El congresista Pedro José Suárez Vacca, representante del Pacto Histórico y otrora honorable juez de la República, ha intentado por todos los medios sepultar el proceso penal que enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia y que podría significar el fin de su carrera. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado estrepitosamente.
El pasado 25 de febrero de 2025, la Sala de Primera Instancia de la Corte le negó la solicitud de cesación de procedimiento, atizando un golpe contundente a sus maniobras dilatorias. Lo más revelador de este fallo no es solo la negativa a archivar el caso, sino el desmantelamiento total de su defensa. El alto tribunal rechazó todas sus pruebas, dejando al descubierto la precariedad de sus argumentos. Como diría mi abuelita, al que no sabe de vacas, la boñiga lo embiste.
Suárez Vacca pretendió respaldar su defensa con un conjunto de pruebas testimoniales y documentales que, según él, demostrarían su inocencia. Entre la evidencia, solicitó la declaración de una señora llamada Flor Marina Delgadillo Espitia, esposa de un condenado cuya vigilancia estuvo bajo su control. También de Sandra Cecilia Jiménez Zamudio, exfuncionaria del Centro de Servicios Judiciales, y de la señora Olga Lucía Rodríguez Guerrero, quien trabajó en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que ninguno de estos testimonios contenía información relevante para el caso, ya que sus declaraciones no alteraban el hecho de que Suárez Vacca había tomado decisiones judiciales en contravía de la ley para favorecer a un condenado por narcotráfico y secuestro. Más come la vaca de un bocado, que la oveja en toda una jornada.
El representante también quiso incorporar en su defensa documentos como los manuales de funciones del juzgado y las estadísticas de procesos en su despacho. Su argumento era que estos documentos demostrarían que sus decisiones se ajustaban a la normatividad vigente. Vaca de cabeza chiquita, siempre novillita.
La Corte Suprema consideró que dichas pruebas eran casi irrisorias, ya que el expediente contiene suficiente evidencia que revela que los fallos emitidos por Suárez Vacca fueron irregulares. Además, no realizó los análisis jurídicos correspondientes antes de conceder beneficios a condenados de alta peligrosidad. De hecho, las pruebas ya recopiladas demuestran que en su despacho se omitieron requisitos legales esenciales para otorgar prisión domiciliaria.
Uno de los intentos más evidentes de Suárez Vacca por desacreditar la acusación, fue su solicitud para excluir el testimonio de una persona que se desempeñó como su escolta, el señor John Carlos Mancipe Puerto, quien confesó que actuó como emisario en la entrega de un soborno de un narco de 35 millones de pesos al entonces juez. Ahora más adelante entramos a analizar esto.
La Corte rechazó esta solicitud argumentando que el testimonio de Mancipe Puerto era consistente con otras pruebas del expediente, incluyendo un manuscrito firmado por Suárez Vacca en el que instruía a un condenado narco sobre cómo manejar su situación judicial y hacer entrega del soborno por medio de su escolta del momento.
Para el alto tribunal, la defensa del congresista solo buscaba generar distracción y dilación, sin aportar elementos que refutaran la solidez del material probatorio en su contra. Este escándalo, que se ha revelado gracias a las investigaciones y denuncias en esta columna desde el año 2023, es una muestra clara de cómo la corrupción sigue infiltrada en el corazón del Pacto Histórico, partido que ha decidido ignorar el acervo en contra de su representante a la Cámara. Afortunadamente, la Corte Suprema no lo está ignorando.
El principal recurso de los miembros del movimiento político y del mismo Suárez Vacca es alegar que los hechos ya han prescrito y, por ende, el proceso debería cerrarse. Sin embargo, el alto tribunal desmontó esta tesis al indicar que el delito de prevaricato por acción agravado en modalidad continuada mantiene vigente la acción penal.
