No hay palabras suficientes para describir la tragedia que vive hoy Venezuela. La ciudadanía, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, recobró la esperanza en una transición democrática por las vías electorales. Ante la abrumadora derrota, Maduro reaccionó con desespero y violencia, con mentiras y amenazas, para consolidar un fraude electoral generalizado.
El presidente Petro ha tratado de ganarle tiempo a la dictadura. Los dirigentes del Pacto Histórico con su presencia, apoyo y silencio han conseguido darle ánimo, oxígeno y aliento a Maduro. Esa tolerancia, complicidad y silencio del petrismo ante lo que ocurre en Venezuela debe alarmar a los colombianos. ¿Es posible que la cercanía ideológica de Gustavo Petro y la complicidad del Pacto Histórico con Maduro se traduzca en una imitación de sus métodos autoritarios y represivos en Colombia?
La invocación de Petro a un poder constituyente por fuera de las instituciones tiene un inconfundible sabor a autoritarismo chavista. Esa fue la vía que Hugo Chávez y Maduro utilizaron para tomarse el poder. El desprecio hacia la separación de los poderes públicos y la vigencia de la ley -que para ellos son obstáculos a la revolución y al cambio- son otro punto de convergencia entre el ideario petrista y el chavista. El señalamiento maniqueo a las élites ladronas, al fascismo de los dirigentes, a los oligarcas narcotraficantes, llamados reiterados y compartidos en el discurso de Maduro y de Petro, tiene el propósito de sembrar un odio de clases que justifique sus arbitrariedades.
Es cierto que hay grandes diferencias entre los dos países que se invocan con frecuencia para aliviar la preocupación sobre una replicación del modelo chavista en Colombia a cargo del actual gobierno. Las Cortes, el Congreso de la Republica y las instituciones de justicia tienden a considerarse una garantía suficiente de que se evitarán las arbitrariedades del poder ejecutivo. También la existencia una prensa libre es un freno que está vivo y vigente en Colombia, a pesar de los ataques a los medios por parte del presidente Petro y sus ministros.
Sin duda esos son factores reales que ejercen un inmenso contrapeso a las pretensiones de perpetuación de cualquier gobierno. De hecho fueron la Corte Constitucional y la Corte Suprema -y las denuncias periodísticas- las que impidieron la consolidación del fraude legislativo de Álvaro Uribe para lograr que se le concediera un tercer periodo presidencial. Sin embargo, si se hace la hipótesis de que efectivamente, como lo han dicho muchos dirigentes del petrismo, el actual gobierno desea perpetuarse no precisamente por la vía institucional, estaríamos ante otro cantar. Así las cosas no sería descabellado imaginarse un escenario se busque apelar a los métodos de Caracas.
Como lo dice el experto Marcel Dirsus [@marceldirsus] en su reciente libro, How Tyrants Fall (Cómo caen los tiranos, julio 18, 2024) la variable clave para que pierda el poder un dictador o se impidan sus pretensiones de perpetuación es la lealtad y el control del poder militar. Así ha sido en la historia y así es en la actualidad.
El intento de Trump de robarse las elecciones fracasó en gran medida porque el secretario de Defensa Mark Esper y su comandante general se negaron a acatar la intención de usar a los militares para intervenir los puestos de votación. El general Mark Milley, que tuvo por cuatro años el cargo de comandante general, ante las pretensiones autoritarias de Trump, dijo lo siguiente:“Nosotros [los militares] no tomamos juramento ante un rey o reina o ante un tirano o dictador… Nosotros no tomamos juramento para acatar a un individuo. Nosotros juramos lealtad a la Constitución”.
Algo parecido ocurrió cuando el 7 de diciembre de 2022 el presidente electo del Perú, Pedro Castillo, declaró un estado de excepción, ordenó cerrar el Congreso y pretendió asumir plenos poderes. Nuevamente, fue la firmeza del ministro de Defensa, los altos mandos militares y la Policía Nacional lo que impidió el surgimiento de otro Chávez en el continente. En el comunicado correspondiente decían: “Cualquier acto contrario al orden constitucional, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional”.
Entonces la pregunta inmediata que surge es si de llegarse a una situación en la que el presidente Petro intentara imponer sus cambios y su poder constituyente por fuera de la ley y la Constitución, ¿cuál sería la actitud de los militares colombianos? A quienes conocemos de cerca la formación democrática y el compromiso institucional de las Fuerzas Armadas no nos cabe duda de que estarían con la Constitución. Que no crea Petro que con sacudones, promociones, primas y prebendas logrará cambiar esa lealtad. Colombia no es tierra fértil para el autoritarismo bolivariano.
@gabrielsilvaluj
