‘El Reporte Coronell’ del pasado viernes describe magistralmente las actuaciones de la Procuraduría en el caso de la venta de la Triple A, la compañía que maneja el acueducto, el alcantarillado y el aseo de Barranquilla. Según el periodista, la procuradora Cabello actuó como “juez, verdugo y conciliador” al suspender al presidente de la SAE, Daniel Rojas, quien se opuso a esta compraventa, realizada en el gobierno de Iván Duque, porque pretendía vender las acciones en un precio tres veces menor al real; y después, al protagonizar la cuestionada conciliación que terminará por vender la compañía por 1,3 billones de pesos menos de lo que realmente cuesta. Y no le falta razón al periodista Daniel Coronell, pues es evidente que, en este caso, como en otros anteriores, Cabello ha demostrado ser la procuradora del clan Char.
La Procuraduría hace un tiempo dejó de ser un órgano de control para convertirse en un fortín burocrático y político que nos cuesta a los colombianos anualmente alrededor de un billón de pesos. Desde la administración de Alejandro Ordóñez, y ahora en la de Margarita Cabello, la Procuraduría ha ampliado su nómina exponencialmente, contratando en muchos casos a funcionarios cercanos a los intereses de los procuradores generales, sin entregar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. Pero lo más preocupante es que no solamente este órgano superpoderoso dejó de cumplir su función constitucional, sino que se convirtió en una fortaleza para perseguir a opositores.
Los colombianos aún recordamos los excesos del periodo de Alejandro Ordóñez al suspender e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Decisión que afortunadamente fue reversada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además limitó las funciones sancionatorias de la Procuraduría a funcionarios elegidos electoralmente, por no ser un órgano judicial, pero que desafortunadamente fue ignorada por Margarita Cabello con la ayuda de un Congreso controlado por la presidencia de Iván Duque, aliado del clan Char.
Aunque Cabello se presenta “apolítica” y ecuánime, sus relaciones personales y la selectividad y arbitrariedad en sus actuaciones parecen desmentirla.
La procuradora ha hecho casi toda su carrera en la rama judicial, tuvo un pequeño intento de saltar a la política antes de ser ministra de Justicia del gobierno del expresidente Duque, cuando aspiró, como precandidata de los Char, a la Gobernación del Atlántico. Durante el gobierno de Uribe fue ternada para fiscal general y también fue procuradora delegada en el periodo de Ordóñez, quien siempre ha sido uno de sus principales promotores. Con este impulso y después de estar en la Corte Suprema de Justicia, llegó al gobierno de Duque, quien la ternó para procuradora general y resultó elegida después de una campaña en el Congreso impulsada, entre otros, por los clanes del Atlántico, incluyendo el clan Char. En este entramado, se presentó incluso una demanda contra la investidura de Arturo Char, entonces presidente del Senado, por haber hecho campaña a favor de Cabello para su elección, que finalmente fue desestimada por el Consejo de Estado por vicios de forma que el demandante no subsanó.
La procuradora afirmó a la revista Semana que “el hecho que conozca a mucha gente en virtud de ser barranquillera implica que los conozco, pero no soy cómplice de ninguno”; no obstante, a los Char no solo los conoce sino que son sus aliados políticos: ella ha ayudado a reproducir el poder de este clan y este a su vez el de ella.
En 2020, el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams denunció a los Char por presuntamente haber cobrado miles de millones en coimas que él mismo pagó para la construcción de un tanque de agua en Barranquilla. Cuando el ganadero reclamó su dinero, uno de los aliados políticos de la familia Char, el senador Name, lo amenazó con posibles acciones de la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, en su contra.
Además, Chams denunció a Arturo Char, entonces presidente del Senado, en la Procuraduría por haber entregado 800 millones en contratos de esta corporación a dos personas involucradas en el escándalo de la construcción del tanque de agua en Barranquilla. La procuradora Margarita Cabello, que ha debido declararse impedida, cerró la investigación aduciendo que el ordenador del gasto no era Arturo Char, sino el director administrativo, contra quien no se ha tomado ninguna decisión.
Pero este no es el único caso. Cuestión Pública denunció en 2021 que otro proceso que duerme el sueño de los justos en la Procuraduría es el que cursa contra Elsa Noguera por la expedición del POT de Barranquilla en 2014, sobre el que presuntamente tendría intereses la familia Char y que fue elaborado por el sobrino de la procuradora, Miguel Eduardo Vergara Cabello, cuando era secretario de Planeación de la Alcaldía de Barranquilla.
Las conexiones, como hemos visto, no son pocas. Hay que agregar que no solo su sobrino habría trabajado en la alcaldía de Elsa Noguera, también del clan Char, sino que su hijo, Alberto Mario Caparroso Cabello, celebró contratos con la alcaldía de Alejandro Char por 700 millones de pesos.
No nos pueden sorprender entonces las actuaciones arbitrarias de la procuradora Cabello al destituir al presidente de la SAE para favorecer el negocio de la Triple A, en donde la familia Char, que controla actualmente la administración de Barranquilla, tiene múltiples intereses. Además, no es una coincidencia que en el escándalo de Centros Poblados la Procuraduría haya brillado por su pasividad si tenemos en cuenta que la exministra Karen Abudinen también fue secretaria de Educación en la alcaldía de Alejandro Char.
Más vale que en el país podamos dar un debate serio sobre la necesidad de mantener vigente la Procuraduría General de la Nación que ahora se parece más a un monstruo burocrático y político que en la práctica atenta con la democracia. Negar las aspiraciones presidenciales de los procuradores Ordóñez y Cabello es mentirle al país. Seguir permitiendo que las instituciones actúen para favorecer intereses políticos e individuales terminará por darle la razón al presidente Petro de que no hay garantías para el cambio por el camino institucional y que por eso las calles incendiadas deberían tener la última palabra. Pobre país.
