Los millonarios negocios en la Universidad Nacional que varios directivos han monopolizado

“El cargo de rector en la Universidad Nacional de Colombia está vacante”. Con esas palabras la ministra de Educación, Aurora Vergara, ratificó en las últimas horas que el Gobierno no comparte la supuesta legitimidad en la elección de José Ismael Peña para que esté a cargo de la institución y, por el contrario, instó al Consejo Superior Universitario (CSU) a que sesione de nuevo para solucionar la crisis que ya completa dos meses.

Aunque el paro en la universidad más importante del país continúa y se siguen presentando protestas por las “jugadas” jurídicas que ha utilizado el señor Peña para poderse posicionar, la animadversión por su designación parece que va mucho más allá de un cambio en las reglas en el Consejo Superior Universitario (CSU) que dieron vía libre a su elección, pese a que no era el candidato que querían las mayorías. 

CAMBIO le siguió la pista a la inconformidad que ha generado el nombre de José Ismael Peña en la comunidad educativa y a la resistencia que ha provocado su posible llegada a la rectoría de la universidad. La voz de reclamo que hoy alzan los estudiantes, profesores y hasta los trabajadores de la “Nacho” tendría origen en un supuesta conducta sistemática que ha utilizado un pequeño grupo de directivos para convertir a esa institución de educación superior en un negocio que solo beneficia a unos pocos.

La Universidad ha sido controlada desde el año 2006 por las mismas personas que con el paso de los años y con decisiones cuestionadas y poco transparentes, han dado vía libre a la creación de empresas paralelas para tercerizar la contratación del alma mater que maneja recursos públicos. Desde entonces, son miles de millones de pesos que se han movido de esa forma y sin que hoy sea totalmente claro cómo se ejecutaron o en qué se gastaron. 

Los negocios en la Universidad Nacional 

En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se aprobó una ley para que las Instituciones de Educación Superior (IES) pudieran crear empresas con el objetivo de fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. De esa forma las universidades empezaron a generar alianzas público privadas para fortalecer los procesos, aumentar su conocimiento científico y, por supuesto, generar utilidades.

Sin embargo, en la Universidad Nacional se habría abusado de esa figura. Según la información conocida por CAMBIO, hoy esa institución tiene un total de 18 corporaciones por medio de las cuales se han desviado cientos de contratos que no tienen la misma vigilancia que un proceso que se hace directamente con la academia.

Hay muchas entidades a nivel nacional o territorial que firman contratos con la Nacional para adelantar tareas de consultoría, investigación y estudios, entre otras cosas. Con la creación de las mencionadas corporaciones, la universidad se ha dedicado a subcontratar con esas empresas que reciben su respectiva comisión. 

Aunque la institución cuenta con la capacidad para poder ejecutar los contratos de forma directa y sin necesidad de tercerizar los procesos por concepto de investigación, la mayoría de esos recursos se está quedando en compañías que muchos consideran son solo de papel y no han generado las ganancias esperadas. Eso sí, utilizan el mismo talento humano de la Nacional.

Uno de los casos que más llama la atención es el de la empresa Rotorr - Motor de Innovación, que fue creada a principios de marzo de 2023. A pesar de tener solo un año de existencia, ya ha recibido cerca de 170.000 millones de pesos por concepto de la venta de servicios, contratos y convenios que le han sido otorgados con la bendición de la rectoría de la Universidad Nacional.

Esta empresa, con autonomía administrativa y financiera, se creó en la rectoría de Dolly Montoya, con un capital de solo 1.000 millones de pesos, que salieron de la Universidad Nacional, la cual aportó 700 millones de pesos, y del Fondo de Empleados Docentes (Fodun), que puso los otros 300 millones de pesos. 

En el registro de Cámara de Comercio de Rotorr se evidencia que el objeto social de esta empresa es: “Participar, fortalecer y ayudar en los fines a los miembros fundadores y a las instituciones de educación superior a fomentar la ciencia y la tecnología a través de acuerdos de voluntades entre las instituciones y actores públicos y privados nacionales e internacionales”.

De esa forma, Rotorr logró conseguir importantes recursos en su primer año de creación. En los estados financieros que obtuvieron miembros de la comunidad educativa que le siguen la pista a esa corporación, se puede ver que en 2023 los ingresos ascendieron a 80.229 millones de pesos. No obstante, los costos de operación llegaron hasta los 77.380 millones de pesos, lo que significa que la utilidad de esa empresa el año pasado fue sólo de 2.128 millones de pesos. 

Jorge Canon, Jenny Stevenson, Didier Mendoza y Manuela Beltrán, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, hicieron un análisis en un artículo publicado en el medio digital Razón Pública sobre ese margen de utilidad de Rotorr, y encontraron que no es económicamente eficiente para la institución. 

La explicación que dan es sencilla: Los costos de operación de esa empresa equivalen a un 96,44 por ciento de los ingresos, dejando un margen de utilidad de tan solo 2,65 por ciento para la universidad. Es decir, “Por cada 100 pesos que ingresan a la empresa solo quedan 2,65 para repartir a la Universidad Nacional, mientras que si esos 100 pesos entraran directamente, sin hacer la subcontratación, la universidad tendría una ganancia de 32 por ciento para su presupuesto”.
 
Como si eso fuera poco, la revista Raya reveló en marzo de este año que Rotorr firmó, entre septiembre y diciembre de 2023, cuatro convenios con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín, por un valor de 90.000 millones de pesos. 

Según la publicación, los recursos de esos convenios, que habrían sido consignados directamente por la universidad a Rotorr, no aparecen en los estados financieros de la corporación y tampoco se hicieron públicos para saber en qué consistían o qué propósito tenían. 

