"El Estado no puede renunciar a ninguna herramienta para combatir el terrorismo": Alejandro Eder, alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, está empeñado en recuperar la 'Sucursal del cielo', que es hoy una de las más complejas, inseguras y desordenadas capitales del país. Y, por ahora, las cifras muestran que lo está logrando. El número de homicidios reportado entre enero y abril es el más bajo de los últimos 30 años en la ciudad. Sin embargo, en días pasados el funcionario le solicitó al Gobierno nacional apoyo para aumentar el pie de fuerza en la capital del Valle, así como acciones contundentes para enfrentar a las disidencias de las Farc que operan en los municipios vecinos. Pidió, además, bombardear los campamentos de estos grupos criminales. 

CAMBIO: Pareciera incongruente que usted le pida al Gobierno nacional apoyo en temas de seguridad, cuando la ciudad maneja unas cifras tan positivas, principalmente en reducción de muertes violentas y hurtos. 

Alejandro Eder: No necesariamente. Hay distintas dinámicas de violencia, y una es la urbana: la que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Desde antes de posesionarme, en noviembre pasado, solicité un aumento del pie de fuerza al general Salamanca. En enero llegaron 300 efectivos adicionales. Hemos multiplicado el presupuesto para seguridad y justicia. Estamos recuperando la seguridad de la mano de las instituciones, de la mano de la Policía porque yo no sé en qué momento empezó a pegar la moda de que la Policía era mala o de que uno no podía trabajar con las instituciones. Estamos en una democracia. Desplegamos la fuerza por toda la ciudad, con agentes, guardas de tránsito y hasta policía militar en algunos sectores. Disminuimos en 20 por ciento los homicidios y en 30 por ciento los hurtos, al tiempo que hemos capturado 18 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo e incluso logrado frenar un par de intentos de ataques terroristas en Cali.

El llamado que hago al Gobierno nacional tiene que ver con la seguridad en la zona rural, y sobre todo en Jamundí, a media hora de la Alcaldía de Cali. Necesitamos, y reitero acá el llamado, más pie de fuerza, más soldados para ocupar el territorio, más horas vuelo para la aviación de la Fuerza Aérea. También se necesita fortalecer la capacidad de inteligencia.

CAMBIO. Usted pidió al Gobierno más contundencia con las disidencias de las Farc. Solicitó bombardear los campamentos de esos grupos en Jamundí y el norte del Cauca, pero allí hay presencia de menores, reclutados por las disidencias.

A.E.: Por favor, separemos las dos cosas. Lo que estamos es preocupados porque estos grupos están reclutando menores. Un informe del secretario general de la ONU afirma que, entre 2023 y 2024, se ha duplicado el reclutamiento de niños y niñas en Colombia. Eso es inaceptable. He trabajado por la paz de este país durante toda mi vida y no puedo creer que volvimos a ese punto. Se está haciendo una concesión táctica a estos grupos ilegales al limitar la posibilidad de actuar de manera aérea, ya sea con bombardeos o permitiendo más horas de vuelo sobre el territorio.

El llamado que hago, más que decir bombardear por bombardear, es recordar que el Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que tiene de manera legal para combatir estos grupos terroristas que hoy están matando colombianos. Y es que están poniendo bombas en Jamundí, lo mismo que en municipios del Cauca y de Nariño. Se están llevando niños de la zona urbana de Cali y de las rurales de Jamundí y del Cauca, y eso es una amenaza terrorista que está afectando la vida de colombianos. Nosotros, como país, no podemos permitir que volvamos a la realidad que había en Colombia hace diez años. 

CAMBIO: En el caso hipotético de que el Ejército tenga en la mira bombardear un campamento determinado, pero antes comprueba que allí hay presencia de menores, ¿usted que diría?

