El futuro sin norte del sur de Bolívar

El Magdalena Medio es una porción de Colombia en la que confluyen cuatro departamentos cuyas fronteras se derriten en una amalgama confusa de río y ciénaga. De ella hace parte el Sur de Bolívar, una tierra fantasma que, aunque depende administrativamente de Cartagena, la sede de la Gobernación, está prácticamente desconectada de la urbe, a más de diez horas en carro por carreteras que se van borrando hasta convertirse en trochas que parecen llegar a la nada.

En resumen, el sur de Bolívar es una tierra olvidada en la que municipios como Simití, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa conviven con la única realidad que les es posible: la de sobrevivir del cultivo de la hoja de coca, un producto que se disputan por igual los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, para procesarla; y la Fuerza Pública, para erradicarla. En medio del fuego cruzado, los campesinos del Sur de Bolívar viven hostigados por la delincuencia organizada, que ejerce el control territorial sobre la zona, y por la propia Policía, que los extorsiona a cambio de no erradicar. La tercera alternativa ha sido el programa de sustitución de cultivos ¬–desarrollado como parte de los Acuerdos de Paz–, que apenas de ha cumplido a medias en algunas zonas y en otras es inexistente.

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La variación a la baja del precio de la pasta de coca provocó que los campesinos decidieran dejar de pagarle parte de sus excedentes a la Policía. El resultado, según cuentan ellos mismos, fue la reacción violenta de la Fuerza Pública.

La tensión se ablanda o se endurece dependiendo de las circunstancias. En los últimos meses, la variación a la baja del precio de la pasta de coca provocó que los campesinos decidieran dejar de pagarle parte de sus excedentes a la Policía. El resultado, según cuentan ellos mismos, fue la reacción violenta de la Fuerza Pública. Cansados de los atropellos, los campesinos organizaron un paro con el objetivo de llamar la atención del gobierno central.

Justamente por eso llegó a Santa Rosa, el pasado 21 de abril, Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos del ministerio del Interior, a reunirse –por segunda vez en un mes– con los líderes campesinos, que amenazaban con cruzar el río Magdalena y bloquear la Ruta del Sol a la altura de Puerto Wilches, Santander, para hacerse oír.

La mesa interinstitucional

El propósito de la reunión de ese día era, según el saludo del viceministro, “avanzar en la propuesta para la conformación de una mesa de diálogo social”. Es decir que de la reunión no se esperaba ningún resultado práctico sino, apenas, avanzar en la propuesta para conformar un espacio con el fin de dialogar en el futuro. Tal vez eso explica la tranquilidad del viceministro, quien, en representación de un gobierno que se va a acabar en tres meses, lo que hace es patear la pelota para que el próximo gobierno solucione problemas que, de todas formas, vienen desde el gobierno pasado. Lo único que parece importarle al viceministro es no terminar el mandato con la crisis que generaría el bloqueo de la Ruta del Sol en época electoral.

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"...en un comienzo, cuando llegaban y caían al cultivo, se les hacía una bonificación. A la Policía. De ahí para acá, todas las comunidades se reunieron y decidieron: no más pago. Y creo que ese fue el punto donde ahora están pasando estos desmanes", Campo Elías Rojas, líder cocalero.

Toma la palabra el líder más fuerte y más joven del grupo, Ferney Zubieta. “Vinimos a hablar acá de lo mismo que se habló ya. Estamos sentados a la mesa de conversación y el actuar de la fuerza pública ha sido más fuerte. De nada sirve la inversión social que pedimos si va a ser a costa de la muerte de campesinos. Pedimos el derecho a la vida”. Otro líder, Campo Elías Rojas, explica: "El meollo de por qué los desmanes con la fuerza pública es que, en un comienzo, cuando llegaban y caían al cultivo, se les hacía una bonificación. A la Policía. De ahí para acá, todas las comunidades se reunieron y decidieron: no más pago. Y creo que ese fue el punto donde ahora están pasando estos desmanes". 

