La procuradora charista

‘El Reporte Coronell’ del pasado viernes describe magistralmente las actuaciones de la Procuraduría en el caso de la venta de la Triple A, la compañía que maneja el acueducto, el alcantarillado y el aseo de Barranquilla. Según el periodista, la procuradora Cabello actuó como “juez, verdugo y conciliador” al suspender al presidente de la SAE, Daniel Rojas, quien se opuso a esta compraventa, realizada en el gobierno de Iván Duque, porque pretendía vender las acciones en un precio tres veces menor al real; y después, al protagonizar la cuestionada conciliación que terminará por vender la compañía por 1,3 billones de pesos menos de lo que realmente cuesta. Y no le falta razón al periodista Daniel Coronell, pues es evidente que, en este caso, como en otros anteriores, Cabello ha demostrado ser la procuradora del clan Char.

La Procuraduría hace un tiempo dejó de ser un órgano de control para convertirse en un fortín burocrático y político que nos cuesta a los colombianos anualmente alrededor de un billón de pesos. Desde la administración de Alejandro Ordóñez, y ahora en la de Margarita Cabello, la Procuraduría ha ampliado su nómina exponencialmente, contratando en muchos casos a funcionarios cercanos a los intereses de los procuradores generales, sin entregar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. Pero lo más preocupante es que no solamente este órgano superpoderoso dejó de cumplir su función constitucional, sino que se convirtió en una fortaleza para perseguir a opositores.

Los colombianos aún recordamos los excesos del periodo de Alejandro Ordóñez al suspender e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Decisión que afortunadamente fue reversada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además limitó las funciones sancionatorias de la Procuraduría a funcionarios elegidos electoralmente, por no ser un órgano judicial, pero que desafortunadamente fue ignorada por Margarita Cabello con la ayuda de un Congreso controlado por la presidencia de Iván Duque, aliado del clan Char.