La Alcaldía de Bucaramanga prometió arreglarles la casa, destinó 6.000 millones de pesos para ello y las dejó peor que antes

A miles de bumangueses les prometieron que les arreglarían sus casas. El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (Invisbu), entidad adscrita a la Alcaldía de la ciudad, suscribió contratos por más de 6.000 millones de pesos para este propósito y hoy los resultados no se ven por ningún lado. Fueron dos contratos –uno adjudicado en diciembre de 2021 y otro en julio de 2022– proyectados para una duración de cuatro meses y que continúan sin materializarse. CAMBIO visitó los barrios en donde estos trabajos debían llevarse a cabo, conversó con los propietarios de los hogares afectados y corroboró el deterioro de las edificaciones. Una importante cantidad de recursos públicos se destinaron para paliar una situación y los malos manejos terminaron empeorándola.

¿Mejoramiento o empeoramiento?

El primer contrato, por un monto de 1.330 millones de pesos, se le entregó a Ariete Ingeniería y Construcción S.A. el 29 de diciembre de 2021. El resultado del proceso de licitación no estuvo exento de polémica. Solo seis meses antes, en junio de aquel año, esta empresa había sido multada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) después de que se concluyera que, de la mano de otras compañías, conformó un “cartel relacionado en los procesos de contratación estatal para el mantenimiento y adecuación de instalaciones” durante 2015 y 2017. El Invisbu, sin embargo, obvió esa reciente anotación en el historial de Ariete y le dio vía libre para que se encargara del mejoramiento de 127 viviendas en cuatro barrios de Bucaramanga. El acta de inicio de las obras se firmó el 15 de febrero de 2022 y se fijó como fecha de finalización el 14 de junio. La cadena de tropiezos no tardó en comenzar.

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Dos meses más tarde, un informe de interventoría resaltó las demoras en el cronograma del proyecto. “Según programación presentada por el contratista, a la fecha se debe tener un avance de ejecución del 53,5 por ciento. A la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución equivalente al 3,7 por ciento y se evidencia un atraso de 49,8 por ciento, por lo cual se solicita al contratista un plan de contingencia para nivelar el retraso presentado en la programación”, se lee en el documento que se allegó al Invisbu en abril de 2022.

La advertencia de la firma interventora fue la antesala de la suspensión que se dio el 8 de junio. Era claro que el contratista estaba colgado de tiempo y el cumplimiento de lo pactado lo sobrepasaba. Ocho días antes de la fecha de finalización se suspendieron las obras y Ariete solicitó, dos semanas después, que se le autorizara la cesión del contrato al Consorcio Urbanas IC 2022. El Invisbu dio el visto bueno, pero el prometido remedio no fue solución de nada.

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El mejoramiento de las casas se reanudó en octubre, se otorgó una prórroga de dos meses y medio para la entrega del proyecto y fue suspendido, una vez más, el 29 de diciembre, a pocos días de que se acabara el nuevo plazo estipulado. El consorcio argumentó que requería “ajustar el plan de trabajo” con el fin de “poder organizar la ejecución de las actividades”. Hasta la fecha el proyecto está inconcluso. CAMBIO visitó las viviendas que debían ser intervenidas y conversó con sus propietarios en los barrios Rincón de la Paz, Granada, Altos de Kennedy y Villa Mercedes. Precisamente en este último barrio, la Alcaldía también le adjudicó otro contrato a Ariete en marzo de 2022 –periodo en el que la interventoría empezaba a identificar las demoras en el mejoramiento de las casas– para adecuar el salón comunal, el cual se pronosticó que duraría 90 días y sigue sin terminarse.

Para no entorpecer las obras que se llevaban a cabo en sus hogares, y creyendo que sería cuestión de semanas o pocos meses, muchos de los beneficiarios optaron por mudarse en arriendo temporalmente. Las constantes suspensiones e incumplimientos los tienen aún viviendo por fuera de sus casas, endeudados y con la incertidumbre de cuándo les entregarán lo que les prometieron. Más de uno le aseguró a CAMBIO que los obreros demolieron paredes, pisos y baños, pero nunca realizaron los arreglos necesarios. En otras palabras, sus casas estaban mejor antes, pese al deterioro, que cuando Ariete tocó sus puertas.

“Como la empezaron en mayo (2022), así está. No han vuelto a meterle mano. Ahí están todos los materiales que dejaron”, afirmó una residente de Altos de Kennedy. Desde hace 11 meses guarda las llaves de su vecina, quien no tuvo otra opción que irse de su casa después de que, bajo la promesa de restaurar pisos, entraron contratistas del Invisbu a romper baldosas y nunca volvieran a aparecer. Las bolsas de cemento permanecen intactas en la sala.

