han argumentado que las razones para intervenir y pedir la liquidación obedecen a que las finanzas de estas tres EPS no les permiten seguir operando con normalidad. Antes del colapso, es necesaria la toma de medidas urgentes.
Para entender más el porqué de las intervenciones, vale la pena retomar una carta que los presidentes de Sanitas, Compensar y Sura le enviaron al ministro de Salud. En el documento, del 27 de julio de 2023, las tres entidades hicieron un llamado urgente a Guillermo Alfonso Jaramillo para encontrar soluciones ante la “insostenible” situación financiera que enfrentaban en ese entonces.
“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted (ministro Guillermo Alfonso Jaramillo), de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, se lee en parte de la carta.
En el documento, cada EPS hace un resumen de su situación financiera y los pasivos que las tenían en apuros.
El caso más grave era el de Sanitas, que reportó 295.000 millones de pesos en pérdidas en 2022. También proyectó en ese momento 150.000 millones de pesos en pérdidas para 2023.
Además, según el documento, la deuda por presupuestos máximos de Sanitas a corte de junio de 2023 era de 310.000 millones de pesos. En la tabla también se especifican otros rubros como la insuficiencia de la UPC en 2022 y 2023 (a corte de junio), la deuda por canastas covid y la cartera por fuera del Plan Básico de Salud (PBS) diferente a los presupuestos máximos. En total, estos tres pasivos sumaban para ese entonces 1,3 billones de pesos.
En el caso de Compensar, que este 5 de abril pidió su liquidación, la deuda por presupuestos máximos a corte de 2023 era de 173.000 millones de pesos. La proyección de pérdidas a 2023 fue de 97.000 millones de pesos y la insuficiencia de la UPC entre 2022 y junio de 2023 alcanzaba los 760.000 millones de pesos.
Finalmente, Sura, la única EPS sin intervenir de las tres que firmaron la carta, reportó 212.000 millones de pesos de duda por presupuestos máximos a corte de junio de 2023. Además, las pérdidas proyectadas para el año pasado eran de 181.000 millones de pesos: 50.000 millones más que en 2022. Según el informe de la Contraloría de febrero de este año, Sura es una de las cinco EPS que cumple los requisitos legales de estabilidad financiera para seguir operando.
En la carta, los tres presidentes de las EPS afirman que las razones de la crítica situación financiera de estas entidades obedecía a tres razones. La primera, la insuficiencia del valor de la UPC para atender el plan de beneficios en salud. “Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 por ciento (...) el ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 por ciento”, dice el documento.
En enero del año pasado, el Ministerio de Salud subió 16,23 por ciento la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado. Para las EPS el aumento tuvo que ser cercano al 22 por ciento. En 2024, el aumento fijado fue del 12,01 por ciento.
En segundo lugar, las EPS apuntan hacia la distribución inequitativa de los recursos entre los actores del sistema de salud y por último refieren el no pago de las deudas del Estado tiene con ellas, como es el caso de los presupuestos máximos. Este rubro es una bolsa de recursos públicos coordinada por la Adres para pagar los tratamientos que no están cubiertos por la UPC.
Justamente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asistió a la Corte Constitucional este 5 de abril para una audiencia pública. El motivo de la citación es que desde principios de este año la Corte le pidió explicaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de la sentencia T-260 de 2008. En esa decisión, la Corte encontró falencias en la metodología para calcular el aumento anual de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado. La preocupación de la Corte Constitucional es la desfinanciación del sistema de Salud y el debate acerca de incrementar o no la UPC.
Por último, en la diciente carta del año pasado enviada por las EPS al Gobierno, los presidentes de Sanitas, Sura y Compensar reconocieron que la crisis del sector es estructural y viene de años atrás.
“Sabemos que estas problemáticas no obedecen únicamente a este último periodo, sino que se vienen acumulando desde varios años atrás por diferentes situaciones, pero que hoy requieren con urgencia ser atendidas y resultas para evitar el colapso”, se lee en el documento.
Luego del mensaje de socorro de las EPS, estas trabajaron en mesas técnicas con el Ministerio de Salud buscando soluciones concertadas para la crisis. Sin embargo, diez meses después parece que el diálogo no prosperó.
