Universidad Nacional le solicitó a la Contraloría investigar presuntos casos de corrupción en la institución

El rector designado Ismael Peña pidió vigilar los contratos sostenidos con corporaciones vinculadas a la Universidad Nacional. La petición se dio tras una investigación de CAMBIO en la que se revelaron presuntas irregularidades en los procesos de contratación.

Por medio de una carta dirigida al contralor general Carlos Mario Zuluaga, el rector designado Peña exigió que el órgano de control fiscal vigile la gestión de los recursos públicos de múltiples corporaciones en las que tiene participación la Universidad Nacional. La solicitud se presenta en medio de numerosos cuestionamientos con respecto a la transparencia de alianzas público privadas sostenidas por la institución de educación superior. 

“La implementación del control preventivo y concomitante es urgente para salvaguardar el buen nombre de la Universidad Nacional y los recursos públicos, y para que, en caso de evidenciar actos que atenten contra el erario público e incidencias de tipo penal o disciplinario, se dé traslado inmediato a la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”, señaló Peña por medio de la misiva. 

Como se documentó en el artículo de CAMBIO, un total de 18 corporaciones vinculadas a la institución han suscrito multimillonarios contratos, cuyas utilidades no son tan públicas como su financiación. 

Falta de estados financieros, mínimos márgenes de ganancias para la institución y cuantiosos pagos de viáticos para funcionarios, entre los que se encuentra el propio Peña, son apenas algunos de los cuestionamientos que enfrentan quienes han participado en los millonarios negocios de la Universidad Nacional. Al respecto el rector manifestó, a través de su cuenta en X, su preocupación por los señalamientos que se han generado en torno a directivos y exdirectivos de la institución. 

“En los últimos días, se han planteado una serie de cuestionamientos que señalan la presunta existencia de redes de corrupción que supuestamente roban multimillonarios recursos públicos”, aseguró Peña, quien agregó que la reputación de la universidad pública más importante del país está en riesgo. 

La actuación especial de fiscalización de la Contraloría General de la República, exigida por Peña, es un mecanismo de control fiscal que permite dar respuesta rápida frente a hechos que generen riesgo o afectación al patrimonio público. El máximo órgano de control fiscal será el encargado de determinar si la solicitud del Peña cumple con los criterios de procedencia de este mecanismo de carácter excepcional.