6 Febrero 2022

26 niños muertos en bombardeos

Crédito: Wil Huertas

El entonces ministro de Defensa Guillermo Botero cayó cuando se reveló la muerte de 12 menores en un bombardeo militar. Sin embargo, nada ha cambiado. La cifra mortal sigue creciendo sin que lo sepa el país. 'Cambio' estuvo en Guainía, escenario de uno de los bombardeos aéreos.

Por Guillermo Gómez

A Fabián Martínez le entregaron en pedacitos, envueltos en una mortaja, los restos de su hermano Brayan Esteven, de 17 años. Mes y medio antes, el ministro de Defensa, Diego Molano, había anunciado con bombos y platillos que en un bombardeo realizado el 27 de septiembre a las 4:40 a.m., en la zona rural de Morichal, Guainía, la Fuerza Aérea había abatido a Jaider Stiven Cisneros Bossa, alias Mono Ferney, quien según fuentes de la institución era el hombre de confianza de Iván Mordisco, jefe de una de las disidencias de las Farc.

Brayan Esteven Martínez.

Además del Mono Ferney, en el bombardeo habían muerto nueve personas más, entre ellas el adolescente indígena Brayan Esteven. Estaba a punto de terminar su séptimo grado en el colegio del resguardo Morichal Viejo. Según sus vecinos, poco antes de morir, Brayan había decidido abandonarlo todo -novia, compañeros, profesores y familia- para ir a raspar coca (una de las pocas opciones de trabajo disponibles en la zona) en la finca de alias Botalón, quien vende los menores de edad a las disidencias. “Los pone a trabajar y cuando ya es el momento de pagarles, los vende. O los emborracha y, en medio de la borrachera, les deja los niños a la guerrilla”, cuenta uno de los pobladores. Ese parece haber sido el caso de Brayan, pues en la finca de Botalón se encontraron su tarjeta de identidad y la hamaca donde durmió, según le contó a Cambio su hermano Fabián. Solo volvieron a saber de él cuando recogieron sus despojos en la morgue después del bombardeo contra el Mono Ferney.

Según le dijo a Cambio Mayerly, la quinta de los 10 hermanos de Brayan, quien vive en Morichal, la noche del bombardeo escuchó seis detonaciones. Y, en efecto, casi cinco meses después del operativo militar, en el lugar de los hechos, aún se ven los seis huecos y los destrozos causados a una lancha por las cargas aéreas, así como ropa interior, una linterna, toallas, dos olletas –una de ellas marcada con el nombre de Andrez Gómez (sic)–, una batería de celular, pacas con libras de arroz, botas de caucho y una prenda militar con una flor verde bordada y el nombre Shaira escrito con hilo azul y rojo.

Mayerly Martinez, hermana de Brayan
El día que Brayan Esteven Martínez se despidió, sin decir hacia dónde iba, su hermana Mayerly Martínez lo vio por última vez. La gente creía que se había ido a raspar coca. Crédito: Iván Ortiz

La muerte de Brayan en el bombardeo de Morichal la confirma, además, un reporte de Medicina Legal del 22 de octubre de 2021, entregado al senador Iván Cepeda, quien en el último semestre ha solicitado información sobre los ataques aéreos y su impacto en los niños. Esas peticiones las ha dirigido tanto al Instituto de Medicina Legal como al Ministerio de Defensa. Según el senador, Medicina Legal le “ha informado los casos de muertos que las FF.MM le reportan, pero aún quedan muchos vacíos”.

Son más los niños muertos

Brayan no fue el único adolescente bombardeado. Ese mismo día se registró la muerte de otra niña de 15 años con “mecanismo causal” de explosivos –así lo describe Medicina Legal–, tal como ocurrió con Brayan. Este dato proviene del oficio 779 del 3 de diciembre de 2021, que el director (e) de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, le envió al secretario de la Comisión Primera del Senado como respuesta a una proposición de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras. (Allí se reportan de manera detallada -con fecha, edad calculada, sexo y causa de la muerte- las 303 necropsias realizadas a los caídos en operaciones militares). 

Pero hay otro dato: Fabián Martínez, el hermano de Brayan, le confirmó a Cambio que cuando reclamó su cadáver, le preguntaron si también iba a recoger el de una niña de 15 años que estaba allí. De ella, hasta ahora, no se conoce más información.

Once días antes del bombardeo de Morichal, en el Litoral de San Juan, en Chocó, murieron cuatro menores más en otro bombardeo. Uno de ellos era José Tuver Hurtado Moreno, un niño de 13 años, quien tres meses antes había abandonado su hogar y el colegio donde cursaba quinto de primaria. En esa ocasión el objetivo del Gobierno era Ángel Padilla, conocido con el alias de Fabián,  jefe del ELN en el Chocó, quien quedó malherido y murió días después en un hospital de Cali.

Hasta hoy, el Gobierno ha presentado la muerte de menores en bombardeos como casos aislados. Solo tres de esos episodios han llegado a la luz pública, gracias a las protestas de las comunidades, las denuncias de las familias que claman por la vida de sus hijos y el control político hecho por los senadores Cepeda y Barreras. Pero son muchos más. 