A.E.: El bombardeo es una de las herramientas que tiene la fuerza pública. Cuando se va a bombardear un campamento no es que se manden los aviones a lanzar bombas a ver a qué le pegan. Se hace un análisis de inteligencia muy serio, se firman unos documentos jurídicos y una orden y en ese momento se decide si vale la pena hacer el bombardeo o no. Lo que no puede hacer Colombia es desistir de esa herramienta y tampoco se le puede dar un valor al reclutamiento forzoso de niños y niñas, como si ellos fueran una defensa antiaérea, porque el resultado ya se está viendo. No lo digo yo, lo dice el informe del secretario general de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Ante el problema de reclutamiento de menores, que yo he trabajado mucho durante mi vida, se necesitan soluciones contundentes y, en los próximos días, desde Cali vamos a presentar una a la nación. 

CAMBIO: Usted formó parte de la mesa de negociación con las Farc en Cuba y además hizo un estudio durante dos años, titulado 'Infancia Reclutada', que le entregó a la JEP. También trabajó en la política de la reintegración y fue alto consejero presidencial. ¿Qué medidas deben implementarse para evitar el reclutamiento de menores?

A.E.: A mí me tocó desvincular a centenares de niños y desmovilizar a miles de integrantes de los grupos armados ilegales. Tiene que haber justicia. Se estima que solo las Farc reclutaron 38.000 niños, niñas y adolescentes, el 80 por ciento menores de 15 años, lo que constituye un delito de lesa humanidad no indultable. Y aunque así lo diga el derecho internacional humanitario, en la historia de las Farc apenas hubo 14 casos que se llevaron a la justicia ordinaria por el delito de reclutamiento de menores. Hoy otra vez se ha disparado ese fenómeno y, si esa es la preocupación, entonces yo quisiera saber dónde están las capturas de reclutadores que se están llevando esos niños y niñas que están en el monte. ¿Dónde están las de las personas que, en zonas urbanas de Colombia como en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, lo mismo que en muchos pueblos, les entregan a niños y niñas pistolas y drogas para que vendan? Eso también es un delito de lesa humanidad. Entonces, separemos las dos cosas: un tema es el problema de la utilización de niños y niñas en temas de violencia y actos criminales, y otro es la contundencia con la que el Estado debe actuar contra estos grupos ilegales y terroristas, que son los únicos responsables de reclutar menores. 

CAMBIO: ¿Usted está diciendo que tanto a los gobiernos anteriores, los de Santos y Duque, como al actual, les ha faltado contundencia y han sido permisivos al no castigar el reclutamiento de niños por parte de los grupos criminales organizados?

A.E.: Y también lo digo de la sociedad colombiana. Colombia es un país que se la ha pasado de conflicto en conflicto, y han sido reclutados menores por las Farc, las AUC, el M-19, el Quintín Lame y ahora el ELN. Como sociedad, como colombianos, no podemos seguir permitiendo que a los niños y a las niñas colombianas los metan en la violencia de la criminalidad. Detrás de cada infante con un arma en la mano o cometiendo un acto delictivo, hay un adulto y ese adulto es el que la tiene que pagar.

CAMBIO: Según su afirmación, ¿el Gobierno tendría que ser enfático en no ceder ante el indulto de los delitos de reclutamiento forzoso de menores en las negociaciones con el ELN o con cualquier organización criminal que se acoja a un posible acuerdo de paz? 

A.E.: Sí. Para mí, el reclutamiento y la instrumentalización de niños y niñas no es algo teórico que leí en un artículo académico: a mí me tocó rescatarlos de la selva y no hay nada más impresionante que sacar pequeños de 11 o de 12 años disfrazados de héroes guerrilleros o de paramilitares, arrastrando un fusil que es más grande que ellos, desnutridos, y todo porque algún sinvergüenza los llevó para la manigua y les quiso enseñar a matar. Gran cantidad de guerrilleros y de paramilitares que se desmovilizaron fueron llevados a la fuerza siendo niños. Entonces, el caso es más grave, porque son víctimas que dejan de serlo al cumplir 18 años, cuando se convierten en victimarios. Detrás de cada menor hay un adulto que sabe que, al llevarse niños, va a recibir ciertos beneficios táctico-militares, como evitar ataques aéreos de parte de la fuerza pública.

