JEP pide a la Fiscalía investigar amenazas contra firmantes de paz de Miravalle, en Caquetá

En la mañana de este 28 de junio, la Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazó la salida forzada de excombatientes de las extintas Farc de la vereda de Miravalle, en San José del Caguán, Caquetá.

Los firmantes de paz fueron obligados a salir de sus casas, dejando de lado los proyectos individuales y colectivos que habían construido tras el proceso de paz debido a disputas territoriales por parte de las disidencias lideradas por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.  

En este sentido, la JEP pide a la Fiscalía que tome cartas en el asunto y que brinde las garantías necesarias a las víctimas de este desplazamiento forzado. 

"La Jurisdicción le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse", se lee en el documento. 

Asimismo, hizo un llamado por el incumplimiento a los acuerdos firmados en 2016, donde el Estado colombiano se había comprometido a morar por el bienestar de las personas que dejaron las armas y le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro desarticular los grupos armados al margen de la ley. 

"La JEP hace un llamado especial al Gobierno Nacional para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios. En este proceso, la Jurisdicción reitera su compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto armado, con la seguridad jurídica de los firmantes de paz y con todo lo necesario para administrar y aplicar la Justicia Transicional Restaurativa", agregó el mecanismo. 

La institución también ordenó a las autoridades diseñar un plan de seguridad integral para los firmantes del Acuerdo de Paz en las nuevas áreas de reincorporación, luego de lograr documentos varios crímenes en contra de la población de excombatientes, entre los que se encuentran: estigmatización, homicidios, atentados contra su integridad, amenazas constantes contra su vida y sus bienes, entre otros.

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