El informe de Medicina Legal que compila las 303 necropsias revela que 26 menores, entre los 12 y los 17 años, han muerto en acciones militares realizadas entre el 7 de agosto de 2018 y el 30 de noviembre de 2021. En 15 de esos casos, se dice que los explosivos les causaron la muerte, y que los demás fallecieron por la acción de proyectiles. Esto no significa, necesariamente, que todos los menores hayan muerto por el bombardeo; es probable que algunos de ellos hayan perdido la vida por  disparos durante el desembarco. 

Imagenes bombardeos
En Morichal, Guainía, quedaron las huellas de las seis bombas aéreas que destruyeron el campamento. Ollas, ropas y elementos de aseo quedaron esparcidos por el lugar.  Crédito: Iván Ortiz

La víctima más pequeña de las que figuran en ese informe es una niña de 12 años cuya necropsia se realizó el 3 septiembre de 2019, quien habría muerto en el bombardeo realizado contra el grupo de alias el Cucho en San Vicente del Caguán. El 30 de enero de 2020 hay reportada otra niña de 14 años fallecida; el 2 de septiembre de 2021 se mencionan dos niños y una niña de 15 años muertos y el 29 de septiembre habría muerto otro niño de la misma edad. 

En diez de las 29 operaciones militares con bombardeo incluido que se realizaron entre el 8 de agosto de 2018 y el 30 de octubre de 2021, el Instituto de Medicina Legal ha practicado la necropsia de 26 menores de 17 años. Tres de esos bombardeos -el de San Vicente del Caguán (Caquetá), el del Litoral de San Juan (Chocó) y el de Morichal (Guainía), ocurrieron después de que Diego Molano asumió como ministro de Defensa.

Pero la operación donde fueron abatidos más menores ocurrió el 29 de agosto de 2019, cuando 12 niños murieron en el bombardeo contra alias el Cucho, una acción militar que le costó el cargo al exministro de Defensa, Guillermo Botero.

El ministro Molano ha defendido este tipo de operaciones como acciones legítimas y ha señalado que, más que niños, “lo que teníamos era máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas”.

Cambio quiso saber si el ministro sigue calificando así a los menores reclutados forzadamente, pero desde su oficina de comunicaciones explicaron que él prefiere no referirse al tema porque ya una vez le costó una moción de censura en el Congreso.

Desde el Comando de las Fuerzas Militares, donde se deciden los bombardeos, dieron la vocería al Comando del Ejército. La respuesta entregada a Cambio por esa  institución confirma que la presencia de menores no es algo que les impida realizar sus operativos.

Explicaron que antes de un bombardeo hay un trabajo de inteligencia detallado que analiza el contexto del área de operaciones. Si en esa labor el grupo especial detecta la presencia de menores de edad en el campamento, lo informa a los comandantes que van a realizar el operativo, quienes tienen asesoría de abogados.

Los militares aducen que si el objetivo o comandante del grupo ilegal tiene entre sus filas a menores de edad que delinquen, pueden actuar contra ellos sin importar si fueron reclutados forzadamente.

Si bien es cierto que el Derecho Internacional trae una protección sobre personas y bienes, quienes participan directamente de las hostilidades se despojan de esa protección, ya no tienen ese estatuto de inmunidad y protección, y hacia ellos pueden dirigirse las operaciones militares”, explicó la generala Paulina Leguizamón, subjefa jurídica de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Leguizamón también señala que las normas jurídicas exigen establecer objetivos militares pero no determinar sexo o edad. Lo que se pondera es la ventaja militar sobre las circunstancias del caso. “Entonces uno no puede poner como regla general si hay menores”, enfatiza.

Esa explicación, sin embargo, no concuerda con la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, según lo explica el investigador y exdirector de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, quien asegura que el Ejército no puede considerar objetivo militar a esos adolescentes cuando estén por fuera de las hostilidades. El estatus de los menores es de población no combatiente y por ello el Estado debería tomar las precauciones necesarias para proteger su vida.

“En este caso los menores reclutados forzosamente deben ser considerados población civil porque no están participando de las hostilidades. Cuando están en un campamento el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos por protegerlos y claro que tienen que tomar en consideración si hay o no menores”.

Prácticamente ningún niño se une voluntariamente a los grupos armados. Lo hacen reclutados a la fuerza. Tampoco se vuelven raspachines por gusto, en muchas zonas no hay otra oportunidad de trabajo. 

Jovenes en Morichal
Los menores son mayoría en las comunidades indígenas de Morichal y en muchas de las de Guaviare y Guainía. Crédito: Iván Ortiz

Raspando coca se pueden ganar hasta 7.000 pesos por arroba. Una persona con experiencia logra raspar entre cinco y siete arrobas de hoja de coca en un día, asegura otro habitante de la región. Ello significa que, como máximo, pueden ganarse $49.000.00 diarios, es decir, $1.258.000.00 al mes, trabajando seis días a la semana. Eso es menos que el famoso salario mínimo de un millón de pesos, si se tiene en cuenta que a los raspachines no les pagan prestaciones sociales.

Documentos del Ejército identifican estas zonas como áreas de reclutamiento forzado. Sin embargo, los bombardeos prosiguen.