Los líderes que están en la mesa con el viceministro son los representantes de los sembradores de coca. Los líderes dicen que desde comienzos de este año la fuerza pública ha incrementado el nivel de violencia durante los operativos de erradicación de cultivos, dejando campesinos heridos y bienes destrozados. La razón, según le confirmaron a Cambio múltiples fuentes, incluidos varios funcionarios públicos, es que la Policía antinarcóticos exigía —o recibía, según se le mire— coimas a cambio de no erradicar el cultivo completo sino solo una parte, para cumplir con su obligación, pero también para dejarle algo al campesino o para volver unos días después de que el campesino hubiera recogido las hojas de coca y erradicar las matas ya raspadas. Cuando los campesinos decidieron dejar de pagar, comenzó una guerra para defender sus cultivos, única fuente de supervivencia en una zona donde la falta de vías de penetración hace económicamente inviable cualquier otro cultivo.

El viceministro se mantiene impávido ante las denuncias que ya ha escuchado antes. Una representante de derechos humanos del Ministerio de Defensa dice que ya se han iniciado investigaciones y que se “dará inicio” a nuevas investigaciones sobre las nuevas denuncias que “han sido recepcionadas”, siempre siguiendo el “debido proceso”, los “canales institucionales” y los “procedimientos que establece la ley”. El procurador Provincial de Barrancabermeja, Jairo Dueñez Prieto, quien tiene a su cargo los municipios del Magdalena Medio, incluyendo los del sur-sur de Bolívar que están citados hoy a la reunión —Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur— dijo que eran preocupantes las denuncias reiteradas en contra de la fuerza pública, y sentenció: “Las formas tienen que cambiar”.

La guerra

Al preguntar por los grupos armados ilegales y su control sobre el negocio de la coca, la respuesta de la mayoría de la gente es similar: “De ese tema no hablo, por seguridad”. En estos municipios del Magdalena Medio las zonas bajas son irrefutablemente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo pos paramilitar también llamado Clan del Golfo. En las zonas altas tienen presencia (aunque ya no un control tan acérrimo como en otras épocas) dos grupos guerrilleros: el ELN y la disidencia Frente 33 de las antiguas FARC, uno de los grupos de la línea de Gentil Duarte.

En 2019, el presidente Iván Duque dio la orden de crear la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, con 2.000 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Antinarcóticos. Su misión era combatir a los grupos armados ilegales en los 12 municipios del sur de Bolívar. 

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Hace poco los Gaitanistas citaron a una reunión de asistencia obligatoria en una de las veredas de la zona baja de San Pablo. Dicen los habitantes que, por el miedo, una señora murió de un infarto.

Ahora las comunidades viven en medio de las balas. Hace poco los Gaitanistas citaron a una reunión de asistencia obligatoria en una de las veredas de la zona baja de San Pablo. Dicen los habitantes que, por el miedo, una señora murió de un infarto. Este es el estrés en el que viven constantemente las comunidades. El Sábado Santo varias veredas sobre la carretera que lleva de San Pablo a Simití amanecieron cubiertas con las siglas AGC, repetidas en cada casa, en la cancha del parque y hasta estampadas en los altares a la Virgen María que protegen a los conductores en las carreteras. La orden es no borrar las pintas, así que la gente convive con ellas. Además, hay un toque de queda que prohíbe salir después de las ocho de la noche.

A mediados de marzo se dio un desplazamiento masivo después de enfrentamientos armados entre las guerrillas y los paramilitares en la vereda El Diamante, de Simití. Un hombre y una mujer murieron dentro de una casa. Según explica la gente, los muertos no eran lugareños sino “satélites”, es decir, miembros de las AGC que el grupo deja viviendo en las casas de la gente para controlar a la comunidad desde adentro. Normalmente, los satélites llegan en grupos de tres. Pero esta vez, el otro miembro del grupo logró escapar. 

La vigilancia de las AGC se ha fortalecido recientemente y lograron tomar el control de la compra de pasta de coca en los municipios del sur-sur. Lo primero que hicieron fue bajar los precios. Por eso a los campesinos ya no les alcanza lo que ganan para pagar las coimas de la Policía, y por eso decidieron rebelarse.

