Alcaldía de Bucaramanga cobró más de lo que debía con el impuesto predial, dice denuncia
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
La administración asegura que respetó las normas tributarias, pero la oposición le exige que reembolse un porcentaje de lo que cobró por la sobretasa ambiental. Un documento del secretario jurídico de la alcaldía ha aumentado el debate.
Por: Juan Pablo Vásquez
En enero de 2023, más de 200.000 bumangueses recibieron su impuesto predial por un valor más elevado. Al realizar las respectivas averiguaciones encontraron que la razón detrás del incremento fue el cobro de la sobretasa equivalente al 2 por mil sobre el avalúo del impuesto. Este aumento es hoy la razón de una acalorada discusión en el Concejo entre la administración municipal, que defiende el cobro y señala que lo realizó de acuerdo a las disposiciones legales, y los concejales opositores, quienes aseguran que la alcaldía desconoció una orden judicial y recaudó más dinero del que debía.
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El origen del debate
La génesis del problema se remonta a diciembre de 2020 cuando el Concejo profirió un acuerdo que disminuyó el valor de la sobretasa ambiental, la cual pasó de 2 a 1.5 por mil. La determinación fue llevada al Tribunal Administrativo de Santander por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la entidad que recibe el recaudo de la sobretasa, que aseguró que el acuerdo afectaba la ejecución de programas de protección del medio ambiente porque desconocía la planeación del gasto que con anterioridad se fijó para el cuatrienio (2020-2023).
El Tribunal acogió los argumentos de la CDMB y, a través de una medida cautelar, suspendió los artículos del acuerdo municipal que redujeron el monto del recaudo de la sobretasa ambiental. Es decir, el cobro adicional permaneció en 2 por mil hasta el pasado 7 de diciembre, cuando la situación llegó a conocimiento del Consejo de Estado. La Sala de lo Contencioso Administrativo de esa alta corte reversó la providencia del Tribunal y dejó en pie, una vez más, el acuerdo del Concejo de Bucaramanga.
La aparente calma que generó la decisión judicial se acabó en el momento en que los ciudadanos de la capital santandereana verificaron el cobro de la sobretasa ambiental en su impuesto predial. Pese a que el Consejo de Estado dictaminó que debía regir la acordada por el Concejo de la ciudad, es decir, la de 1.5 por mil, los recibos venían con una sobretasa de 2 por mil. De inmediato se encendió la polémica. La oposición le exige al alcalde Juan Carlos Cárdenas que regrese el dinero que recaudó de más y la administración, mediante argumentos jurídicos, señala que actuó de acuerdo con las normas tributarias.
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Versiones encontradas
Carlos Felipe Parra, concejal del Partido Alianza Verde, ha sido uno de los más enérgicos reclamándole a la alcaldía por el cobro de la sobretasa. En su criterio, el gobierno municipal cometió una irregularidad que debe ser subsanada con el reembolso de monto adicional. Junto con otros concejales del grupo opositor, que es minoría en la corporación, ha organizado plantones frente a la alcaldía y posicionado en redes sociales el numeral #CárdenasDevuelvaLaPlata.
“El alcalde le cobró mucho más a la gente de lo que le podía cobrar, desconociendo la decisión de un juez y recogiendo miles de miles de millones de pesos para entregárselos a los clanes de la corrupción en Santander”, asevera en una de sus publicaciones en Instagram. La alusión “a los clanes de la corrupción en Santander” del concejal hace referencia al gobernador Mauricio Aguilar, hijo y hermano de los exgobernadores Hugo y Richard Aguilar, respectivamente; y al excontralor Fredy Anaya, quien ha sido acusado de conformar un presunto carrusel de contratación en el Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) entre 2007 y 2014.
CAMBIO contactó a Saharay Rojas, jefa de gobernanza de la alcaldía, quien afirmó que el cobro del 2 por mil de la sobretasa ambiental no es contrario a la ley y advirtió que la decisión del Consejo de Estado quedó en firme dos semanas después del 1 de enero, momento en que se liquida el impuesto predial y sus cobros adicionales. O sea, la providencia judicial no alcanzó a entrar a regir al momento de generarse los recibos del predial y la alcaldía no pudo aplicar la disminución del 2 al 1.5 por mil en la sobretasa ambiental.
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La notificación del Consejo de Estado llegó el 19 de diciembre de 2022, un día antes de la vacancia judicial, que es el periodo de descanso que se les brinda a los funcionarios de la rama judicial a finales de diciembre y primeros días de enero. Por lo tanto, el término de tres días hábiles de ejecutoria de la decisión sobre la sobretasa ambiental empezó a correr el 10 de enero, cuando finalizó la vacancia, y quedó en firme el 16 de ese mismo mes.
“El estatuto tributario señala que la norma aplicable en impuesto predial y sobretasa ambiental es la vigente el 1 de enero. Para el 1 de enero hay aquí una situación muy clara. Nosotros no podemos lesionar o interpretar las normas tributarias y más cuando se trata de un impuesto de periodo como el predial. La norma vigente para el 1 de enero, que es la causación del impuesto predial y la sobretasa, era la tarifa del 2 por mil. Esto porque la revocatoria de la medida cautelar todavía no estaba en firme”, recalcó Rojas.
Un documento clave
CAMBIO conoció un concepto emitido por Camilo Quiñónez, secretario jurídico de la alcaldía, que señala que los efectos de la providencia del Consejo de Estado “podrán aplicarse a partir del lunes 16 de enero de 2023, solamente para aquellas reliquidaciones del impuesto predial unificado”. Para el abogado de la administración, desde esa fecha hay lugar para que se lleven a cabo las operaciones de cuantificación necesarias para determinar el verdadero valor del impuesto predial, liquidándolo con la sobretasa del 1.5 y no del 2 por mil.
Sin embargo, Saharay Rojas considera que dicha petición no debe ir dirigida a la alcaldía. “Para efectos de esta sobretasa, la Alcaldía de Bucaramanga es un mero recaudador. La alcaldía no es destinataria de la sobretasa, sino que es la autoridad ambiental, la CDMB. En ese sentido, es evidente que no es la alcaldía quien debe realizar las devoluciones, en caso de que haya lugar a ellas, sino la CDMB. La jurisprudencia y la doctrina son claras en decir que la sobretasa ambiental no se recauda para que se destine a la alcaldía de Bucaramanga”, enfatizó.
Hasta el momento no existe ningún asomo de interés por parte de la CDMB de realizar devoluciones y, en cambio, sí se tramita un incidente frente a la decisión del Consejo de Estado. La Corporación asegura que no fue debidamente notificada de la providencia que regresó el valor de la sobretasa ambiental al 1.5 por mil. Y, mientras tanto, la ciudadanía espera poder recibir su dinero de vuelta.
