La falsa desmovilización que unió para siempre a Otoniel, al EPL y al general Barrero

Los torturadores de Roberto Velandia* regresaron por él. No importó que los hubiese sacado de la guerra y entregado al Ejército, pues de todas maneras volvieron, uniformados, ya no como guerrilleros del Ejército de Liberación Popular (EPL) sino como paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Entonces le inyectaron gasolina en sus testículos mientras incendiaban su casa y las de otros 11 campesinos del Alto Sinú. Ese día esculcaron todas sus pertenencias hasta encontrar los documentos que guardaba con sigilo, pues allí estaban escritos los nombres de los 142 guerrilleros del EPL que él mismo, junto con otros campesinos, le entregó al coronel Leonardo Barrero Gordillo, comandante del Batallón Junín, en el puerto de Chibogadó, a mediados de octubre de 1996. Le pidieron que recibiera sus armas y los pusiera a buen recaudo de las autoridades judiciales, pues los rebeldes los tenían amenazados. Incluso, habían asesinado al líder social Rafael Aguilar. 

La entrega se dio el 18 de octubre de 1996, a orillas del río Sinú, en ese puerto ubicado en zona rural de Tierralta. Los guerrilleros llegaron en unas 20 lanchas de motor que los campesinos prestaron para sacarlos del territorio. Previamente, los líderes campesinos se reunieron con el coronel Barrero y otros mandos militares para organizar el sometimiento. Los miembros del Ejército, incluso, les pusieron sobrenombres a los líderes para que no terminaran involucrados en procesos judiciales, y hasta les firmaron un pagaré como fianza de la gasolina para las lanchas. 

Pero el coronel Barrero transportó a los hombres sometidos en un helicóptero hasta la finca El Volador, que ya era el centro de operaciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Al militar lo acompañó el coronel René Sanabria, director de Inteligencia de la Brigada 11 del Ejército, con sede en Montería. 

Entre los guerrilleros que desembarcaron había un joven callado y tímido, a quien el propio Roberto Velandia había curado de leishmaniasis con plantas de la región donde nace el río Sinú. Se llamaba Dairo Antonio Úsuga, y se conocía bajo el alias de Otoniel, y era el nieto de un amigo de Roberto, también campesino sinuense, que se llamaba Jairo Alberto Úsuga. 

Los subversivos fueron transportados a Montería, a la finca Cedro Cocido, donde los juntaron con el resto de guerrilleros del EPL que arribaron desde otro punto, entre ellos estaba el hermano mayor de Otoniel, Juan de Dios Úsuga, alias Giovani. “Desbandada, se entregaron 142 más del EPL”, tituló el periódico El Meridiano un día después del hecho. Hacía apenas dos semanas el ministro del Interior de ese entonces, Horacio Serpa, había presenciado en esa finca el acto de la supuesta desmovilización de los primeros guerrilleros, entre los que estaba, Juan de Dios Úsuga, alias Giovani, hermano de Otoniel. 

La finca de los Castaño

Cedro Cocido era una finca de Carlos Castaño y sus hermanos, quienes comandaban las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En esa hacienda, los guerrilleros permanecieron por más de un mes, custodiados por militares bajo el mando del coronel Barrero, que ordenó instalar dos anillos de seguridad. Paralelamente, uno de los escoltas y hombres de confianza de Fidel Castaño, Víctor Alfonso Rojas, alias Hawi, también los vigilaba. Alias Hawi ya confesó ante los jueces de Justicia y Paz este hecho: “Del EPL sí me acuerdo, porque fui el encargado de mover a muchos de ellos y mantenerles la logística en la finca Cedro Cocido, eso fue en 1996”, dijo. Los cabecillas que los campesinos le habían entregado al coronel Barrero –alias Sarley, alias el Cura y alias Ricardo–, también estaban en la finca de los Castaño junto con Otoniel y su hermano Giovani. En total, agruparon a unos 240 guerrilleros del EPL que empezaron a entregarse en San Pedro de Urabá a principios de octubre, donde los tenía retenidos Carlos Castaño. 

El mismo día de la entrega, el general Iván Ramírez, comandante de la Primera División, elogió al coronel Barrero y declaró que el Ejército también sabía adelantar procesos de paz con cualquier movimiento subversivo: “Yo quiero aprovechar para darle mil felicitaciones al comandante del batallón Junín, coronel Barrero Gordillo; gracias a su dinámica y a su buen manejo y entendimiento con los hombres del frente Bernardo Franco, logramos hoy su entrega sin disparar un tiro”, expresó. 

Dos meses después, Otoniel fue nombrado comandante de un grupo de 90 paramilitares de las ACCU, el cual se desplazó hasta Apartadó con la colaboración de militares, y luego en un avión hasta San José del Guaviare, donde iniciaría el control de la región que empezó con la masacre de Mapiripán, un pueblo ubicado en la frontera entre Meta y Guaviare. Igual suerte corrió su hermano Giovani, quien se quedó operando con los paramilitares en la región del Urabá. 

