Procuraduría intensifica vigilancia por incendios forestales en nueve departamentos del país
La Procuraduría desplegó equipos en los municipios más afectados por los incendios forestales para verificar la activación de los consejos de gestión del riesgo y el cumplimiento de los planes de contingencia. En Nariño fueron aprobadas 30 horas de operación aérea para enfrentar las emergencias más críticas.
Por: Redacción Cambio
Los incendios forestales que afectan distintas regiones del país pusieron en alerta a los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación intensificó su vigilancia preventiva en nueve departamentos —Nariño, Tolima, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cauca— para hacer seguimiento a la respuesta de las autoridades locales y verificar que estén funcionando los mecanismos previstos para atender este tipo de emergencias.
La tarea está siendo adelantada por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, cuyos funcionarios se encuentran desplegados en los municipios afectados. Allí están verificando dos asuntos fundamentales: que los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo hayan sido activados y que las administraciones estén ejecutando los respectivos planes de contingencia.
La vigilancia también llegó hasta la sala de crisis nacional, desde donde se coordinan los recursos necesarios para responder a las emergencias que permanecen activas. Uno de los puntos centrales es el seguimiento a los helicópteros destinados a combatir desde el aire los incendios que presentan mayores dificultades para ser controlados en tierra.
La situación de Nariño ha requerido una respuesta particular. Para ese departamento fueron aprobadas 30 horas de operación aérea destinadas a enfrentar los incendios más críticos registrados en los municipios de Los Andes, La Llanada y Santacruz.
En Quindío y Tolima también fueron dispuestos equipos aéreos para apoyar las labores de los organismos de emergencia. Según la información conocida, esos recursos permanecerán operando hasta que pueda ser controlada la situación en las zonas identificadas con mayor riesgo.
La presencia del Ministerio Público en los territorios no significa que la Procuraduría asuma directamente las labores de extinción de los incendios. Su función es vigilar la respuesta institucional y comprobar que las autoridades responsables activen los instrumentos disponibles para proteger a las comunidades y atender oportunamente las emergencias.
La preocupación no es menor. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y ambientales, y a los organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para fortalecer la respuesta articulada frente a la emergencia. Según la entidad, los incendios forestales asociados al fenómeno de El Niño ya afectan varios departamentos del país y requieren atención prioritaria en Antioquia, Quindío, Nariño, Tolima, Cesar y Cundinamarca, donde persisten riesgos para la vida de las comunidades, las viviendas, los cultivos, los animales y los medios de subsistencia. Solo en Tolima, advirtió la Defensoría, permanecen activos 31 incendios en 15 municipios, mientras que en Antioquia continúan varios focos de gran magnitud que mantienen en máxima alerta a los organismos de socorro.
Vigilancia sobre los recursos y la respuesta institucional
La Procuraduría aseguró que el acompañamiento también busca garantizar que exista coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la atención de los incendios. La magnitud de las emergencias obliga a articular las capacidades municipales, departamentales y nacionales, particularmente cuando se requieren recursos especializados como aeronaves para combatir el fuego.
El organismo de control también mantendrá la lupa sobre la utilización de los recursos destinados a enfrentar las emergencias. Además de verificar la articulación institucional, la vigilancia preventiva busca garantizar transparencia en su administración y, principalmente, que las decisiones adoptadas permitan proteger efectivamente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por los incendios forestales.
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