CAMBIO: La COP16 se celebra en Cali el próximo mes de octubre. La ciudad espera recibir unos 12.000 visitantes de más de 190 países. Garantizar la seguridad durante esa cumbre es un gran reto. Un artículo publicado el domingo pasado en CAMBIO plantea la posibilidad de que la sede de la COP16 se traslade a otra ciudad. 

A.E.: Esa posibilidad no existe. Para ponerlo en perspectiva, creo que hay mucha especulación alrededor de eso, pero organizar la COP no es como organizar un congreso gremial. La COP 16 es el evento global más importante que haya celebrado Colombia jamás en su historia y va a tratar el tema número uno en la agenda global, que es el cuidado del medioambiente y la biodiversidad y la lucha contra el calentamiento global. Para organizar un evento de este tipo se negocian y se firman tratados internacionales y un contrato de ciudad sede entre Cali y el Gobierno nacional. Desde febrero estamos trabajando en distintas mesas, entre ellas la de seguridad. Cambiar la sede de la COP16 no se hace así no más. Por ejemplo, en 2015 la COP fue en París, un mes después de los ataques terroristas de Bataclan, un hecho bastante más complejo. Para garantizar la seguridad estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Van a llegar 5.000 policías adicionales a Cali, un número importante si tomamos en cuenta que hoy hay 6.000 policías. 

Me preocupa la seguridad de Cali y de la región antes y después de la COP16. Las disidencias de las Farc tienen vocación terrorista y han demostrado que no les tiembla la mano a la hora de ponerle bombas a la sociedad civil. Hoy estamos hablando de Jamundí, que es casi un barrio de Cali y lo que está pasando allí o lo cortamos de raíz o va a contagiarse por todo el país. Hacemos el llamado a mayor contundencia porque no es aceptable que terroristas y narcotraficantes estén matando a colombianos y mucho menos reclutando niños y niñas.

CAMBIO: Según reportes de inteligencia, las disidencias de las Farc organizan células en barrios como Siloé y algunos del oriente de la ciudad. ¿Qué reporte tiene y qué se está haciendo para neutralizar estas células?

A.E.: Ellos están tratando de organizar células y nosotros las estamos desarticulando. Como dije, hemos capturado18 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo en Cali y seguimos trabajando para cerrarles todos los espacios, pero lo más importante es llegarle a su retaguardia, sin desistir en la contundencia ni prescindir de ninguna herramienta legal que tenga la fuerza pública a su alcance para dar con esos criminales.

CAMBIO: Cali fue la ciudad más damnificada con el 'estallido social'. En su último discurso en la ciudad, el presidente Petro enfatizó el llamado para que "el pueblo salga a las calles" si no se aprueban sus reformas o si no se logra una constituyente. ¿Una protesta, en medio de la amenaza latente de las Farc, podría poner en peligro la seguridad de la ciudad?  

A.E.: Yo he sido muy claro desde que se inició mi mandato. En Cali estamos impulsando un tono de reconciliación y no compartimos que haya distintos sectores que quieran dividir y generar divisiones en la sociedad caleña, ya sea por razones políticas, de raza, de clase, o por la causa que sea. Nosotros ya hemos pasado por la amargura de las divisiones y entendemos que unidos vamos a lograr más.

CAMBIO: Sus detractores critican esa postura conciliadora y parece no gustarles que usted haya logrado hacerles el quite a las piedras que le han tirado tanto desde la extrema izquierda como desde la extrema derecha.

A.E.: Tenemos que ser claros en que la reconciliación es necesaria, pero no puede confundirse reconciliación con alcahuetería. Reconciliación quiere decir que nos vamos a respetar dentro del marco de la ley. Pero si alguien actúa fuera de ese espacio, se enfrentará a las consecuencias como debe ser en una democracia. Vamos a seguir trabajando por la reconciliación dentro del marco de las leyes y de los derechos de los colombianos.

CAMBIO: Hace poco, usted propuso construir un centro de reclusión temporal. ¿De qué sirve que sea temporal, si en las cárceles no caben los presos?