La última decisión ilegal del caso data del 15 de septiembre de 2009, y la acusación formal se emitió en agosto de 2024, es decir, dentro del plazo legal de prescripción. La estrategia del representante se desmoronó desde el principio, demostrando que, aunque muy vaca lechera del partido de gobierno, como dice mi profesor de derecho penal, la vaca no da leche solita: hay que ir a ordeñarla. Y Suárez Vacca ordeñó el sistema judicial.
Por eso recordemos lo que el congresista y su partido han intentado olvidar y enterrar. Los detalles. Que muestran que Pedro José Suárez Vacca montó un cartel de la toga cuando fue juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja. Así como se oye.
Como hemos explicado en este espacio, un juez de ejecución de penas tiene la función de garantizar la legalidad de la realización de las sanciones penales. Es una autoridad judicial competente para determinar dónde se debe dar el cumplimiento de la sanción penal.
La investigación de la Corte al congresista de Boyacá es por hechos que datan del 23 de enero de 2008, cuando le correspondió a Suárez Vacca, como juez de ejecución, controlar la pena impuesta en contra de un narco llamado Lelio Nevardo Ávila Santana, por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro.
Según la evidencia, el entonces juez, a cambio del soborno de 35 milloncitos, le dio al condenado narcotraficante la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, beneficio completamente irregular para esos delitos, específicamente por una razón, y es que este señor utilizó su estadía de casa por cárcel para seguir delinquiendo. Oveja cornuda y vaca barriguda, no la cambies por ninguna.
El 3 de mayo de 2018, en una operación en la que se incautó una tonelada de cocaína y 1.500.000 euros en efectivo, cayó nuevamente Lelio Nevardo Ávila Santana, señalado como el enlace de la mafia albanesa en Colombia. El mismo que el entonces juez Suárez Vacca le había dado casa por cárcel en 2008.
Pero este grave hecho no parece ser la excepción, sino la regla en el juzgado que manejó el ahora congresista por el Pacto Histórico. Para esto nada mejor que comprobarlo con unos relatos publicados por esta columna.
El primero con otro de los favorecidos de este cartel de la toga en Boyacá, donde se vendía el beneficio de la casa por cárcel, testigo que pidió que no se revelara su identidad, ni el audio de la entrevista, no solo porque está autoincriminándose de graves delitos, sino también por seguridad personal.
La segunda entrevista publicada en abril del año pasado es con el testigo más importante de estos hechos ante la Corte, el señor John Carlos Mancipe Puerto, quien por esta actuación ha sufrido múltiples amenazas de muerte contra él y su familia. Peligrosa la vaca que actúa como toro.
Vamos a los hechos y con eso al primer testimonio. Como establecimos, es de una persona que negoció estos beneficios y ahora vive en el exterior. Según esta fuente, el juez Suárez Vacca no solo coordinaba lo de su despacho, sino también operaba como puente para cuadrar beneficios y sentencias en otros juzgados en Boyacá.
“El andamiaje de corrupción era muy grande. Uno no ha querido salpicar gente porque por medio de Suárez Vacca existían otros jueces, de la misma categoría de él, que también vendían justicia. Entonces no solo era lo que él hacía como titular de su despacho, sino que facilitaba cosas. El fortín de él era el Centro de Servicios de Ejecución de Penas que tenía su andamiaje ahí con la negra Rocío”, explicó la fuente.
Como hemos probado en columnas anteriores, y corroborando lo que dice el testigo, según documentos de la Corte, Suárez Vacca figura no solo como un investigado por esos delitos, sino como presunto cabecilla de un entramado delincuencial. Dentro de esa red criminal aparece una exfuncionaria del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de nombre Lesly Rocío Cruz Chacón, quien trabajó posteriormente como secretaria de Contratación de la Alcaldía de Tunja en 2017. Vaya contratación.
