La propuesta de control de precios: ¿peor el remedio que la enfermedad?
Analistas consultados por CAMBIO concluyeron que el control de precios que propondrán las centrales obreras en la mesa de concertación del salario mínimo no es conveniente y que la discusión debería concentrarse solo en temas laborales.
Hoy empieza la mesa tripartita entre trabajadores, empleadores y Gobierno en la que se definirá el salario mínimo 2023. Más allá del aumento, que se espera sea superior a 13 por ciento, las centrales obreras pondrán sobre el tapete un nuevo cálculo para medir la productividad y la petición de control de precios, especialmente sobre los servicios públicos, como la energía, y sobre los medicamentos.
Básicamente, controlar precios significa que el Gobierno impone de forma artificial el valor máximo que una empresa puede cobrar por el producto que vende.
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT), consideró que, teniendo en cuenta la alta inflación, el Gobierno tiene injerencia y facultades para hacer control de precios; y pone como ejemplo el control de precios que el gobierno Santos impuso sobre los medicamentos. También dijo que llegó la hora de modificar la fórmula con la que se calcula el precio de energía para que las pérdidas no las asuma el usuario.
En esa misma linea, Daniel Libreros, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, opinó que el control de precios se debe ejercer sobre los renglones más importantes, debe ser una prioridad en la actual coyuntura. "Mientras la inflación está en 12 por ciento, la de alimentos sobrepasa el 20 por ciento, y eso aumenta las dificultades de la franja pobre de la población que está condenada prácticamente a una situación de hambre. Adicionalmente, se debe dar prioridad al mercado interno sobre exportaciones", explicó Libreros.
Sin embargo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, aseguró que esto no es conveniente porque lleva a la especulación y al mercado negro; y porque, para orientar las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno tiene otros instrumentos sin necesidad de fijar precios artificiales.
Lo mismo consideró Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), quien recalcó que el problema de las tarifas se ha dado por los indexadores que la definen. “El problema que se ha dado es por los indexadores. Durante los diez años se ha logrado tener el control, pero ahora estamos haciendo una nueva propuesta para lograr la disminución que ha venido pasando en las últimas facturas”.
El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, explicó que existen unos principios legales de definición de tarifas de servicios públicos domiciliarios, como lo son el de orientarse hacia costos eficientes y promover la suficiencia financiera. “Cualquier intervención en los precios en el presente tendrá que ser compensada en el futuro. No se puede olvidar que una buena parte de los incrementos que vemos hoy en la tarifa de electricidad se debe a los sacrificios que hicieron las empresas de energía durante la pandemia para no ahogar el presupuesto de los hogares por la gran disminución de actividad económica en 2020”, dijo Oviedo.
Respecto de los precios de los medicamentos, Oviedo consideró que la fijación de precios no va a ser efectiva y que ir más allá de la regulación que define topes de precios a medicamentos esenciales podría generar un incentivo a la indisponibilidad de algunos productos farmacéuticos que atentaría contra la salud de los habitantes.
A todas estas, a los analistas les parece extraño que el tema del control de precios se discuta en una mesa sobre salario. “La mesa tripartita de asuntos laborales no puede extralimitarse. Es mejor 'zapatero a sus zapatos'”, opinó Oviedo.
Por su parte, José Ignacio López, director de Estudios Económicos de Corficolombiana, opinó que esos temas deben discutirse en otro contexto. Frente a la propuesta de las centrales obreras, afirmó que imponer un control administrativo a la tasa de cambio o fijar el peso por decreto generaría un aumento en las tasas de interés y menor crecimiento y empleo.
De forma similar, controlar precios de medicamentos puede generar desabastecimiento de dichos productos. El decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, dice que el espacio de concertación de salario mínimo debería aprovecharse para ejercer un dialogo sobre todas las políticas laborales y sobre las reglas de juego entre empresarios y trabajadores, pero no extender ese espacio a cualquier tipo de política pública porque “desenfoca el propósito”.