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"Eso dijeron que por ahí en 20 días por mucho, o menos, acababan. Yo duré como cinco meses pagando ahí arriendo, pagando para mis trastes y todo", aseveró otra mujer que vive en la zona y que fue beneficiaria de la iniciativa.

En el salón comunal de Villa Mercedes el panorama es igual de desalentador. Aunque el alcalde Juan Carlos Cárdenas celebró en febrero de 2022, a través de su cuenta de Twitter, la firma del contrato para la construcción de un nuevo salón comunal, un año después la estructura está a medias, llena de basura y excrementos y es el lugar de encuentro para consumidores de drogas, según advierten los vecinos.

La historia se repite

La accidentada ejecución del mejoramiento de viviendas se repitió con otro contrato por 4.707 millones de pesos que le adjudicó el Invisbu a Building SAS. Firmado en julio de 2022 y con el inicio de obras programado para finales de agosto, el objeto consistía en la adecuación de 400 casas en 18 barrios de la ciudad. Al igual que Ariete, Building no estaba libre de pecados. Según reportó Vanguardia, el principal periódico de la región, esta compañía suscribió un contrato en 2019 con la administración municipal para desarrollar la red de alcantarillado de un proyecto de vivienda de interés social, el cual presentó sobrecostos por casi 1.000 millones de pesos y para septiembre del año pasado todavía no había sido liquidado.

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La interventoría del contrato de mejoramiento de vivienda también encontró retrasos por parte de Building. Para diciembre de 2022, mes en que supuestamente debía terminarse satisfactoriamente el mejoramiento, las obras iban a paso de tortuga. “Respecto al valor del número de viviendas que corresponden a la obligación contractual (400), el proyecto cuenta con un porcentaje de avance de 21,50 por ciento. Se deben tomar medidas pertinentes para asegurar cumplir con la obligación contractual”, advirtió la interventora en su informe.

Aquel documento fue el preludio de la suspensión del contrato. El 26 de diciembre se frenó la ejecución luego de que Building alegara “escasez de materiales” y una “situación de desabastecimiento nacional”. En febrero se le concedió una prórroga de tres meses más y, transcurrido más de la mitad de ese plazo, todo indica que tampoco así se entregarán las mejoras de las 400 casas.

Las consecuencias adversas para la comunidad resultaron siendo las mismas que causó Ariete: vecinos endeudados por el pago de arriendos, casas con su interior en obra gris y obreros que intermitentemente aparecen a realizar trabajos insuficientes. Muchos coinciden en que sus hogares estaban en mejor estado antes de ser intervenidos por Building y sus trabajadores, quienes aparecen de tanto en tanto pero no finalizan sus labores.

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“Esta obra comenzó el 7 de noviembre. Hace 15 días fue que acabaron de echar el concreto y el mortero. Mejor dicho, vinieron, destaparon y se demoraron cinco meses”, se quejó uno de los vecinos.

En el barrio Chorreras de Don Juan, CAMBIO conoció el caso de doña Raquel, en cuya vivienda nunca se terminó el mejoramiento bajo la excusa de que el dinero no alcanzaba. En su techo, paredes y patio se evidencian las labores de demolición que se llevaron a cabo.

“Desde septiembre empezó esto. Empezaron partiendo la plaqueta, la dejaron tiempo ahí, vinieron como en octubre o noviembre y echaron otro pañete ahí. Eso se metía el agua por todos los lados. Peor quedó. Después otra vez que arreglar ahí arriba, pero que ya se les había acabado el presupuesto”, recordó doña Raquel.

La ejecución de ambos contratos está muy rezagada, según las propias cuentas del Invisbu. En el primer contrato, por 1.330 millones de pesos, del que antes estaba encargado Ariete y hoy el Consorcio Urbanas IC 2022, solo se han entregado 11 viviendas con sus respectivos mejoramientos; en el otro contrato, por 4.707 millones, que está en cabeza de Building, se cuentan 138 casas que tienen ya sus mejoramientos completos.

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El concejal Antonio Sanabria, que hace parte de la bancada opositora, contó a CAMBIO que el contrato para el arreglo de 127 casas recibió recientemente más dinero del municipio para poder concretarse. "Los contratistas han venido incumpliendo y perjudican significativamente a 527 familias. En el Concejo de Bucaramanga se hizo la adición presupuestal al primer contrato para que puedan reiniciarse las obras que le corresponden al Consorcio Urbanas IC 2022. Hay que seguir pendientes para ver si cumplen satisfactoriamente el objeto contractual", señaló.

Por su parte, el director del Invisbu, Augusto Tobón, afirmó que ya se pactó una fecha para la entrega de las viviendas y agregó que, a raíz de las demoras, se están adelantando las acciones pertinentes para sancionar a los contratistas. "La idea es terminar este par de contratos para el 30 de junio y que estén ya liquidados. Tenemos unos programas para que sean de estricto cumplimiento", dijo.