En el Registro Único Empresarial de Rotorr quedó consignado que la representación legal de esa compañía estará a cargo de un director que será nombrado o removido por el Consejo Directivo. Ese órgano, según el acta de creación de la empresa, está conformado por la exrectora de la Nacional, Dolly Montoya, Camilo Younes Velosa, vicerrector de investigaciones de la universidad y Jairo Orlando Villabona representante del Fodun. 

Fue por eso que CAMBIO le consultó a la exrectora Montoya sobre su papel en la corporación, las decisiones que se tomaron y el destino de la plata de los convenios. La exfuncionaria aclaró que “Rotorr es una corporación creada por la Universidad Nacional y, en su momento, por Fodun. La UNAL hace parte de la Junta Directiva, en cabeza de la rectoría y en la actualidad el rector es quien estaría en la misma. Yo soy exrectora desde el 2 de mayo de 2024. Quien administra la corporación es su representante legal, no la universidad”.

Sobre los convenios explicó que “están publicados en el Secop y otros en el sistema de información universitario, de conformidad con las reglas de propiedad intelectual. Además, fueron aprobados por los comités de investigación y el consejo de facultad, el cual está conformado por profesores de la Universidad. Respetando el trámite respectivo, acorde a las normas del manual de convenios y contratos de la UNAL”. 

CAMBIO buscó los convenios en el Secop para corroborar la versión de Montoya y no los encontró. Al insistir en la razón o el objetivo de esos procesos que le costaron a la universidad 90.000 millones de pesos, la exrectora sugirió consultar directamente a la Facultad de Minas, “pues ellos son los ejecutores de los contratos y tienen toda la información que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer”.

Hay más corporaciones 

Como se mencionó anteriormente, serían en total 18 corporaciones vinculadas a la Universidad Nacional con las que estaría pasando lo mismo que con Rotorr. En varias se repiten los nombres de las personas a cargo, ya sea como representantes legales o como miembros de las juntas directivas. También es constante la recepción de contratos tercerizados. 

CAMBIO conoció los registros de algunas de esas empresas. Por ejemplo, está la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional, Adexun, el Instituto de Liderazgo Público, la Corporación “Fondo de Apoyo Estudiantil”, la Corporación Interuniversitaria de Servicios y la Corporación Prodeminas. 

Estas dos últimas, con sede en Medellín, han tenido contratos, desde 2019, que suman casi 80.000 millones de pesos. En el caso de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, le han dado 630 procesos por un valor de 54.029 millones de pesos. Prodeminas se ha quedado con 170 contratos por 12.348 millones de pesos en los últimos cinco años. 

Los nombres que tienen vasos comunicantes con estos negocios son los de exrectores como Dolly Montoya o Moises Wasserman. También aparecen otros funcionarios como Camilo Younes Velosa, Jaime Alonso Restrepo, Diego Zapata, entre otros, quienes justamente son los que hoy defienden el nombramiento de José Ismael Peña como nuevo rector de la universidad y que, según miembros de la comunidad educativa, son los que han monopolizado la institución. 

Sobre esa situación, el profesor Carlos Satizabal le dijo a CAMBIO que “esto que sucede en la Universidad Nacional es en verdad muy grave. Ellos se escudan en que el Gobierno está quebrantando la autonomía universitaria, como si la autonomía fuera un bien de un pequeño grupo y no de toda la comunidad. Nosotros somos los que hemos pedido la intervención del Gobierno justamente para proteger la democracia y la legalidad”.

Los exagerados viáticos 

La desigualdad en el manejo de los recursos en la Universidad Nacional es otra de las preocupaciones de la comunidad académica y un tema por el que frecuentemente reclaman al interior de la institución.

Y es que mientras un pequeño grupo de poder que ha dominado por más de 20 años la Nacional se quiere mantener a toda costa y firman contratos millonarios para beneficiar intereses particulares, un porcentaje muy importante de estudiantes, aproximadamente el 30 por ciento, en la sede Bogotá, según una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Humanas, solo come una vez al día porque no hay condiciones ni recursos para fortalecer el bienestar universitario.

Para lo que sí parece haber plata es para pagar los altísimos viáticos que cobran los directivos para costear gastos de alimentación y hospedaje en viajes nacionales o internacionales. 

CAMBIO conoció, por ejemplo, que la exrectora Dolly Montoya recibió casi 250 millones de pesos por concepto de viáticos desde 2019 hasta el pasado mes de mayo cuando dejó su cargo. Solo en 2023, los gastos ascendieron a 90 millones de pesos. Entre tanto, José Ismael Peña, quien también ha estado vinculado desde hace varios años a la universidad pero no se ha desempeñado como rector, ha recibido en los últimos cinco años pagos para sus viajes que superan los 230 millones de pesos. 

Otro caso que llama la atención es el del profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior Universitario. Torres, defensor férreo del nombramiento de Peña para la rectoría de la Universidad, que se ha beneficiado con viáticos que superan los 300 millones de pesos desde 2019. Es por eso que muchos se preguntan si la autonomía que el maestro ahora reclama tendría que ver con la permanencia de los cariños que ha recibido. 

Boris Salazar, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Valle, calificó lo que está pasando en la Universidad Nacional y la obsesión de José Ismael Peña de quedarse con el puesto de rector, como una forma de “asegurar los nombramientos que garantizan el saqueo sistemático de los recursos públicos por parte de camarillas codiciosas”.

Será el Consejo Superior Universitario el que debe dirimir dicho conflicto, teniendo en cuenta que desde la autonomía de la Nacional se deben tomar decisiones que favorezcan a todos y no solamente a unas pocas personas.