A.E.: La razón de que sea temporal es que el proceso pueda ser más rápido. Pero lo que en Cali necesitamos es una cárcel distrital para sacar a las personas que están en las estaciones de policía, alrededor de 2.500, y llevarlas a una penitenciaría donde haya espacio amplio y suficiente, pero además donde puedan recibir verdaderos programas de rehabilitación. Como exdirector de la Agencia de Reintegración, rehabilitamos y reintegramos miles de desmovilizados. Soy un convencido de que la rehabilitación es posible.

CAMBIO: A Cali llegan desplazados de los municipios del Valle, del Cauca, de Nariño, de todo el Pacífico ¿Qué está haciendo la Alcaldía para minimizar el impacto tan enorme que tiene ese desplazamiento en lo social, con el consecuente aumento de la pobreza y el crecimiento desordenado de la ciudad?

A.E.: Es una situación muy compleja que no solo toca a Cali sino también a otras grandes ciudades de Colombia. Como nación, lo primero que debemos hacer es impedir que existan grupos desplazadores. Recuperar el control del campo y no dejar perder los avances que se lograron con la desmovilización de las Farc. Y eso se logra empoderando a la fuerza pública para que recupere el control e invirtiendo en infraestructura y en educación y en la generación de oportunidades y desarrollo en las zonas rurales. Para eso es fundamental la seguridad.

CAMBIO: Cali es quizás la ciudad más arborizada de Colombia y la atraviesan siete ríos. Sin embargo, ha sido afectada por las quemas devastadoras por parte de los llamados 'tierreros', la tala indiscriminada y la abundante minería ilegal en reservas naturales como Los Farallones. ¿Qué está haciendo su gobierno para preservar esos recursos?

A.E.: Tenemos un equipo que cuida los bordes de la ciudad para que no siga creciendo de manera descontrolada, sobre todo hacia la zona de montaña. Estamos generando mayor conciencia ambiental y aquí entra en juego la COP 16, una oportunidad para 
traer el concepto del cuidado del medioambiente a nuestra ciudad y para comenzar a impulsar el ecoturismo. Estamos adelantando, en este instante, el Plan Maestro Ambiental de Cali y vamos a presentarlo en la COP 16. Es una visión para recuperar el entorno verde de nuestra ciudad durante los próximos 12 años, incluyendo las cuencas de los siete ríos que hay en la capital del Valle.

CAMBIO: Algunos dicen que Cali es una ciudad que tiende a ser anárquica. ¿Va usted a implementar algún programa de cultura ciudadana del estilo del garrote y la zanahoria de Antanas Mockus?

A.E.: Claro. Uno de los objetivos que tenemos es recuperar la cultura ciudadana en Cali. La primera parte de dicho plan es recuperar el orden en las calles con mayor presencia de la autoridad, inclusive impartiendo más multas y comparendos, para que empecemos a entender que aquí hay unas reglas y hay que seguirlas. El resultado ha sido positivo. En segundo lugar, sí vamos a implementar algo del estilo de lo que se hizo hace 30 años en Bogotá para educar a los ciudadanos en la calle a través del arte.

CAMBIO: Acaba de recuperar Corfecali, organismo que estaba a punto de ser liquidado por el estado de quiebra en que fue entregado por la alcaldía anterior. ¿Cómo lo logró? 

A.E.: Nos entregaron Corfecali, corporación que organiza la Feria de Cali, con un patrimonio negativo de 9.000 millones de pesos, lo cual significaría que habría que liquidar la empresa y comprar la deuda de 17.000 millones de pesos. Corfecali es un patrimonio de los caleños, por lo que, al buscar el mecanismo jurídico, lo encontramos a través de una capitalización de esa corporación y ya hicimos una revisión de todas las deudas que tiene. Esta semana, Corfecali queda capitalizada y próximamente se empiezan a pagar todas las deudas.

CAMBIO: ¿Tiene aspiraciones presidenciales?

A.E.: Yo tengo aspiraciones de ser el mejor alcalde para Cali y de contribuir al desarrollo de nuestra ciudad y el suroccidente de país, como lo he ido practicando desde hace 20 años. Es seguir construyendo una carrera en lo público, al servicio de mi país.