12 Abril 2022

Putumayo: ¿por qué hay más muertos que armas? 

Crédito: Jorge Restrepo

Las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen sus propias cuentas y advierten que entre los caídos en la matanza de Putumayo hay civiles y también combatientes. Sin embargo, el informe del Ejército dice que todos eran combatientes.

La respuesta más sencilla a la pregunta de por qué hay más muertos que armas es porque no todos los muertos en la matanza de la vereda Alto Remanso, en Putumayo, eran combatientes. “No entiendo por qué el Gobierno dice que hay 11 guerrilleros abatidos, si yo doy fe de que cinco de los asesinados son conocidos de todos nosotros”, reclamó uno de los habitantes del lugar a periodistas de Cambio, El Espectador y Vorágine que viajaron hasta el lugar.

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Los relatos permitieron reconstruir las escenas y las historias de vida de la mayoría de las víctimas mortales. Uno de ellos fue el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, tenía 48 años y lo apodaban Pantalón; Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal, tenía 35 años y su esposa, Ana María, 24; Brayan Santiago Pama Pianda, hijo de Rodolfo Pama, un campesino cuya familia fundó el Alto Remanso, tenía 16; Rubén Darío Peña Scarpetta, 21; Óscar Oliva Yela, 40; Luis Alfonso Guerrero Martínez, 32; Enuar Ojeda Sánchez, 23; José Antonio Peña Otaya, 40 años; Alexánder Peña Muñoz, 30, y Jhon Jairo Silva Mutumbajoy, 34. 

Uno de los grandes enigmas de la operación militar es por qué no se ha podido determinar cuántos eran civiles y cuántos eran combatientes de los Comandos de Frontera. Según los pobladores, seis de los 11 muertos eran civiles: Ana María Sarrias, Divier Hernández, Pablo Panduro, José Antonio Peña Otaya, Óscar Oliva y Brayan Santiago Pama. El informe militar dice que todos eran integrantes de los Comandos de Frontera, y al menos cinco están identificados con foto como guerrilleros. 

Las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen sus propias cuentas y advierten que entre los caídos hay civiles y también combatientes. Varios relatos identifican a unos como trabajadores sin vínculos con ningún grupo ilegal, otros aseguran que algunos de ellos estaban en actividades delictivas; sin embargo, y aun asumiendo que unos tendrían relaciones con las disidencias, los testigos insisten en que estaban desarmados cuando llegó el Ejército.

Mire cómo sucedieron los hechos día a día

Un funcionario de Medicina Legal les dijo a los periodistas de Cambio, El Espectador y Vorágine que hubo personas que no deberían haber caído en la operación. Una cosa es someter a un enemigo armado y otra matar, sin fórmula de juicio, a un sospechoso de pertenecer a un grupo ilegal. En ningún caso es aceptable disparar contra civiles desarmados, incluyendo un menor y una mujer embarazada. Una operación militar siempre debe partir de garantizar la vida de los no combatientes.

La denuncia más grave y reiterada en los testimonios es que los cuerpos fueron manipulados irregularmente por el Ejército. Dicen que los movieron de los lugares donde cayeron y les pusieron armas de fuego y prendas militares. En uno de los videos recogidos, se ve a una mujer que se retuerce en el piso ahogada en llanto por el asesinato de su hija. “Ay, Dios mío, señor”, grita. Entre los reclamos sobresale una voz que dice: “Más verraco que le ponen armas a Pantalón”, como era conocido el gobernador indígena Pablo Panduro.

Otro caso señalado como un falso positivo es el de Brayan Santiago Pama, el hijo de la familia que fundó el Alto Remanso. Testimonios muestran que cuando murió, Santiago corría junto a una persona que portaba un fusil y ambos habrían sido impactados por un francotirador. El menor de edad habría tratado de auxiliar al combatiente herido en el momento en que recibió un disparo en la cabeza. Después, cuentan varias personas, fue subido a una lancha militar, conocidas como pirañas, y finalmente llevado hasta el helicóptero que transportó los cuerpos. 

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Vorágine realizó esta ilustración basada en las fotografías que existen sobre el cuerpo de Brayan Santiago. En ellas se ve cómo el cuerpo cambió de posición y apareció con fusiles. 

Una serie de fotografías advierten de un manejo extraño del cuerpo de Santiago. En la primera, el menor aparece tirado en la lancha, encima reposa el cuerpo de otro hombre con camuflado y algo que parece un arnés de proveedores. Otra fotografía, desde otra perspectiva, muestra los mismos dos cuerpos, pero esta vez tienen fusiles encima. Una tercera imagen de Brayan Santiago lo muestra en tierra, con la camisa levantada, los pantalones por debajo de la cintura y varias heridas en sus brazos. 

Un médico forense, que analizó las imágenes por petición de los periodistas, dio su concepto: “Los hallazgos preliminares de los cuerpos indican que hubo manipulación y alteración del sitio con fines de escenificar, es decir, se muestra algo que en realidad no ha ocurrido, para desviar la investigación de forma deliberada”, explicó el especialista. 

Una foto más muestra el cadáver del adolescente sobre la tierra, y cerca se ubica otro cuerpo, el mismo que se ve en la lancha, y a unos metros de ellos hay tres fusiles. La imagen, asegura el forense, muestra que ese no fue el lugar donde murieron, argumenta que los charcos de sangre no corresponden a la hemorragia masiva que produciría ese tipo de herida. Además, de acuerdo con el experto, hay señales de “arrastre” por las huellas en el piso y por la camisa levantada del menor. La última fotografía, que es solo del rostro de Santiago, se ve contra un fondo rojo. Según los testimonios, se trata de las cortinas del burdel de la vereda, que fueron usadas para envolver los cadáveres y movilizarlos hasta el helicóptero que se los llevó, una muestra más que podría indicar que los militares sí movieron los cuerpos.

Al respecto hay muchas dudas sobre cuáles de los muertos en la operación militar eran combatientes de los Comandos de la Frontera, dado que las armas incautadas son cinco mientras los cuerpos son 11. El Ejército, en sus diferentes explicaciones, ha señalado que unos son combatientes y otros colaboradores. Argumentan, sin mostrar las pruebas, que sus nombres estaban reseñados en un informe de inteligencia como integrantes de la organización criminal y defienden la legalidad de la operación. Ante las versiones encontradas, la palabra la tiene la Fiscalía General de la Nación que, mediante pruebas técnicas, deberá esclarecer si se trató de combatientes y si en la operación cayeron personas en estado de indefensión.