La cocaína que enreda a la Policía con el Clan del Golfo

Si algo ha querido evitar la Policía tras la caída de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha sido su confesión sobre la relación de los uniformados con cuantiosos cargamentos de cocaína del Clan del Golfo enviados al exterior, o incautados y luego recuperados por los agentes para devolverlos a la organización criminal. 

A mediados de 2020, la Inspección de la Policía empezó a desarrollar esta última hipótesis, y comprobó la complicidad de algunos agentes en cargamentos que salieron desde los puertos de Urabá, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura; incluso, mediante pruebas de polígrafo, varios policías fueron detectados como cómplices del clan en la salida de la droga a países de Europa y Estados Unidos. 

Lo más grave es que muchos de los policías investigados, a quienes se les practicó pruebas de poligrafía, luego fueron trasladados a otros puertos y aeropuertos, en lugar de ser suspendidos. 

La investigación también tiene un capítulo en el suroccidente del país, donde existen evidencias de cómo policías recuperaron una tonelada de cocaína que pertenecía a narcotraficantes vinculados con el Clan del Golfo que operaban en el norte del Valle. Esta historia, que sucedió entre Palmira y Buga, involucra a dos policías de la Sijin, a tres civiles que hoy están encarcelados y a una fiscal trasladada a Nariño luego de que pretendiera escalar la investigación. 

Quémela, pero no la queme

El caso se inició en una bodega del municipio de Palmira, a donde llegaron policías de la Sijin a incautar un cargamento de 1.000 kilogramos de cocaína. Las panelas, envueltas en plástico verde y con las marcas 212, A1 y +73, estaban camufladas en la parte inferior de la carrocería de una tractomula, la cual fue transportada con toda la mercancía hasta las oficinas de la Sijin en Palmira. Allí permaneció tres días hasta que, el 11 de junio de 2020, el entonces mayor Giovanni Buitrago Martínez, director de la Sijin del Valle, decidió trasladar, junto con sus hombres, toda la droga hasta una ladrillera que quedaba en un paraje entre los municipios de Buga y Tuluá. 

Al sitio no solo llegaron los policías de la Sijin, sino también funcionarios del Ministerio Público, la Fiscalía y el dueño de la ladrillera, Juan Ramón Torres, quien había acondicionado el horno de quemar ladrillos para que las panelas de cocaína no se destruyeran. El procedimiento terminó así: las panelas de droga cayeron a un hueco y no fueron quemadas. Misteriosamente, todos los funcionarios firmaron el acta en la que se dejaba constancia de que la tonelada de cocaína había sido destruida. No obstante, en horas de la noche de ese 11 de junio de 2020, el capitán Henry Vizcaya, comandante de la Policía de carreteras en ese sector, reportó a la Fiscalía que había recibido información acerca de que se estaban robando la droga de la ladrillera y que procedía a realizar un operativo relámpago. 

Así lo hizo y obtuvo resultados pobres: los hombres encapuchados que se robaban la droga se escaparon y, según el reporte del capitán Vizcaya, solo 98 panelas se lograron recuperar. Durante la huida, uno de los hombres tiró el celular, que la Fiscalía recogió cuando llegó al sitio. La fiscal Silvana Uribe López, quien asumió el caso, determinó que el celular pertenecía al agente de la Sijin Osley Antonio Triviño Noreña, uno de los encapuchados. Al acceder a su celular, la fiscal también encontró conversaciones en lenguaje cifrado con un hombre con el que se había reunido el día anterior en Cali, justamente para hablar de la recuperación de la cocaína. Por la marca que tenían las panelas y por las pesquisas de la Inspección General de la Policía, se pudo constatar que se trataba de cocaína de los socios narcotraficantes del Clan del Golfo en el norte del Valle. 

La hipótesis de la Fiscalía inicialmente era que la Policía de carreteras y la Sijin tenían un contubernio para robarse la cocaína, pues los primeros fueron los que alertaron, a través del capitán Vizcaya, del supuesto robo de la droga esa noche, e hicieron un allanamiento arbitrario. Sin embargo, lo que sucedió fue que 989 kilos de la cocaína incautada desaparecieron, y luego la Fiscalía conoció que salieron por el puerto de Buenaventura con un destino fijo: Centroamérica y Estados Unidos. No obstante, esa arista no está siendo investigada. 

Una investigación suspendida

La primera fase de la investigación de la fiscal Uribe solo alcanzó a tocar a los mandos bajos de la cadena dentro de la fuerza pública. Tres meses después de que acusara a los policías y de que investigadores de la Inspección de Policía llegaran al Valle a reforzar la investigación, la fiscal fue trasladada a Nariño para arrebatarle el caso. Ella pretendía llegar hasta el fondo del asunto, pues la Policía de carreteras dejaba ver un modus operandi nada nuevo para los policías: fingir que quemaban la cocaína en la ladrillera del señor Juan Ramón. Así lo declaró él como testigo ante la justicia, mientras estaba siendo procesado por prestarse para el ilícito. Resaltó que no era la primera vez que los policías alquilaban su horno.

Por estas razones, los policías de la Sijin Osley Antonio Triviño y Edilberto Millán se fueron a juicio y están capturados. No obstante, el ahora fiscal del caso, que tiene su oficina en Palmira, no le respondió a Cambio las preguntas sobre si han sido interrogados posteriormente al traslado de la fiscal Uribe a Nariño ni sobre qué pasó con la tonelada de cocaína que se robaron ese 11 de junio. Por su parte, el mayor Buitrago salió de la Policía; el coronel Blanco, comandante operativo de la Policía de carreteras, fue trasladado al Chocó, y la investigación murió ahí. Entre tanto, Gustavo Adolfo Zapata Martínez, quien iba conduciendo la tractomula en el momento inicial de la incautación, quedó libre a finales del año pasado. 

Al ser consultado sobre este caso, y sobre las investigaciones que adelanta la Inspección de la Policía por las relaciones entre el Clan del Golfo y la Policía, el hoy encargado de esa dependencia, el general Ramiro Castrillón Lara, no quiso referirse al tema. 

Los otros que podrían dar luces sobre el caso son alias Otoniel, quien espera ser enviado a Estados Unidos luego de que el presidente Iván Duque firmara su extradición; y Juan José Valencia, alias Andrea, capturado apenas en mayo de 2021, quien era el jefe del ala narcotraficante del Clan del Golfo y hasta hace un año un narco invisible que se camuflaba en el ‘jet set’ paisa como un prominente empresario de la construcción que tenía entre sus propiedades una mansión de 9.000 metros cuadrados, 15 carros de lujo entre Mustang y Ferrari y varias cuentas bancarias a nombre de su constructora fachada. Por su poder, alias Andrea, quien se encuentra en La Picota y sobre quien también hay solicitud de extradición, tendría mucho que decir acerca de los nexos de su clan con la Policía.