Corte Suprema aplaza para enero la elección de la próxima fiscal general

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunió este jueves a las nueve de la mañana para elegir a la próxima fiscal general de la nación entre las candidatas que presentó el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Para ganar, una de ellas deberá alcanzar al menos 16 votos. Después iniciada la Sala, se decidió aplazar la votación hasta el próximo 25 de enero.

La Sala Plena de la Corte tiene 23 magistrados. La última vacante que faltaba fue llenada el pasado 23 de noviembre, cuando fue elegido Gerardo Barbosa como magistrado de la Sala Penal. No obstante, Barbosa aún no se ha posesionado en el cargo y no puede votar y por esa razón se optó por aplazar la votación, a fin que estén completos los magistrados.

Fernando Jiménez, magistrado de la Sala Civil, se posesionó apenas este miércoles 5 de diciembre, de manera que llegó a esta primera sesión sin haber pisado previamente los pasillos del alto tribunal.

Ninguno de los dos estuvo presente en la audiencia pública en la que las tres candidatas expusieron su visión sobre la Fiscalía y lo que sería su hoja de ruta para actuar en caso de ser elegidas por la Corte. 

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Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que hasta el momento no se ve una candidata más fuerte que las otras, y que da la impresión de que no habrá afán por elegir, teniendo en cuenta que Barbosa sale de la Fiscalía en febrero. Eso sí, en la Corte hay quienes quieren que la elección sea pronto, para evitar que quede en encargo, luego de que se vaya Barbosa, sea la vicefiscal Martha Mancera, quien está en medio de un escándalo por denuncias de supuesta corrupción.

La sesión de este jueves es la última Sala Plena ordinaria programada para este año. En principio no se había hablado de llamar a sesiones extraordinarias para seguir votando. La Rama Judicial retomará sus labores el 11 de enero y la próxima sesión de votación quedó para el 25 de enero.

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¿Qué proponen las candidatas?

En su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago dijo que, si bien la Fiscalía tiene una nómina de 27.000 personas, solo 22.557 están nombradas; que tiene un presupuesto de más de 6 billones de pesos para 2024 y presencia en los 32 departamentos, pero solo en 423 municipios. 

"En este contexto, estamos trabajando sin lugar a dudas con un número de fiscales muy reducido, con un número de policía judicial que no alcanza a equiparar el número de fiscales". En contraste, agregó Buitrago, hay una carga laboral de 2,8 millones de procesos.

Buitrago también dijo que desde 2021 se han incrementado delitos como minería ilegal, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado y la desaparición, y que existe una delincuencia especializada, por lo cual "la Fiscalía no puede quedar centralizada".

Por eso, Buitrago propuso hacer una reingeniería de la entidad para desconcentrar el poder, que incluye "un replanteamiento de la forma como se viene haciendo investigación en algunos casos y un resideño de los procesos para lograr mejoras sustanciales".

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Además, dijo que entre sus pilares está "impedir que la Fiscalía sea utilizada como poder de presión o política".

A su turno, la exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Luz Adriana Camargo aseguró que ante ese panorama de 2,8 millones de procesos, se debe aplicar un modelo de investigación en contexto y con modelos diferenciados por regiones.

Además, planteó cinco líneas de acción: la priorización con enfoque territorial, el análisis criminal con apoyo en la tecnología, un fortalecimiento de las rutas de apoyo a las víctimas, un incremento en la utilización de los instrumentos de la justicia premial y mejora en la calidad de los fiscales en el juicio. Por último, el rediseño de los indicadores de gestión.

"Los grupos criminales hoy son multimodales. Una organización se dedica al homicidio, comete extorsiones, hurto, incluso corrupción. Además, tenemos otras organizaciones más complejas y aún subsisten las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, donde tenemos guerrillas que no se han desmovilizado, disidencias. El ejercicio tiene que incluir de forma muy potente la articulación con la Delegada para las Finanzas Criminales y la Delegada contra la Delincuencia Organizada y con la Dirección de Justicia Transicional que lleva años documentando patrones de comportamiento", dijo.

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Finalmente, la exfiscal de derechos humanos Amelia Pérez Parra dijo que su primer compromiso será "combatir a fondo y sin descanso la corrupción a todos los niveles, así como fortalecer las Unidades de Reacción Inmediata (URI) que son el primer contacto que tiene una persona con el sistema de administración de justicia. 

También dijo que "la Fiscalía tiene que hacer presencia en todo el territorio nacional. En cada municipio debe haber un fiscal, un juez e investigadores como mínimo". Pérez apuntó que se debe reforzar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, trabajar de manera mancomunada con la Jurisdicción Especial para la Paz, hacer convenios de cooperación internacional, aumentar la planta de personal y ponerles el foco a los temas laborales y de salud mental de los investigadores.