Las promesas y las peticiones

El pliego de peticiones que las comunidades que dependen económicamente de la hoja de coca llevaron a la mesa interinstitucional es utópico. “Este es un malestar que lleva cocinándose mucho tiempo”, dice Ubencel Duque, director del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Al hablar de “vida digna” y “mínimos vitales,” piden tierras para los campesinos, servicios sociales, seguridad social, infraestructura física, adecuación de tierras, créditos, transferencia de tecnología, comercialización y capacitación laboral. También piden la “eliminación del trámite burocrático para ejecución de proyectos… así como las cuotas políticas a mandatarios nacionales, regionales y locales”. Y, además, piden una medida cautelar que suspenda la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito durante diez años mientras se logra una transición a economías legales.  

Pero en verdad lo que quieren los líderes —a los que Ubencel se refiere como “los jóvenes,” pues ninguno tiene más de 40 años y varios tienen menos de 30— es que se cumplan los compromisos del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Durante la Mesa Interinstitucional, el viceministro Baena les recuerda, con esa tranquilidad que mantuvo durante todo el encuentro: “Entiendan que la erradicación es un deber legal”. A esto, el abogado representante de la Marcha Campesina, Duvier Zabala, responde que en el Acuerdo de paz se pactaron unas condiciones para la erradicación que privilegiaban la erradicación voluntaria. Él se queja de que “el gobierno está erradicando sin el debido proceso”.

El Acuerdo de Paz diseñó un orden jerárquico en el que la principal estrategia debía ser la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pero eso no se está cumpliendo. El Estado solo podría recurrir a la erradicación forzada después de hacer un intento de buena fe por negociar con las comunidades. Si llegaba al acuerdo de buena fe, debía comenzar con la erradicación manual, luego con la aspersión terrestre y solo en última instancia acudir a la aspersión aérea, que fue prohibida por la Corte Constitucional.

¿Qué pasa con la sustitución?

El PNIS es el programa que nació del Acuerdo para negociar la sustitución voluntaria con los campesinos que vivían de la siembra de coca y con los jornaleros que vivían de rasparla. Su objetivo es “promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias que derivan su subsistencia de estos cultivos”. Y esto, en teoría, lo hace a través de una serie de proyectos que buscan darle una entrada de dinero inmediata a las familias que arrancan sus cultivos, de modo que se organicen a largo plazo en la legalidad. Además, la idea es construir infraestructura y vías de acceso a las veredas.

El primer componente del PNIS se llamó el Plan de Asistencia Inmediata. Este era el componente individual y su propósito era sostener, durante los primeros dos años a partir del instante de la erradicación, a quienes hacían parte de la economía derivada de la producción de hoja de coca. Se suponía que las familias iban a recibir durante un año pagos bimestrales de 2’000.000 de pesos para asistencia alimentaria; 1’800.000 de pesos para proyectos de autosostenimiento (una huerta de alimentos de pancoger o un proyecto de cría de especias menores como pollos); hasta 9’000.000 para proyectos productivos de ciclo corto; y hasta 10’000.000 para proyectos productivos de ciclo largo, además de asistencia técnica durante todo el periodo de 24 meses.

El segundo componente del PNIS era el Plan de Asistencia Inmediata Comunitario, que ejecutaría pequeñas obras comunitarias y opciones de empleo. El último componente, el más amplio territorial y temporalmente, buscaba resolver temas como el acceso y formalización de la tierra y el acceso a bienes y servicios públicos a través de los Planes integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, que debían articularse a otros proyectos de desarrollo del Estado.

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En el caso de un programa como este [PNIS], el orden de los factores sí altera el resultado, porque la gente no se puede quedar sin cómo pagar comida y necesidades básicas después de erradicar su única fuente de ingresos.

