La guerra con las disidencias de las Farc amenaza con convertir en una pesadilla a la COP 16

El 21 de octubre, la ciudad de Cali tiene previsto acoger la COP16, la gigantesca cumbre sobre biodiversidad organizada cada año por las Naciones Unidas, a la que se espera que acudan unas 12 000 personas de más de 190 países. Pero la violencia que se recrudece en las zonas aledañas a la capital del Valle del Cauca parece amenazar la posibilidad de llevar a cabo en paz el evento más importante del año para el suroccidente de Colombia.

En el municipio de Jamundí, situado a 15 minutos del casco urbano de Cali, el frente Jaime Martínez —compuesto por disidentes que rechazaron acogerse al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc— multiplica los ataques con motobombas, los hostigamientos contra la fuerza pública y los atentados selectivos.

Al punto de que “esto se vuelve un desafío a la seguridad de la COP16 y, a menos de que haya resultados concretos en el control de esta situación, habrá un escenario de mucho riesgo para que finalmente de pronto no se haga en Cali” la Conferencia de las Partes (COP), afirma el politólogo experto en cultura de paz, Diego Arias, acerca del evento en el que se discutirá el Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en 1992 en Río de Janeiro y ratificado desde entonces por 150 países. 

En ese sentido, el atentado cometido el 16 de junio contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, mientras viajaba en una camioneta blindada, pareció enviar el mensaje de que nadie está a salvo en esa zona de Jamundí, selvática y montañosa que atraviesa al menos dos rutas del narcotráfico: la que recorre el río Naya hasta el océano Pacífico y la que acompaña la carretera Panamericana hacia el sur del continente.

Hastiados por los atentados que afectan a la población civil y los hostigamientos a las estaciones de policía, la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Cali han formulado pedidos de auxilio al Gobierno nacional. Dilian Francisca Toro solicitó que se instale un batallón de alta montaña que permita intervenir rápidamente en la cordillera Occidental, mientras que Alejandro Eder insistió en que se estudie la posibilidad de retomar los bombardeos contra los grupos armados, limitados por el Gobierno nacional para evitar la muerte de menores en sus campamentos.

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Consultado al respecto, el jefe negociador del gobierno con las disidencias, Camilo González Posso, pidió evitar la propagación de “noticias alarmistas” que “puedan afectar la percepción de riesgo desde el exterior”. Pero reconoció que “el reto en estos meses” será el de “contener y prevenir este tipo de acciones. Ya que no solo en Cali, sino en otros lados, pequeños grupos interesados en desacreditar al gobierno (…) pueden poner explosivos de bajo impacto físico pero que crean zozobra o pánico”.

De momento, el presidente Petro ha aceptado reforzar la seguridad de Cali con el envío de unos 5 600 policías y militares adicionales antes de que inicie la COP16.

Cambio de panorama

De cualquier manera, no deja de ser paradójico que la COP16, cuyo lema es “paz con naturaleza”, se desarrolle en plena escalada de un conflicto que nunca cesó del todo en los últimos 60 años. Sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente Petro eligió como sede a Cali, precisamente para “cerrar las heridas abiertas” que dejó el paro nacional de 2021, cuando la fuerza pública reprimió violentamente a una juventud rebelde que destrozó una parte de la infraestructura de la ciudad.

Además, el símbolo elegido para la conferencia en la que líderes de todo el mundo decidirán cómo llevar a cabo un uso sostenible de la biodiversidad es la flor de Inírida, una planta amazónica de hojas rojas y blanca conocida como “flor eterna” por su capacidad de resistir las sequías e inundaciones en el departamento del Guainía, precisamente cuando vuelve a crecer la deforestación en el arco amazónico que controla el Estado-Mayor Central (EMC), la mayor federación de disidentes que se consideran como “las verdaderas FARC”.

Pero es que el panorama ha cambiado a toda velocidad en el suroeste de Colombia. En esta gigantesca región empobrecida de 84 000 kilómetros cuadrados, situada entre el océano Pacífico y Ecuador, en la que cerca de un tercio de la población es negra o indígena (28,7%, según el DANE), lo único que nunca se ha modificado es la incapacidad del Estado para materializar sus promesas de desarrollo.

Un abandono continuo que permitió que coparan el espacio las disidencias, financiadas por la mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el mundo, —94.163 hectáreas, según la ONU—, la minería ilegal y el cobro extorsivo que los rebeldes consideran como un “impuesto revolucionario”.

Aunque Petro fue elegido en 2022 con la promesa de negociar la “paz total” con los grupos armados que subsisten tras el acuerdo de 2016, suspendió nueve meses después el cese al fuego acordado con el EMC en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las disidencias nunca dejaron de reforzarse.

Y la “combinación entre la no aceptación de protocolos” para sustituir las economías ilegales por otras legales por parte de esta organización y su “no respeto a la población civil”, desembocaron en una ofensiva total que se encarnizó en el cañón del Micay, dice González Posso a propósito de este fortín económico y militar del Bloque Occidental en el Cauca.

El fin del cese al fuego provocó además una escisión dentro del EMC, entre quienes se mantuvieron en la mesa de negociación, asentados principalmente en el norte (Norte de Santander y Bolívar) y el sur del país (Meta, Caquetá, Putumayo), y el Bloque Occidental, que dispone de un 60% de los 3.000 miembros de la federación, según inteligencia militar.

Una distracción 

De acuerdo con el presidente, es precisamente para forzar al ejército a liberar la presión que mantiene en el Cauca contra el frente Carlos Patiño, que su aliada, la Jaime Martínez, redobló sus ataques en el Valle del Cauca, en especial en Jamundí, un municipio que conquistó luego de desalojar al grupo armado de los Pelusos, quienes intentaron apoderarse del territorio tras la firma de la paz, de acuerdo con una alerta de la Defensoría del Pueblo.

Luego de imponer su ley en sus zonas rurales, castigando con multas y trabajo forzado a los infractores, los disidentes se fueron adentrando en el casco urbano de esta urbe de 130.000 habitantes, cuya proximidad con Cali les permitió organizar, en abril de 2024, un atentado con explosivos —que finalmente no detonaron— contra el batallón Pichincha, ubicado en la capital del Valle.

Aunque rechaza discutir detalles de la estrategia militar del EMC, Sebastián Martínez, miembro del equipo negociador del Bloque Occidental, acepta que la organización “se encuentra en un proceso (…) de recuperación de toda la capacidad política y militar que teníamos antes (…) de 2016”.

Sentado frente a una amplia manta de camuflaje que hace imposible distinguir en video el lugar en el que se encuentra, acusa al gobierno de “cerrar la posibilidad de dialogar” con propuestas imposibles de llevar a cabo, dentro de lo que considera un saboteo orquestado, desde el interior del ministerio de Defensa, por funcionarios cercanos al expresidente Juan Manuel Santos —firmante de la paz en 2016—.

“Nosotros no vamos a asumir que vamos a buscar un mecanismo para superar o para acabar con la industria de las drogas en Colombia, cuando los cultivos no son de nosotros”, sino de los campesinos y de grupos de narcotraficantes a los que se les cobra un impuesto, añade, a la vez que niega rotundamente la posibilidad de que sea el ejército el que implemente los proyectos productivos ofrecidos para superar el abandono histórico de la región.

Barbudo y de lentes redondos, vestido con ropa verde militar, Martínez lamenta también que “muchos puestos militares, que son blancos legítimos, estén dentro de la ciudades o pueblos, como son las estaciones de policía o los batallones”, y advierte que “cuando se declara la guerra, lo único que va a haber son muertos, de lado y lado”.