Las investigaciones judiciales han confirmado ese modus operandi con el que Pedro José Suárez Vacca manipulaba la justicia en su despacho. En mayo de 2010, la funcionaria María Romelia Romero Gómez denunció que el sistema de reparto había sido alterado para que el caso del narco Lelio Nevardo Ávila llegara al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas. La Procuraduría remitió el caso a la Fiscalía, que encontró un patrón de irregularidades muy preocupantes.
Pero no son solo relatos. La carta firmada por Suárez Vacca, que se publicó en esta columna en noviembre del 2023, establece que el entonces juez y el condenado narco Lelio Nevardo Ávila se cruzaron comunicaciones, en las que negociaron el beneficio de casa por cárcel para el delincuente y se definieron los términos.
Esa carta establece que el único autorizado para hablar en persona y servir de correo entre el juez y el narco, “para no dar papaya” era un señor llamado John. La carta se refiere al señor John Carlos Mancipe Puerto, que mencionamos anteriormente, que en entrevista con esta columna estableció: “El doctor Pedro (y yo) íbamos para el juzgado cuando ahí, en una esquina diagonal a la Alcaldía, entró a una papelería que se llamaba Papelería Universitaria y compró una hoja de examen cuadriculada. Nos fuimos para una cafetería, y me dijo ‘Johncito: usted se acuerda donde estuvimos, ¿donde Lelio?’. Le dije: ‘sí señor’. ‘Necesito que se vaya para Bogotá y le lleve esto’. ‘¿Cómo así?’. ‘Sí, váyase para Bogotá, le lleva esto, eso sí no se la vaya a dejar, me la devuelve’”.
La hoja de examen cuadriculada que refiere el señor Mancipe es la que usó para enviarle la carta de su puño y letra, misma donde se coordinó el soborno y que termina con un: “Reciba un fuerte abrazo. Saludos a sus padres. Pedro José Suárez Vacca”. Es tan clara la evidencia que, para colmo de males, el congresista no niega que escribió esa carta firmada con su puño y letra.
Sigamos con el relato del que fue escolta del entonces juez: “Fui y se la llevé y ese día don Lelio me dio un sobre manila envuelto. Para mí, es como cuando usted mete un fajo de billetes y lo dobla y lo envuelve en un sobre en manila. Me devolví ese día, le entregué el sobre manila a él (a Suárez Vacca), pero la carta se me olvidó entregársela. Ya después, al buen rato, volvió y me mandó a Bogotá a que hablara nuevamente con don Lelio. Esa vez me encontré con él, con Lelio Nevardo, ahí en la 170. Había un Éxito, al lado unos restaurantes y unas cafeterías. Ahí me lo encontré, almorcé, me dio gaseosa y me entregó 10 millones de pesos en efectivo. Me dijo: ‘tome, llévele esto al doctor Pedrito, muchas gracias’. Almorcé, pun pun, tomé gaseosa y me devolví. Llegué al juzgado: ‘doctor Pedrito, que por aquí le mandan’. ‘Ah bueno’. Cerró la puerta, le entregué la plata. ‘Ah listo Johncito. Gracias, gracias’”.
El caso de Suárez Vacca no es solo un problema legal para él. Es también un escándalo político que golpea el corazón del Pacto Histórico. La imagen de un congresista, que codo a codo hizo campaña con el presidente Gustavo Petro y que ahora defiende los valores de su administración en el Congreso, refuerza la percepción de que el oficialismo ha cobijado a personajes de oscura reputación para defender sus intereses. Pero como dicen en el campo: la leche desnatada, alimenta poco o nada.
Por eso, la decisión de la Corte Suprema es un golpe al cinismo del congresista y del Gobierno. Lo que queda por ver es si, como tantas otras veces en la historia judicial colombiana, el poder político seguirá intentado blindar los problemas judiciales. De pronto, la boñiga en la que está metido esta vez el señor Suárez Vacca hasta los cuernos, acabará por hundirlo por completo, demostrando que no existen vacas sagradas. O por lo menos, no deberían existir en la justicia colombiana.
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