En el caso de un programa como este, el orden de los factores sí altera el resultado, porque la gente no se puede quedar sin cómo pagar comida y necesidades básicas después de erradicar su única fuente de ingresos. La idea era que las familias debían recibir el primer pago de asistencia alimentaria y comenzar a recibir la asistencia técnica mientras corrían los 60 días que tenían para erradicar sus cultivos. Al final de esos dos meses, la UNODC verificaría la erradicación, momento en el que les estaría a las familias el segundo pago de asistencia alimentaria.

Pero nada de esto sucedió en los tiempos proyectados, y tampoco con la planeación necesaria. Uno de los líderes de la mesa cuenta que algunas familias se demoraron un año desde que arrancaron sus cultivos hasta que recibieron el primer pago de asistencia alimentaria. “El PNIS dio unas gallinas y eso se inundó todo de huevos. No había quién comprara huevos”, dice otro de los líderes, refiriéndose a los Proyectos de Auto Sostenimiento y Seguridad Alimentaria. Muchos campesinos debieron sacar préstamos gota a gota para sobrevivir y, al recibir los pagos del PNIS, lo único que pudieron hacer fue pagar deudas.

Según encontró un informe del IEPRI, de la Universidad Nacional, con corte a diciembre de 2021, de 99.097 beneficiarios de acuerdos individuales, solo dos terceras partes habían recibido el total de los pagos bimestrales y lo relacionado con la huerta de seguridad alimentaria. Es decir, las dos medidas que debían responder de manera inmediata a las urgencias de los campesinos siguen sin ser implementadas del todo cinco años y una pandemia después. 

La situación de los proyectos productivos que debían dar respuesta a largo plazo para extirpar definitivamente la economía cocalera es francamente desastrosa, según las cifras de la investigación del IEPRI que fueron tomadas directamente de las entidades estatales y de la ONU. De casi 100.000 familias, sólo 7.048 han recibido los proyectos productivos de ciclo corto y 726 han recibido los de ciclo largo. En cambio, la coca siempre tiene comprador y precio asegurados. 

En la mesa interinstitucional, el representante de la oficina jurídica de la dirección de sustitución de cultivos ilícitos del PNIS de la Agencia de Renovación del Territorio informó que en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa hay 2.756 familias que han recibido el cien por ciento de los fondos destinados a Asistencia Alimentaria Inmediata y el cien por ciento de los fondos destinados a Asistencia Técnica. Dado que estos recursos debían haber sido entregados hace tres años, ese no es un logro mayor. Aún así, los líderes cuestionan que sea verdad que todos los campesinos hayan recibido lo que les corresponde, y recuerdan que los proyectos productivos –que el funcionario no menciona– aún no han sido implementados. 

Uno de los líderes responde que los campesinos necesitan proyectos productivos bien coordinados, porque la plata que ha llegado a destiempo del PNIS solo ha servido para pagar las deudas contraídas. “Que sea el campesino el que elabore su proyecto. Si no, nos meten gato por liebre,” propone Campo Elías, el líder de Santa Rosa.

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...además se llevaron plata en efectivo y un celular: “¿Quién hizo eso?” pregunta la voz: “El ESMAD y la Policía Antinarcóticos”

Los desmanes de los erradicadores

Ferney, el líder de Simití a quien el viceministro le ha dado la posibilidad de dirigir la reunión, habla de los desmanes de la Policía en la vereda Patio Bonito, en Cantagallo, y muestra un video en el que se ven dos camionetas Toyota con los vidrios rotos, la cojinería rasgada con cuchillos, las llantas pinchadas y tres motos con los tanques de gasolina reventados. La voz del video dice: “Miren esas bellezas lo que hicieron,” mientras describe lo que va filmando y agrega que además se llevaron plata en efectivo y un celular: “¿Quién hizo eso?” pregunta la voz: “El ESMAD y la Policía Antinarcóticos”. El abogado de los campesinos, Duvier Zabala, propone que haya una indemnización por vía administrativa de los daños causados por la fuerza pública que se vieron en el video. 

