Guerra en el Putumayo: ¿Cuál cese de hostilidades?
Crédito: Colprensa
El alto comisionado para la paz dice que los grupos ilegales ya se comprometieron a frenar las masacres, pero en el Putumayo la Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera siguen dándose bala.
Cincuenta familias que habitan en el corregimiento de Arizona, ubicado a pocos kilómetros de Puerto Caicedo, Putumayo, escucharon los primeros disparos a las tres de la tarde del sábado 1 de octubre y corrieron a esconderse en sus viviendas.
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Las balas provenían de los fusiles de integrantes del frente Carolina Ramírez –perteneciente a las disidencias de las Farc–, que se defendían del ataque de sus enemigos, los llamados Comandos de Frontera. Se trata de una confrontación entre delincuentes que ya cumple tres años en el Putumayo.
Después de media hora de cruce de balas se vio la realidad del combate. Según el testimonio de los pobladores, en la entrada del pequeño corregimiento quedaron al menos seis cuerpos sin vida de integrantes de la Carolina Ramírez.
Tras la retirada de los grupos en disputa, los habitantes se comunicaron con las autoridades de Puerto Caicedo para denunciar la acción y pedir la presencia de la Fiscalía. De inmediato se desplegó el operativo. Al llegar al punto, las autoridades solo encontraron tres cadáveres. Al parecer, los otros tres se los habían llevado los integrantes de la Carolina Ramírez.
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Este no ha sido el único caso en el último mes. La disputa entre ambas organizaciones ilegales por el control de las rutas del narcotráfico ha causado la muerte de 20 personas entre civiles e integrantes de ambos bandos.
Los pobladores han denunciado que en tres de las incursiones armadas de las últimas semanas han muerto varios líderes sociales que no tenían nada que ver con las organizaciones ilegales.
La clave es el río
Los combates entre la Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera tienen que ver con las cerca de 24.000 hectáreas de matas de coca, pero sobre todo con el control de los ríos Caquetá y Putumayo.
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Los pobladores han denunciado que las visitan son constantes: reclutan menores, los presionan para que den información sobre sus enemigos y los obligan a oponerse a la erradicación manual.
“Los Comandos de Frontera pagan entre dos y cinco millones de pesos a los pobladores para que trabajen como informantes o como raspachines, o para que transporten cargamentos. Es muy fácil que acepten ganarse este dinero”, denuncia un habitante.
¿Y la paz total?
La estrategia del presidente Gustavo Petro para enfrentar la situación en la zona son los llamados “Puestos de Mando Unificado por la Vida”, que tienen la tarea de defender a la gente, en especial a los líderes sociales y a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos. En los dos meses de gobierno ya se han realizado dos reuniones en el departamento –la última ocurrió el pasado lunes 10 de octubre–, encabezadas por representantes de los ministerios del Interior, Defensa y Agricultura; la gobernación, las alcaldías, la Defensoría del Pueblo y la fuerza pública.
Las conclusiones siempre han sido las mismas: el reconocimiento de la presencia de los grupos ilegales y de las grandes extensiones de cultivos de coca, la carencia de vías de comunicación, la falta de educación y la precaria atención en salud.
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El tema de los asesinatos por causa de la confrontación de grupos ilegales está en investigación porque no hay certeza del número de muertos y porque la comunidad no se atreve a denunciar por el temor de represalias.
“En el Putumayo todos los días se conocen casos de ajusticiamientos. Algunos de los cuerpos son lanzados al río para que no sean encontrados. La gente convive en medio de las armas y el negocio de la cocaína”, denuncia un habitante.
En la zona hacen presencia cerca de dos mil integrantes del Ejército, la Armada y la Policía, que esperan órdenes tras el anuncio de la estrategia de paz total, a la que ambas organizaciones ilegales se comprometieron a participar, aunque en la práctica, al menos en Putumayo, nada de eso se haya consumado.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha señalado que su oficina ya tiene acercamientos con las dos organizaciones, que han manifestado la voluntad de acogerse a la propuesta de paz total.
“La Carolina Ramírez ha anunciado un cese de hostilidades contra la fuerza pública y respeto por la vida de los civiles. En el caso de los Comandos de Frontera, el gobierno le ha exigido parar los asesinatos de líderes sociales y las masacres en Putumayo”, afirmó el alto comisionado en su visita a Puerto Asís el pasado 24 de septiembre. Pero ni los unos ni los otros han cumplido. La confrontación, en la que –como siempre– los que más sufren son los civiles, ha dejado más de 50 muertos el último año.
