Implementación del Acuerdo de Paz: los datos clave que revela la ONU en su informe trimestral sobre Colombia
La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas entregó su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. En el documento destacó los avances en la restitución de tierras y la justicia transicional, sin embargo, advirtió sobre la inseguridad en las regiones en mira de las elecciones presidenciales de 2026.
Por: Valentina Giannini
El Consejo de Seguridad de la ONU recibió el informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia, que cubre el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025.
El documento resalta tanto los avances como los obstáculos en la implementación del Acuerdo firmado en 2016, con hitos recientes como las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete exjefes de las antiguas Farc y a doce exmilitares responsables de falsos positivos.
No obstante, el jefe de la Misión, Miroslav Jenca, y las delegaciones presentes, expresaron su preocupación por el deterioro de la seguridad y condenaron el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de cara a las elecciones de 2026.
Desde la firma del acuerdo, 3.559.650 hectáreas se han formalizado
En cuanto al primer punto del Acuerdo Final de Paz, la Reforma Rural Integral, la ONU señala que hasta agosto de 2025 la Agencia Nacional de Tierras (ANDT) reportó la adjudicación de 275.577 hectáreas, lo que representa el 9 por ciento de la meta de establecida de 3 millones de hectáreas.
Así mismo, de acuerdo con el informe, “el Gobierno siguió facilitando el acceso de campesinos, mujeres rurales y víctimas a la tierra”. Los agricultores se han beneficiado del 64 por ciento de las tierras adjudicadas hasta la fecha, mientras que los pueblos étnicos han recibido el 75 por ciento.
Según la Agencia Nacional de Tierras, el 10 por ciento de las tierras adjudicadas y el 15 por ciento del total de las tierras formalizadas desde que el actual Gobierno entró en funciones han beneficiado directamente a las mujeres.
La seguridad, un asunto sin resolver
El informe trimestral advierte que las garantías de seguridad siguen siendo un pilar esencial, pero persisten graves desafíos en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
De acuerdo con el organismo internacional, en departamentos como Bolívar, Antioquia, La Guajira, Norte de Santander, Cauca y Guaviare, la población civil continúa enfrentando las consecuencias de los enfrentamientos entre distintos grupos ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Así mismo, resalta que en estas zonas el conflicto mantiene graves impactos como muertes, desplazamientos forzados, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad, la economía y la educación.
Según el informe, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 26 de septiembre de 2025, la Misión verificó 481 asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, entre ellos 11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos. También se registraron 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones.
En el documento se alerta sobre el deterioro de la seguridad con la mira en las elecciones presidenciales de 2026. El informe señaló el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como un hecho particularmente grave que evidencia los riesgos crecientes para la participación política en el país.
8.700 desplazados y 41.800 personas confinadas
De acuerdo con el documento, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) informó que entre el 27 de junio y el 2 de septiembre de 2025, 8.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 41.800 de confinamiento en 30 municipios de 10 departamentos de Colombia, especialmente en el Pacífico y el sur de Bolívar.
Los departamentos más afectados fueron: Chocó, Cauca, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca.
Por otra parte, en los tres meses que cubre el reporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 48 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos: 7 mujeres, 39 hombres, 2 personas trans, 8 indígenas, 4 afrocolombianos y 19 campesinos.
Según el informe, la mayoría de estos líderes y lideresas trabajaba en ámbitos como el acceso a la tierra, la protección del medio ambiente, los derechos de las comunidades y de las mujeres.
Más de 11.000 excombatientes en proceso de reincorporación
Sobre el punto 3.2 del Acuerdo Final de Paz, que aborda la Reincorporación a la Economía Social, la Misión de Verificación señala que más de 11.000 excombatientes siguieron activos en su proceso de reincorporación.
Desde la firma del acuerdo, se le han entregado alrededor de 17.000 hectáreas a excombatientes, y en agosto la Agencia Nacional de Tierras entregó 235 hectáreas en Caquetá para el traslado espacio-territorial de Miravalle.
Sobre el acceso a vivienda, el informe señala que, en septiembre, el Gobierno entregó 140 viviendas en su primer proyecto a gran escala para excombatientes indígenas en Caldono (Cauca).
Las sanciones de la JEP
El informe resalta las primeras dos sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el trabajo de la entidad en la justicia transicional.
La primera, emitida el 16 de septiembre, estuvo relacionada con crímenes de lesa humanidad y declaró responsables a siete integrantes del último Secretariado de las antiguas Farc. Por otra parte, la segunda, el 18 de septiembre, se refirió a crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a 12 antiguos integrantes de la fuerza pública en la región Caribe.
La ONU señala que, hasta la fecha, la JEP ha abierto 11 macrocasos que investigan patrones criminales emblemáticos atribuidos a las partes en el conflicto, entre ellos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, de las 15.000 personas sometidas a la Jurisdicción, 242 han sido consideradas máximas responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad: 68 excombatientes de las antiguas Farc, 168 exintegrantes de la Fuerza Pública, 5 civiles y un agente estatal no combatiente.
Frente al Caso 11, que corresponde a violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes basados en orientación sexual, la JEP ha acreditado a más de 500 víctimas.
Lea los comentarios