Ante las quejas de que los erradicadores llegan con el ESMAD a hacer los operativos de erradicación forzosa, el viceministro responde tranquilamente que “un agente de la fuerza pública estuvo retenido”. Lo de la retención de los policías sucedió el 26 de marzo en La Virgencita de San Pablo y es un ejemplo de las tensiones entre campesinos cocaleros y fuerza pública. 

Ese día llegaron los antinarcóticos a erradicar en varios puntos a la vez y los campesinos los recibieron con protestas. Otro líder reconoce que los campesinos estaban armados con escopetas. Los policías respondieron violentamente y, entre varios, atacaron a patadas a un muchacho con discapacidad mental que trabaja como raspachín. En las demás veredas donde había operativos se caldearon los ánimos y un raspachín de ojos amarillos de tigrillo, que ese día fue herido con arma de fuego en una pierna, argumenta que rodearon a un grupo de policías para usarlos como escudo y evitar que les siguieran disparando. Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para que los policías fueran liberados.

Otros hechos que preocupan a los campesinos sucedieron la noche antes de la mesa interinstitucional, cuando un campesino de la vereda de Pueblo Gato no volvió a su casa después de echar el agua al cultivo como a las 4 de la tarde. En otras épocas o en otros lugares más tranquilos uno se podría imaginar que se quedó tomándose algo con un amigo, pero en Santa Rosa del Sur esto prendió una alarma. Al saber que el muchacho no aparecía, todos en la vereda dejaron lo que estaban haciendo, cerraron todo, apagaron las cantinas y lo fueron a buscar. Se reportó que había tropas del Ejército cercanas, pero estas aseguraron que no habían detenido a nadie. Las comunidades sacaron un comunicado y amenazaron con bloquear la salida de los soldados hasta que apareciera el joven. Finalmente, cuando se iban a cumplir las doce horas de su desaparición, el muchacho volvió a su casa. Contó que lo tenían retenido uniformados del Ejército que lo estaban interrogando sobre la presencia en la zona de guerrillas y sobre el funcionamiento de la economía de la droga. 

¿Por qué seguir sembrando?

“La coca se nos convierte en salud, educación, vías,” explica uno de los líderes del municipio de Simití. La vía de penetración que llega a su vereda es de tierra roja y está en muy buen estado. El líder explica que, a través de bazares comunales que organiza el comité de agricultores, y de cuotas que cobran a los dueños de los predios y a los trabajadores jornaleros, lograron recoger unos cien millones de pesos, que usaron para echarle recebo a la carretera y aplanarla con maquinaria. El municipio puso otros 20 millones para las obras. Sin la plata de la coca, la vía, que incluso en buen estado es difícil, por la quebrada geografía de la Serranía de San Lucas, sería imposible de transitar. 

La cuenta de Youtube Toyoteros de Santa Rosa del Sur muestra el estado de las carreteras de la región, como si fueran concursantes de un reality de aventuras y no un grupo de transporte veredal. Los carros van en grupos para desenterrarse los unos a los otros a lo largo del camino.

El líder también cuenta que en febrero hubo un enfrentamiento triangulado entre el ELN, las AGC y el Ejército Nacional. Al final, según dice, el ELN salió derrotado cuando los otros dos se organizaron en su contra. Desde ese día, se fueron los profesores que atendían a estudiantes hasta noveno grado en la cabecera corregimental y hasta ahora no han vuelto. Un joven raspachín que dice tener 12 años, pero parece mucho menor, dice que está esperando a que regresen los profesores para volver a estudiar, pero que, mientras tanto, raspa coca. “El abandono estatal ha generado que el campesino aprenda a sobrevivir,” explica el personero de Simití, Germán Echeverry. Y en la mesa interinstitucional el viceministro concluye proponiendo traer la oferta institucional del gobierno al sur de Bolívar. Es decir, a todos los problemas que tienen las comunidades del sur de Bolívar, el viceministro da como solución que el gobierno cumpla con las obligaciones que tendría que haber cumplido desde siempre y que hasta ahora no ha cumplido a cabalidad.