El ventilador de Otoniel

A finales del año pasado, alias Otoniel, el último de los Úsuga que queda con vida y que llegó al punto máximo del crimen al convertirse en comandante de una de las organizaciones paramilitares más grandes que aún existe en el país, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –grupo disidente de las AUC–, cayó en manos de las autoridades y todo indicaba que saldría extraditado prontamente hacia Estados Unidos. No obstante, la Justicia Especial para la Paz (JEP) le hizo encender el ventilador y semanas más tarde sus confesiones salpicaron al coronel Leonardo Barrero Gordillo, quien también alcanzó el punto más alto de su carrera al ser nombrado comandante de las Fuerzas Militares. “Conocí al general Leonardo Barrero Gordillo –confesó Otoniel–cuando era comandante del Batallón Junín con área de influencia en los departamentos de Córdoba, la Mojana sucreña, Antioquia y Bolívar y coordiné con él operativos conjuntos entre las AUC y soldados adscritos al Batallón Junín”. 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgieron como producto de la expansión de las ACCU, cuyo ejército se nutrió con cientos de los guerrilleros que los campesinos habían rendido a Barrero y otros que se entregaron a Carlos Castaño, quien los alojó en su finca Cedro Cocido para que el ministro del Interior de ese entonces, Horacio Serpa, presenciara el acto de la supuesta dejación de armas. “No hubo desmovilización, así como que uno se haya ido para la casa. Se pasó directamente de una organización (guerrilla del EPL) a otra”, le dijo Otoniel a la JEP.  "Todos fuimos reclutados por el Ejército y entregados a los Castaño", remató. 

Mientras los guerrilleros ‘desmovilizados’ se dispersaban y marchaban en las filas paramilitares, el coronel Barrero fue condecorado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, con la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público. Lo mismo ocurrió con el coronel Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, entonces comandante de la Brigada 11, y con el mayor René Sanabria, jefe de Inteligencia de esta brigada en Montería. Este último ya tenía, para esa época, claros nexos con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, pues fue quien dio el visto bueno, según un artículo de la revista Semana de 2007, para que constituyera una de las cuestionadas empresas de seguridad privada conocidas como Convivir. El documento de constitución fue firmado tanto por el coronel Sanabria como por Mancuso, a pesar de que, según su testimonio entregado desde una cárcel de Estados Unidos, para esa época ya había perpetrado más de 10 masacres. 

La organización de los campesinos del Alto Sinú se dividió y algunos de ellos tuvieron que viajar hasta la Brigada 11 para pedir protección por las amenazas que se tejían en su contra, ya que las Farc los acusaba de trabajar con el gobierno para liderar la entrega de los guerrilleros del EPL. De hecho, según recuerda Roberto Velandia, tanto el coronel Barrero como el mayor Sanabria les hicieron la siguiente propuesta de autodefensa: “Nosotros vamos a ir allá a darles una instrucción: seleccionen un grupo de 50 jóvenes, que nosotros les damos las armas para que ustedes mismos se defiendan”.

“Nada de nada”, fue el título de El Meridiano, de Córdoba, a finales de octubre de 1996, para publicar las palabras del general Bedoya, quien desmintió que los guerrilleros del EPL se hubiesen entregado a las autodefensas de Carlos Castaño. Un mes antes, cuando se entregó el primer grupo de los guerrilleros del EPL, el presidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, Rodrigo García, afirmó que Tomás Concha, director de la Oficina Nacional de Reinserción, era un “mentiroso y embustero” al negar la participación de las ACCU en la entrega de los rebeldes. “Las autodefensas sí han intervenido, no se puede tapar el cielo con las manos. Ellos son los que están adelantando el proceso. Es más, son los que van a donar miles de hectáreas de tierras para esta gente”, dijo. Concha siempre negó esta participación y hoy asegura que el gobierno se enteró de ello solo meses después. 

Un año más tarde, a principios de 1998, mientras el coronel Barrero se había convertido en el comandante del batallón de infantería Miguel Antonio Caro en Cundinamarca, los campesinos del Alto Sinú veían llegar a los otrora comandantes del EPL alias Sarley, alias el Cura y alias Ricardo, y a muchos de sus hombres, con brazaletes de las AUC. 

Llegaron por río y tierra. Quemaron 11 de las 17 veredas. A Roberto Velandia lo sacaron de su casa, le inyectaron gasolina y le pegaron mientras le preguntaban dónde había más guerrilleros en esta tierra. “No puede quedar ni uno vivo”, le dijeron. 

Él se defendía reclamándoles la gasolina, porque sabía que estaban acompañados de militares. No podía creer lo que estaba viviendo. Mataron a 17 de sus compañeros en la orilla del río Sinú. “Les patearon la cabeza mocha como un balón y la tiraron al agua”, relata. “Yo fui el único que quedó vivo porque, precisamente, uno de esos comandantes del EPL, que ya era paramilitar, me conocía y dio la orden de que no me pegaran el tiro de gracia”. 

A finales de octubre pasado, después de que tanta sangre ha corrido debajo del puente, Otoniel cayó en manos de las autoridades en la región de Urabá, donde operó en las últimas dos décadas. Meses más tarde, cuando ya había encendido su ventilador y acusado a Barrero de sus alianzas con él, la Fiscalía acusó al ahora general retirado de ser alias El Padrino, una especie de bisagra que recibía dinero de una facción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el sur del país para informar de operativos en su contra y así proteger el negocio del narcotráfico de estos paramilitares que estuvieron al mando de Otoniel.

*Nombre cambiado por seguridad del líder campesino